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Observando más de cerca el endeudamiento y el déficit
1/1/1991
Robert Higgs

Los déficits presupuestarios del gobierno federal y la deuda pública creciente a la cual los mismos dan lugar no son, en sí mismos, los problemas más grandes que el pueblo estadounidense enfrenta en la actualidad. En relación al tamaño de la economía de los EE.UU., la deuda gubernamental fue mucho mayor en el pasado, durante el período inmediato posterior la Segunda Guerra Mundial, de lo que es ahora. No obstante, aquellos años son vistos por muchos como una dorada era económica. Sin embargo, admitir que el manejo del gobierno de sus asuntos fiscales no es el problema más acuciante no implica afirmar que no es un problema en absoluto. Es serio, pero necesitamos mantenerlo en perspectiva.

La deuda gubernamental es extensamente malentendida, incluso por algunos economistas profesionales que deberían estar más informados y cuyas declaraciones contribuyen a la confusión. Los malentendidos surgen a veces porque la gente cree que la deuda pública es como una deuda privada, en otras ocasiones debido a que cree que la deuda pública no es como una deuda privada. En verdad, existen semejanzas y diferencias, y uno debe clasificarlas para llegar a la verdad.

Existen similitudes dado que una deuda legal es una deuda legal: todos los prestatarios, ya sean públicos o privados, deben pagar a su vencimiento tanto el interés acordado como el capital originario, o suspender sus pagos. Cumplir con una deuda es costoso para cualquiera, pero si el prestatario opta por la alternativa y deja de pagar, algunas consecuencias desagradables sobrevendrán, incluyendo una restringida capacidad de volver a pedir prestado en el futuro.

La principal diferencia entre la deuda pública y la privada es que el gobierno posee algunas opciones no que están disponibles para los prestatarios privados, a fin de decidir qué sumas dejar de pagar. Puesto que el gobierno puede inflar las existencias de dinero, provocando que los precios tiendan a elevarse y de esa manera reducir el valor real de todos los activos denominados en unidades dinerarias, el mismo puede efectivamente suspender el pago de sus promesas para repagar a los prestamistas, siempre que los prestamistas no anticiparan correctamente la inflación cuando efectuaron los préstamos. Nótese, sin embargo, que el gobierno puede siempre frustrar las anticipaciones de los prestamistas. Todo lo que tiene que hacer es provocar una inesperadamente rápida inflación. Debido a que posee una capacidad ilimitada para incrementar el stock de dinero, siempre detenta la facultad de provocar este tipo de sorpresa.

El gobierno podría simplemente repudiar sus obligaciones por completo, como lo hiciera en los años 30 cuando rehusó pagar el oro que les había prometido a los compradores de bonos gubernamentales denominados en ese metal, pero la cesación de pagos a través de la inflación es más probable. Hasta el punto de que el gobierno ha estado haciendo esto por décadas. En el actual régimen de dinero fiduciario, el mismo puede aumentar la tasa de su incumplimiento siempre que las autoridades políticas y monetarias decidan hacerlo.

A comienzos de 1990, la deuda oficial del gobierno alcanzaba los $3 billones (“trillion” en inglés), pero—resulta extraño decirlo—la deuda real puede ser vista tanto como más grande o como más pequeña.

Uno puede sostener que la deuda real es más grande porque el gobierno se ha involucrado en garantías extremadamente descomunales de préstamos y de depósitos privados en los bancos y en otras instituciones financieras, tales como la industria de los ahorros y de los préstamos. En caso de que los préstamos o los depósitos resulten mal, el gobierno se encuentra obligado a compensar los déficits. En un sistema de cuentas apropiado, en la eventualidad de tales desastres, el valor actual de las obligaciones futuras del gobierno serían adicionadas a sus otras responsabilidades. Las cuentas actuales del gobierno no efectúan tal adición. De hecho, sería extremadamente polémico decidir cuánto agregar. Pero la circunstancia de que alguna adición precisa ser hecha se encuentra fuera de discusión.

Deuda Interna

Sobre la base de otros argumentos, la deuda oficial puede ser vista como exagerada. Una gran parte de la misma, cerca del 25 por ciento, es mantenida dentro del gobierno. Es decir, el Tesoro le debe el dinero a otras agencias federales, especialmente a la Administración de la Seguridad Social. La deuda interna es más o menos “dinero inventado.” Es también un modo engañoso de llevar las cuentas gubernamentales.

No existe, por ejemplo, ningún verdadero Fondo Fiduciario de la Seguridad Social—eso es tan sólo un engaño para tranquilizar a un público escéptico. De hecho, la Administración de la Seguridad Social recauda los impuestos de la Seguridad Social y le entrega el dinero al Tesoro, el cual lo gasta. A cambio, la Administración de la Seguridad Social recibe bonos del gobierno, que son simplemente promesas de que en el futuro el Tesoro pagará sumas fijas de dinero en las fechas especificadas. Pero debido a que el propio Tesoro no posee reserva grande de fondos alguna, cuando los futuros beneficios de la Seguridad Social venzan, los mismos serán pagaderos solamente si en ese entonces el gobierno recauda los impuestos suficientes (o pide prestado una vez más) para hacer los pagos. Lo mismo puede decirse acerca de las otras tenencias de bonos dentro del gobierno. Si el gobierno repudiara toda su deuda internamente mantenida, nada en verdad sería afectado, razón por la cual esta parte de la deuda difiere fundamentalmente de la parte mantenida por el público.

Otra fracción de la deuda, cerca del 9 por ciento, es mantenida por el Sistema de la Reserva Federal, el banco central de la nación, la cual es nominalmente privada pero en los hechos es una criatura del gobierno. Debido a que, por ley, la Reserva Federal no puede ganar más que una cantidad limitada, gran parte de los intereses que la misma recibe por sus tenencias de bonos gubernamentales es devuelto inmediatamente al Tesoro, revelando nuevamente que las tenencias intramuros de la deuda gubernamental son esencialmente diferentes.

Restando aproximadamente un tercio de la deuda total mantenida tanto en las cuentas del gobierno como por la Reserva Federal, llegamos una cifra cercana a los $2 billones (“trillion” en inglés) para la deuda mantenida por otros en 1990. Entre los tenedores se encuentran, entre otros, los bancos comerciales, las compañías de seguros, las corporaciones, los gobiernos estaduales y locales, y los particulares. Los extranjeros mantienen cerca de $400 mil millones, es decir, cerca del 20 por ciento de la suma mantenida fuera del gobierno y de la Reserva Federal.

El monto de la deuda nacional es uno de esos números tan enormes que la mente ordinaria no puede comprender. Uno debe verlo con relación a un cierto estándar. El punto de referencia más común es el Producto Bruto Nacional (PBN), el valor de todos los bienes y servicios recientemente producidos que la economía en su conjunto genera en un año. La deuda actualmente es igual a cerca del 57 por ciento del PBI. La proporción se ha venido incrementando por 15 años, y lo hizo especialmente rápido durante los años 80. No obstante, la misma permanece considerablemente por debajo del cociente que existía en los años 50. Mantener la magnitud relativa de la deuda en perspectiva es una buena idea, a fin de aterrarnos o permitirnos ser aterrados por los políticos que buscan solamente aumentar los impuestos.

Históricamente el gobierno presentaba déficits persistentes solamente durante las guerras o las depresiones comerciales. Comenzando en los años 60, sin embargo, los déficits se volvieron crónicos. Los mismos ocurren actualmente en buenas y malas épocas. Solamente una vez desde 1960 el gobierno federal no presentó un déficit. (El ejercicio fiscal 1969 fue la única excepción.) En los años 80 el tamaño de los déficits batió todos los records para épocas de paz, elevándose tanto como a $220 mil millones en un solo año.

Deficits Perniciosos

Los déficits de las últimas tres décadas pueden ser vistos como perniciosos por varias razones. Considérense tan sólo tres de las más importantes.

En primer lugar, el argumento económico contra los déficits. Cuando el gobierno pide dinero prestado, desvía ahorros privados hacia aplicaciones que tienen un componente más pequeño de inversión y un mayor componente de consumo. Ofertando tasas de interés, el gobierno que está pidiendo prestado “desplaza” a los prestatarios que hubiesen efectuado inversiones en la economía privada, mientras que los fondos que el gobierno solicita son utilizados abrumadoramente para el consumo. El resultado es que el stock de capital de la nación, el agregado de todos los recursos durables que realzan la capacidad productiva de la economía, crece menos rápidamente. Por consiguiente, los futuros estándares de vida serán más bajos que lo que hubiesen sido de otra manera. Nuestros hijos y nietos obtendrán cosechas más pequeñas debido a que nuestra propia generación se encuentra dilapidando las semillas de maíz.

En segundo término, el argumento moral en contra del déficit. Cuando los cargos del servicio sobre la deuda venzan en el futuro, la obligación de efectuar estos pagos, sufriendo alguna forma de tributación, recaerá sobre individuos que no habrán tenido absolutamente ninguna opción respecto de participar del contrato de deuda y no habrán recibido beneficio alguno de ella. A menos que el gobierno suspenda los pagos, lo cual sería moralmente reprensible y económicamente dañoso en sí mismo, los individuos en el futuro cargarán con impuestos más altos, ya sea directamente o vía inflación, que los que hubiesen tenido que soportar de otra manera.

La circunstancia de que en el futuro algunos individuos recibirán el interés y el principal sobre los bonos que heredaron en modo alguno disminuye la fuerza del argumento. La buena fortuna de los legatarios no cancela la injusticia hecha a otros. Y la justicia tiene que ver con los individuos, no con las clases o las generaciones. La tranquilizadora apología para la deuda de que “nos la debemos a nosotros mismos,” es una falacia. Las personas que la deberán no son idénticas a las personas a quienes le será debida.

Imponer gratuitamente obligaciones financieras sobre nuestros hijos y nietos para el bien de nuestro propio disfrute presente es en el mejor de los casos arrogancia moral. El mismo denota un desprecio por los otros, bien capturado en la famosa observación atribuida a Madame de Pompadour, amante de Luis XV: apres nous le dêluge (después de nosotros, el diluvio), o en términos de hoy, el futuro está condenado.

Tercero—y quizás el peor de todos—los déficits son deplorables porque son sintomáticos de un sistema político corrupto hasta la médula. Pese a toda la retórica política en contrario, el gobierno presenta déficits crónicos porque los miembros del Congreso desean presentarlos. Efectúan esta opción porque valoran su reelección más que lo que valoran los intereses del público en general. Incluso una examinación superficial de la evidencia muestra inequívocamente que la aparición de los déficits crónicos desde 1960 ha resultado del crecimiento del gasto.

Los políticos temen contener el gasto creciente de modo que el mismo se equipare con los ingresos, dado que no desean ofender a aquellos que reciben los beneficios financiados por el gobierno—golosinas pagadas tarde o temprano por los contribuyentes. Gran parte del gasto gubernamental es canalizado hacia los grupos de presión políticos bien organizados cuyo apoyo es visto como esencial por quienes actualmente ocupan los cargos y que buscan la reelección. Apenas piénsese en todos esos PAC (sigla en inglés para Political Action Committees, es decir Comités de Acción Política) cuyas contribuciones preocupan tanto durante las campañas para el Congreso. Los miembros del Congreso se encuentran poco dispuestos a tomar las acciones fiscales que pudieran comprometer el apoyo electoral de los grupos de intereses especiales. Los déficits reflejan un sistema político que responde a los intereses especiales a expensas del interés general del público en la actualidad, así como el interés general de futuras generaciones.

Nótese, sin embargo, que el sistema trabaja casi a la perfección para los políticos. En las elecciones de 1986 y 1988, cuando la preocupación pública por el déficit era muy elevada, más del 98 por ciento de todos los diputados que buscaban la reelección a la Cámara de Representantes la obtuvieron. Por lo tanto, los ciudadanos no solamente se encuentran cargados con grandes y persistentes déficits, sino con una cínica y auto perpetuada élite gobernante.
Desafortunadamente, en virtud de cómo está constituido en la actualidad el sistema político estadounidense, los ciudadanos individuales actuando por sí mismos no pueden hacer virtualmente nada para remediar estas enfermedades. Dado que la gente rara vez se organiza para la acción política a excepción de que sea en nombre de algún interés estrecho, nadie se encuentra inclinado a crear un movimiento político eficaz en oposición a continuar con los déficits masivos. En lo que se refiere a la irresponsabilidad fiscal del gobierno, el futuro inmediato probablemente no diferirá en nada con el pasado inmediato. Los déficits continuarán siendo como el mal tiempo: todos se quejan de él, pero nadie hará nada al respecto.

Traducido por Gabriel Gasave


Robert Higgs es Investigador Asociado Senior en Política Económica y Editor General, The Independent Review, autor de Against Leviathan y Crisis and Leviathan, y director del journal académico trimestral, The Independent Review.




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