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En defensa de los padres “incumplidores”
4/8/2004
Wendy McElroy

Un estudio del Departamento de Justicia del 25 de julio revela que 6,9 millones de personas—uno entre cada 34 adultos—se encontraban bajo libertad condicional o encarcelados en 2003. Esta cifra que establece un récord ha despertado reclamos para remover a los delincuentes no violentos del sistema.

Si eso ocurre, los primeros delincuentes en ser removidos deberían ser los “padres infractores” encarcelados por incumplir con las prestaciones alimentarias para con sus hijos, cuyos pagos no pueden afrontar.

Un obstáculo confronta a esta propuesta. Una sorprendente falta de información rodea a algunos interrogantes básicos: ¿cuántos “padres incumplidores” se encuentran en el sistema correccional? ¿Ellos rehúsan pagar o son incapaces de hacerlo?”

La escasez de información es sorprendente debido a que el del “padre incumplidor” ha sido un asunto de alto perfil en la política y en los medios durante varios años. El no pago de la cuota alimentaria es un problema significativo en los Estados Unidos. De acuerdo con la Oficina Federal de la Prestación Alimentaria, en 2003, $96 mil millones en aportes impagos acumulados les eran adeudados a los niños en los Estados Unidos; en el 68 por ciento de los casos las cuotas alimentarias estaban atrasadas. Una abrumadora mayoría de niños, en particular las minorías que viven en hogares de un solo progenitor en los cuales las prestaciones alimentarias no son pagadas, viven en la pobreza. No obstante ello, varias preguntas acerca de estos padres y de porqué fallan en pagar permanecen sin ser respondidas.

El “padre incumplidor” se volvió un asunto prioritario a escala federal en 1975, cuando el Presidente Gerald Ford creó la Oficina Nacional de Cumplimiento de la Prestación Alimentaria, cuya función previamente había estado en la esfera de los estados.

Resumiendo, durante casi 30 años, un ejército de servidores civiles y de funcionarios gubernamentales han gastado miles de millones de dólares para localizar a los “padres incumplidores.” Sin embargo, incluso dicha información básica y de fácil recolección de cuántos han sido encarcelados es difícil de encontrar.

El Departamento de Justicia afirma que 2.078.570 personas se encontraban encarceladas “en prisiones federales o estaduales o en cárceles locales” hacia el 30 de junio de 2003. Los crímenes en virtud de los cuales estos individuos fueron encarcelados están repartidos en cuatro categorías: Violentos, Contra la Propiedad, Drogas y de Orden Público. No existe categoría alguna para los “padres incumplidores.” De hecho, los tribunales de familia locales que condenan a los padres por no pagar alimentos lo hacen por lo general sobre la base de cargos de “desacato al tribunal,” es decir, los padres se encuentran en desacato de un pago ordenado judicialmente. Esto provoca que sus casos sean difíciles de distinguir de otros cargos de desacato.

Hasta donde sé, no existe información nacional sobre el número de “padres incumplidores” encarcelados basándose en el “desacato” por el no pago. (El grupo Hunger Strike for Justice, estima el número en 250.000, pero su cifra puede estar inflada.)

En lugar de información sólida, abundan los informes anecdóticos—a menudo bajo la forma de noticias locales acerca de las sentencias dentro de una comunidad.

Los números son importantes. Las poblaciones carcelarias están creciendo rápidamente aún cuando los índices de criminalidad se hallan en agudo declive. De conformidad con el Departamento de Justicia, el número de individuos encarcelados alcanzó los 130.700 o el “2,9% hacia mediados del año 2002.” Es importante identificar a las categorías de prisioneros no violentos cuya liberación no plantea amenaza alguna para la sociedad.

Los padres que han sido encarcelados debido a una incapacidad para pagar son los perfectos candidatos para ser liberados. De hecho, su continua encarcelación se asemeja a un establecimiento de facto de la prisión para los deudores—una institución supuestamente abolida hace más de 200 años atrás por el Presidente Adams.

¿Pero se encuentran los padres encarcelados imposibilitados de pagar? No existe una fácil respuesta por “sí” o por “no.” Ni tampoco estadísticas confiables. Nuevamente, la información anecdótica llena el vacío.

Algunos padres encarcelados pueden ser capaces de pagar pero se rehúsan a hacerlo en virtud de agravios. Por ejemplo, pueden encontrarse retirando su apoyo hasta que sean respetados sus derechos de visita ordenados por el tribunal.

La historia narrada por un “padre incumplidor” encarcelado que se identifica a sí mismo como el “Padre del Corazón Destrozado” probablemente sea la más común. Después de dos ataques cardíacos, se convirtió en un “sin techo.” No obstante, escribe: “Era aún etiquetado como un ‘padre incumplidor’ por el estado de Nueva York, el cual suspendió mi licencia de conducir, y mi matrícula profesional para ejercer como Técnico Respiratorio en Nueva York.” (La revocación de las matrículas profesionales es un procedimiento estándar contra los “padres incumplidores.”)

Al momento en que el Padre del Corazón Destrozado había encontrado un trabajo por el salario mínimo, debía $30.000 en alimentos. A pesar de un récord perfecto de pagar cuando se encontraba empleado, fue condenado a pasar en prisión los fines de semana durante cinco meses consecutivos, circunstancia en la que perdió su trabajo.

Tras describir la peligrosa, humillante y aterradora experiencia de estar encarcelado aún cuando fuese tan solo durante los fines de semana, el Padre del Corazón Destrozado comenta: “algunos jueces utilizan al encarcelamiento... como una ‘herramienta,’ para fisgonear si existen fondos ocultos de los padres infractores, sus amigos o familiares. Considero que esta táctica probablemente no sea muy efectiva, porque nadie que pudiese pagar y lograr salir permanecería voluntariamente en la prisión.”

Sintetizando, cualquier “padre infractor” que soporta la cárcel probablemente se encuentre imposibilitado de pagar su salida. Este escenario se torna más probable cuando usted considera que a los “padres infractores” empleados se les retiene la cuota alimentaria de sus salarios; dado que a los empleadores se les exige hacerlo por ley. Así, aquellos encarcelados probablemente sean desocupados o posean ingresos que no alcanzan a cubrir sus pagos.

Sus perspectivas de empleo se hunden con cada encarcelamiento, mientras que su deuda alimentaria se incrementa.

Es difícil de comprender qué es lo que se logra encarcelando a tales progenitores no violentos. Es más fácil de entender qué es lo que se alcanza con su liberación. Al margen de las inquietudes humanitarias, el sistema correccional—especialmente el sistema carcelario—no puede sostener su actual tasa de crecimiento. El Departamento de Justicia estima que en 2001, “el 2,7% de los adultos en los EE.UU. han pasado tiempo en prisión, de un 1,8% en 1991 y un 1,3% en 1974.”Actualmente la estimación es del 3,2 por ciento. Incluso si la sociedad pudiese acomodar al índice creciente de encarcelamientos, las prisiones en sí mismas no pueden hacerlo.

En algunas áreas de los Estados Unidos, los padres incumplidores encarcelados ya están siendo liberados. Por ejemplo, las autoridades penitenciarias en el Condado de Macomb, en Michigan, liberaron recientemente a “60 infractores de drogas, padres incumplidores y a otros delincuentes de baja monta” debido a la sobrepoblación carcelaria. Es tiempo de que la liberación de los empobrecidos padres incumplidores se convierta en la política oficial en cada rincón de América del Norte.

Traducido por Gabriel Gasave


Wendy McElroy es Investigadora Asociada en the Independent Institute y directora de los libros del Instituto, Freedom, Feminism and the State y Liberty for Women: Freedom and Feminism in the Twenty-first Century.




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