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Los paparazzi y la propiedad pública
1/12/1997
Tibor R. Machan

En la estela del choque que mató a la Princesa Diana, mucha gente estaba extraordinariamente inclinada a condenar a los paparazzi dondequiera que se los pudiese encontrar. Las celebridades de Hollywood acudieron a tropel a los programas de televisión e incluso a los noticieros para acusar a los editores de tabloides de complicidad en varios crímenes que, afirman, ocurrieron debido al periodismo sórdido que practican esas publicaciones.

Mientras este artículo es escrito, parecería que el paparazzi que persiguió al automóvil en el cual la Princesa Diana encontró su muerte, podría haber ayudado a provocar el choque. Existe también la cuestión de la aparente embriaguez del conductor y del fracaso de los pasajeros de lograr hacerle aminorar la marcha; el paparazzi podría haberlo tratado diferentemente.

Quedan interrogantes más profundos. ¿Los periodistas tienen el derecho de recabar las noticias embarcándose en la clase de conducta que supuestamente exhibieron en la noche de la muerte de Diana? ¿Por qué no son las celebridades abiertamente vigilantes en la defensa de los derechos individuales más allá de sus preocupaciones por su propia privacidad? Sin embargo, la cuestión del aparente conflicto entre la libertad de prensa y la privacidad es importante. ¿Cómo debería ser concebida la libertad de prensa, especialmente en los lugares públicos?

La prensa, por supuesto, no tiene derecho alguno de invadir la propiedad privada de alguien para obtener historias o fotografías. ¿Pero qué ocurre respecto de la propiedad pública? Los periodistas y los fotógrafos se encuentran capaces de operar en los vastos dominios públicos constituidos por las calles, parques, playas, carreteras, y vías navegables. Debido a que existen áreas públicas, la prensa—incluyendo a los paparazzi—tienen la capacidad de operar en gran medida impunemente de modo molesto.

Si un paparazzi desea invadir el hogar o el comercio de alguien para tomar fotos, eso puede ser prevenido, o al menos desalentado, por la amenaza de iniciar acciones judiciales por ingresar sin autorización. Más directamente, un guardia de seguridad puede echar a un intruso. Pero si él permanece en la esquina de la calle “pública” más cercana esperando que una persona prominente emerja de su hogar, sería problemático perseguir al fotógrafo debido a que la propiedad pública supuestamente pertenece a todos nosotros.

¿Por qué Propiedad “Pública”?

El primer punto a destacar es entonces que no existe razón para la existencia de tantas áreas públicas, es decir financiadas con impuestos. En una sociedad libre, las esferas públicas se encontrarían confinadas a aquellas donde el gobierno aloja sus actividades legítimas: bases militares, palacios de justicia, etcétera. Incluso los caminos no tienen que ser públicos. Bien podrían ser propiedad de diversas empresas de transporte, recreación o de otra clase y encontrarse en una mejor situación. (El Profesor Walter Block explicó esto estupendamente en su ensayo sobre los caminos privados en T. R. Machan, ed., The Libertarian Reader [ Rowman y Littlefield, 1982 ].)

En la medida en que los dominios públicos se encuentran tan extendidos, aunque de modo innecesario, alguna forma de lidiar con el conflicto de derechos para su uso debe ser encontrada. En los Estados Unidos y en muchos países Occidentales, se encuentra extensamente considerado que cuando la gente ocupa un espacio público, ella puede libremente dedicarse a cualquier clase de conducta que no implique daños corporales directos a otros, tales como el asalto, la violación, la agresión física o el asesinato. En pocas ocasiones esa doctrina ha sido desafiada, por ejemplo, cuando limosneros o manifestantes sobre el aborto han hecho casi imposible para otros atender sus ocupaciones. Enormes batallas legales han sobrevenido. (En un celebrado caso, la American Civil Liberties Unión entabló un demanda en representación de un hombre sin hogar, cuya higiene personal era altamente dudosa, quien se sentó en una biblioteca municipal chillándole a otra gente. Los empleados de la biblioteca lo expulsaron, pero el hombre y la ACLU prevalecieron en la corte.)

Así el derecho legal de aquellos que utilizan la calle para el transporte puede colisionar con el derecho legal de quienes la utilizan para manifestaciones o protestas. Ha sido difícil estimar cuáles derechos legales merecen la mayor protección. La institución de la “propiedad pública” crea este problema. El mismo no existe generalmente en la propiedad privada, donde el dueño establece las reglas. (Una excepción son los centros comerciales, donde algunos tribunales han dicho que los dueños no pueden prohibir la distribución de folletos.)

El mismo problema enfrentan las sociedades relativamente libres con respecto a los paparazzi y a otros recolectores de noticias. De hecho, por momentos los miembros de la prensa se encuentran convencidos de que su meta de recabar información justifica un comportamiento que sea completamente agresivo e invasivo, por no decir cruel e insensible (como cuando persiguen a los familiares de las víctimas de un accidente aéreo para preguntarles, ”¿Cómo se siente al perder a sus niños en este trágico accidente?”).

El Derecho de Conocer

La cuestión se encuentra a menudo malinterpretada cuando la gente piensa en términos del “derecho del público a conocer.” No existe en absoluto tal derecho fundamental—es un mito. Nadie tiene un derecho de estar informado por otros a menos que se hayan comprometido libremente a proporcionar tal servicio. Entonces y sólo entonces posee uno un derecho (contractual) de obtener la información en cuestión. Y los contribuyentes, en virtud de su relación con el gobierno, puede decirse que poseen un derecho de conocer en qué anda el gobierno. Por otra parte, si el público tuviese un derecho general de conocer, los poseedores y los proveedores de la información, en efecto, serían esclavos del público.

Sabemos que si una persona, celebridad o no, se encuentra haciendo algo de interés periodístico en su hogar privado, la prensa no tiene derecho alguno de ingresar a la propiedad para investigar. Si el público tuviera un “derecho a conocer,” éste no sería el caso. Pero explorar por las noticias en la propiedad privada sin el permiso del dueño es una invasión de la privacidad y una violación de los derechos. Ningún alegado “derecho de conocer” prevalece sobre tales genuinos derechos fundamentales.

La propiedad pública, otra vez, enturbia estos principios. Teóricamente, los espacios públicos pertenecen a todos, así que lo que ocurre en ellos es en cierto sentido un asunto público. ¿Pero ocurre lo mismo con el derecho del público de conocer?

La solución provisional al conflicto de los usos de la propiedad pública, por ejemplo, entre la prensa y las celebridades que transitan una calle, involucra algo que puede no satisfacer a los paparazzi: la ley debe señalar claramente el propósito de las áreas públicas y cerciorarse de que se encuentran dedicadas primordialmente a ese propósito. Por ejemplo, si los paparazzi interfieren con el uso apropiado de una propiedad pública por parte de una celebridad, por ejemplo, al conducir en un camino, sería (y ahora lo es) legalmente accionable.

Lo mismo, por supuesto, se aplicaría a cualquier demostración obstructora. Cuando el Teamsters utilizó los caminos públicos para bloquear el transporte hacia y desde los centros de la UPS, o cuando los Hare Krishna en los aeropuertos públicos molestan a los pasajeros que por él transitan con sus asuntos, están utilizando las áreas públicas para objetivos que no guardan relación con los propósitos para los cuales esas áreas existen, a saber, transporte. Asimismo, en lo parques y en las playas, el esparcimiento está antes que la agitación y otras actividades. Hasta que estos activos sean privatizados, la única solución al conflicto de aplicaciones es considerar los propósitos atendidos por las áreas públicas. Los mismos se encuentran generalmente expresados en los procedimientos semi-democráticos de los gobiernos federal, estadual, del condado, y de las ciudades. Por ejemplo, cuando un estadio deportivo es construido por y para el público (los contribuyentes), en línea con el resultado de un referéndum, los eventos deportivos deben ser tratados como su función primaria. Otros destinos son secundarios.

Un Paparazzi Responsable

La consecuencia es que si los paparazzi, mientras se encuentran en la propiedad pública, no pueden participar de sus actividades especiales sin obstruir a otros que se encuentran utilizándola para su propósito primario, están violando derechos. Además, si dañan a otros o contribuyen a una situación peligrosa, son culpables. Un firme accionar judicial contra tal conducta podría disminuir alguna de las consecuencias adversas, a veces desastrosas, de las a menudo entusiastas persecuciones para las cuales la gente utiliza esferas públicas.

La prensa en los Estados Unidos goza de un status especial entre todas las profesiones: se encuentra de forma explícita, constitucionalmente protegida contra la reglamentación gubernamental. Esto es, por supuesto, bueno en principio; todo trabajo honesto debe ser protegido de la reglamentación del gobierno. Pero a pesar de ese status, la gente en el negocio de la obtención de noticias no debería tener la impresión de que para ellos todo se encuentra permitido. Teniendo acceso casi ilimitado a las áreas públicas, la prensa tiene ya el beneficio de costos más bajos para sus operaciones. Su materia prima, las noticias que se originan en los espacios públicos, puede ser obtenida sin tener que comprarla, algo absolutamente distinto a lo que ocurre con cualquier otro emprendimiento comercial. Si el paparazzi tuvo algo que ver con la muerte de la Princesa Diana, quizás atraerá la atención a esta distorsionada situación legal y a los dilemas de la llamada propiedad pública. Los derechos fundamentales de la prensa estarán protegidos de la mejor manera posible cuando todos los derechos individuales se encuentren protegidos.

Traducido por Gabriel Gasave


Tibor R. Machan, es Investigador Asociado en The Independent Institute y Profesor de Filosofía en la Chapman University. Para más información sobre el tema de esta columna, véase su libro, Private Rights and Public Illusions (The Independent Institute, 1995).




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