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Dos consultas populares sobre el juego están perdiendo en las apuestas
8/10/2004
Benjamin Powell

Quienes están a favor y en contra de dos leyes de California sobre el negocio del juego en manos de los indios, a ser votadas en las elecciones de noviembre próximo, han recaudado más de $3 millones desde mediados de agosto. Los votantes deberían prepararse para el aluvión de comerciales que ahora están recién comenzando. Desafortunadamente, el grupo que más podría beneficiarse con las reformas no será escuchado dado que el mismo ha sido ignorado por ambas leyes—el consumidor de los juegos de apuestas.

La Proposición 68 exige que los casinos indios le paguen al estado un 25 por ciento de sus ganancias netas originadas en sus máquinas tragamonedas. Si se niegan, a los clubes de naipes y a los hipódromos en manos de no-indios les será permitido competir, pudiendo operar los mismos 30.000 máquinas tragamonedas. La Proposición 70 les exigirá a las tribus que abonen la tasa impositiva estándar de California para las corporaciones, de cerca del 8,8 por ciento, a cambio de permitirles exceder el tope actual para cada tribu de 2.000 máquinas tragamonedas, permitiendo los juegos de dados y las mesas de ruleta, y extendiendo por 99 años los acuerdos de las tribus con el estado sobre el juego.

Las empresas existen para servir a los consumidores. El juego de apuestas no es una excepción. Muchos californianos están más que deseosos de apostar contra las probabilidades a fin de disfrutar del placer de jugar y de la emoción potencial de ganar. Las empresas estarían más que felices de satisfacer estos deseos si tan sólo se les permitiese hacerlo. Lamentablemente los consumidores de los juegos de apuestas no siempre pueden apostar donde lo prefieren o realizar el tipo de apuestas que desean, aún a pesar de que existen empresarios más que deseosos de realizar transacciones con ellos.

Dado que probablemente los casinos indios rechazarán pagar el fuerte impuesto del 25 por ciento, la Proposición 68 terminará permitiéndoles a más empresas ofrecerles sus servicios a los consumidores-apostadores. Pero el impacto será pequeño. Si es aprobada, la Proposición 68 le permitiría tan sólo a 16 de las actuales salas de naipes e hipódromos en funcionamiento ofrecerles a los consumidores máquinas tragamonedas. En efecto, las actuales licencias monopólicas del juego serán simplemente expandidas de las 53 tribus que están en el negocio para incluir también a los 16 establecimientos no-indios.

La Proposición 70 beneficia a los consumidores-apostadores debido a que la misma permitirá que los casinos indios ofrezcan más máquinas tragamonedas y dos nuevos juegos de mesa. Desgraciadamente, ella impedirá que cualquier nuevo emprendedor ofrezca sus servicios a los consumidores de los juegos de apuestas al preservar los actuales privilegios monopólicos de las tribus durante los próximos 99 años. Cuando los gobiernos les conceden privilegios monopólicos a las empresas, la innovación se desacelera, y los consumidores hacen frente a precios más elevados.

Ambas proposiciones son estratagemas de parte de grupos de intereses especiales por limosnas gubernamentales. La Proposición 68 beneficiará a los salones de naipes y a los hipódromos, mientras que las tribus indias, tales como la Cahuilla de Palm Springs y la Redding Ranchería, han financiado la campaña por la Proposición 70. Ambas leyes involucran al gobierno estadual, el que también obtiene una parte. ¿A quién se deja afuera? Al consumidor-apostador de California.

El negocio del juego no debería ser tratado de manera diferente a cualquier otro negocio en California. Los consumidores y los empresarios debieran ser libres de participar en transacciones mutuamente beneficiosas cuando lo ellos lo deseen. Eso significaría terminar con la concesión de privilegios monopólicos, y permitir que las salas de naipes, los hipódromos, y cualquier otro emprendedor le ofrezcan opciones de juego a los consumidores. ¿Quién perdería con una proposición a favor de la libre empresa en los juegos de apuestas? Los intereses especiales que están protegidos de la competencia por el estado de California y los políticos que logran distribuir los favores. Eso suena como una buena apuesta para los consumidores de California y para nuestra economía.

Traducido por Gabriel Gasave


Benjamin Powell, es Investigador Asociado en The Independent Institute, un centro de estudios sobre políticas públicas con sede en Oakland, California y Profesor de Economía en la Suffolk University.




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