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La marihuana como droga recetada
29/11/1995
Jim Christie

Los Federales No Están Escuchando, Pero los Estados Pueden Hallar la Manera de Permitir su Uso Medicinal

La marihuana como medicina tiene cada vez más sentido en los Estados Unidos. Existen en la actualidad unas 40 redes de cultivo y distribución de la misma, que en su mayoría no son importunadas por los funcionarios encargados de la aplicación de la ley. La Isla de Bainbridge hasta hace poco tiempo albergó a la Cooperativa Green+Cross Patient Co-op (Seattle Weekly, 02/08), arrasada por los policías en mayo. Con unos 4.000 miembros registrados, el Club de Compradores de Marihuana de San Francisco (Cannabis Buyers Club) es el más grande de la nación; el mismo funciona con la tácita aprobación del Municipio, en parte debido a que muchos de sus miembros padecen de SIDA.

En el caso de Bainbridge, JoAnna McKee y Ronald “Stich” Miller proporcionaban marihuana a unas 70 personas a través de la región Puget Sound, para fundamentalmente casos de SIDA. Ellos mismos la utilizan para aliviar el dolor de padecimientos que no ponen en riesgo su vida. (El dolor de ella es causado por lesiones en la espina dorsal y en el cuello y él sufre de artritis.)

Tanto McKee como Miller ofrecen un perfil de la contra-cultura, pero la marihuana medicinal no es una cuestión atinente a los habituales sospechosos. Un auto-descrito como cristiano conservador de Poulsbo, con vinculaciones con el Consejo de Investigación para la Familia de la Derecha Religiosa ha estado empleando la marihuana para el dolor causado por los tratamientos médicos relacionados con un cáncer testicular. Respalda la iniciativa contra los derechos de los homosexuales, pero también espera “traer algo de credibilidad a la cuestión [de la marihuana medicinal] y llenar un vacío.”

Hasta ahora, los federales no están escuchando. (El Vocero Newt Gingrich ha efectuado algunos comentarios respecto de encontrarse abierto a la idea de legalizar las drogas, pero nada ha resultado de ello.) En julio pasado, McKee asistió a una conferencia del Instituto Nacional para el Abuso de Drogas en Virginia, esperando convencer al gobierno federal para que le conceda autorización al Dr. Donald Abrams, investigador médico de San Francisco, para un estudio de las diferencias cualitativas entre la marihuana y el Marinol*, un producto farmacéutico de la planta. Fue inútil. Esa prueba potencial es un matorral político al cual la Guerra contra las Drogas prefiere no entrar, especialmente debido a que el estudio probablemente confirmaría la difundida evidencia anecdótica que favorece a la marihuana, la cual cuesta menos y es menos potente.

Sin embargo, las cortes locales están escuchando. El mes pasado, Ralph Seeley abogado de Tacoma ganó la primera vuelta de su batalla legal para utilizar la marihuana a fin de combatir la náusea y dolor provenientes de ocho operaciones en su espina dorsal. Un juez del Condado de Pierce resolvió que la constitución del Estado requería que la marihuana estuviese disponible como un tratamiento prescripto. Seeley, quien sufre de una forma rara de cáncer que se ha extendido a su espina dorsal, hígado, y pulmones, le dijo a la corte que él no podía tolerar las píldoras y sostuvo que sin la marihuana lo estarían forzando a sufrir. La oficina del Fiscal General está prometiendo combatir esa decisión a nivel estadual. Eso podría llevar la cuestión legal directamente hasta un tribunal federal. (McKee y Miller tuvieron los cargos en su contra rechazados en la Corte Superior del Condado de Kitsap a mediados de septiembre debido a una defectuosa orden de allanamiento. Los querellantes allí están considerando una pelea a nivel del Estado.)

La devolución del poder federal a los Estados podría proporcionar otra avenida para la liberalización de la marihuana recetada. Daniel K. Benjamin del The Independent Institute en Oakland, California, aconseja a sus defensores “olvidarse de la legalización a nivel federal—es una quimera.” En cambio, propone una alternativa constitucional arraigada en la décima enmienda (que asigna facultades no reservadas a los Estados). “Necesitamos simplemente enmendar la Ley sobre el Abuso de Drogas, la Prevención, y el Control para eliminar el monopolio federal en la política sobre las drogas.”

Los republicanos serios en devolverles a los Estados sus poderes, podrían estar de acuerdo. “Los gobiernos de los Estados estarían facultados para buscar cualquier política de drogas que elijan,” explica Benjamin. “El rol del gobierno federal consistiría en prevenir las violaciones inter-estaduales de las nuevas leyes.”

*Nota del Traductor:
Marinol es un medicamento utilizado por pacientes de HIV/SIDA, que experimentan anorexia asociada con la perdida de peso, a fin de supuestamente estimular su apetito y disminuir las nauseas.

Traducido por Gabriel Gasave




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