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¿Ha cometido el gobierno estadounidense crímenes de guerra en Afganistán e Irak?
23/5/2004
Robert Higgs

Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense, en cooperación con los gobiernos del Reino Unido, la Unión Soviética, y Francia, estableció un Tribunal Militar Internacional para llevar ante la justicia a los líderes de los regímenes del Eje europeo. El Estatuto del Tribunal, publicado el 8 de agosto de 1945, establecía en su Artículo 6 que: “Los siguientes actos, o cualquiera de ellos, son crímenes que entran dentro de la jurisdicción del Tribunal y por los cuales se deberá responder de manera individual”:

(a) Crímenes contra la Paz: a saber, planificar, preparar, iniciar o entablar una guerra de agresión, o una guerra en violación de tratados, acuerdos o resoluciones internacionales, o la participación en un Plan Común o Conspiración para el cumplimiento de alguna de las acciones mencionadas;

(b) Crímenes de Guerra: a saber, violaciones de las leyes o de las costumbres de la guerra. Tales violaciones deben incluir, pero no limitarse a, el asesinato, el maltrato o el confinamiento al trabajo esclavo o para algún otro propósito de la población civil de o en el territorio ocupado, el asesinato o maltrato de prisioneros de guerra o de personas en los mares, la muerte de rehenes, el saqueo de la propiedad pública o privada, la destrucción sin propósito de ciudades, pueblos, o aldeas, o la devastación no justificada por la necesidad militar;

(c) Crímenes contra la Humanidad: a saber, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o las persecuciones sobre bases políticas, raciales, o religiosas en la ejecución o en conexión con algún delito dentro de la jurisdicción del Tribunal, ya sea que fuese o no en violación del derecho interno del país donde fuera perpetrado.

El Artículo concluía declarando inequívocamente que los “líderes, organizadores, instigadores y cómplices de estos hechos, que participaran en la preparación o ejecución de un Plan Común o Conspiración para la comisión de cualquiera de estos crímenes son responsables de todos los actos cometidos por cualquier persona en la ejecución de dicho plan.”

Además, el Artículo 7 establece: “No se admitirá que el cargo oficial de los acusados, ya sean Jefes de Estado o funcionarios responsables de dependencias gubernamentales, los libere de su responsabilidad o atenúe el castigo.” Además, el Artículo 8 expresa: “La circunstancia de que el acusado actuó de conformidad con la orden de su gobierno o de un superior no lo liberará de su responsabilidad . . . .” El Tribunal prohibió también las defensas, algo que criticaba en los acusados—lo que no sorprende en la medida que la totalidad del procedimiento implicaba la “justicia del victorioso,” y dado que en sí mismas las facultades procesales escasamente deseaban reconocer que durante la guerra ellos también habían efectuado muchas acciones que no resistían el mínimo análisis.

En una serie de procesos en Nuremberg entre 1945 y 1949, más de cien acusados fueron juzgados. En el juicio más importante, el cual colocó ante la barra de la justicia a los principales lideres sobrevivientes del gobierno de Hitler, veintidós hombres fueron condenados en base a uno o más cargos de los arriba mencionados; diecinueve fueron condenados en base a uno o más cargos; y tres fueron encontrados inocentes. De aquellos encontrados culpables, doce fueron sentenciados a la pena de muerte mediante la horca; tres fueron sentenciados a cadena perpetua; y cuatro fueron sentenciados a prisión por plazos que variaban entre diez y veinte años. Ninguna apelación fue permitida.

Si hoy en día el gobierno estadounidense se colocase a sí mismo ante un tribunal, sobre las mismas bases que empleara para juzgar a los Nazis en Nuremberg, por la acciones tomadas en Afganistán e Irak en los años recientes, debería condenarse a sí mismo—aunque sea solo por el bien de la coherencia. La justicia no depende de la persona. ¿Puede alguien sostener sinceramente que lo que era un crimen para Hermann Goering y Alfred Jodl no es igualmente un crimen para Donald Rumsfeld y Dick Cheney?

Evidentemente, los líderes de la administración Bush le han dado una seria consideración a la posibilidad de que sus acciones puedan conducir a un procesamiento por crímenes de guerra, y han tomado las medidas legales para minimizar su exposición a tal enjuiciamiento. En un memorando del 25 de enero de 2002, obtenido y publicitado recientemente por Newsweek, Alberto R. Gonzáles, consejero del presidente, bosquejó los pros y los contras de las decisiones gubernamentales respecto del tratamiento a los prisioneros en la denominada Guerra contra el Terrorismo. Gonzáles coincidió con el Presidente George W. Bush en que debido a que “la guerra contra el terrorismo es una nueva clase de guerra,” la Tercera Convención de Ginebra sobre el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra no precisa ser aplicada. Como lo escribiera Gonzáles, “este nuevo paradigma torna obsoletas a las estrictas limitaciones de Ginebra sobre el interrogatorio de los prisioneros enemigos y vuelve extravagantes a algunas de sus provisiones . . . . [El mismo] elimina cualquier argumento concerniente a la necesidad de determinaciones caso-por-caso del estatus de los prisioneros de guerra (POW son sus siglas en inglés).” Una determinación presidencial oficial de que la Convención de Ginebra “no se aplica a al Qaeda y al Talibán,” opinó Gonzáles, “reduce substancialmente la amenaza del enjuiciamiento criminal interno bajo la Ley de los Crímenes de Guerra (18 U.S.C. 2441).” El estatuto, agregó sagazmente, “prohíbe la comisión de un ‘crimen de guerra’ por parte o en contra de un estadounidense, incluyendo a los funcionarios de los EE.UU.. . . . Adherir a sus determinación de que [la Convención de Ginebra] no se aplica, protegería efectivamente contra la construcción o la aplicación desacertada de [la Ley de los Crímenes de Guerra]. . .” y de esta manera serviría como “una sólida defensa ante cualquier futuro enjuiciamiento.”

No por nada los funcionarios de la administración estaban preocupados respecto de un potencial procesamiento por crímenes de guerra. No soy ni abogado ni experto en las Convenciones de Ginebra, pero en la medida en que considero la forma en la que el gobierno estadounidense planeó sus recientes acciones militares en Afganistán e Irak y cómo el mismo ha conducido—y continúa conduciendo —dichas acciones, encuentro una vez más evidencia de que prima facie los lideres de los EE.UU. y sus fuerzas armadas en el campo de batalla han cometido crímenes contra la paz, crímenes de guerra, y crímenes contra la humanidad conforme lo definido por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional en Nuremberg en 1945.

Primero, a la luz de la voluminosa evidencia ahora disponible para todos, parece claro que los lideres y los consejeros de la administración Bush se involucraron en “planificar, preparar, iniciar o entablar una guerra de agresión.” Después de todo, Irak no planteó amenaza alguna a los Estados Unidos. Su gobierno no tenía los medios ni la intención de pelear una guerra contra este país; ni formuló alguna amenaza de lesionar a los Estados Unidos. Que los altos funcionarios del gobierno estadounidense y quienes los apoyan en los medios noticiosos y en otras partes efectuaran abiertamente diversas afirmaciones falsas para justificar la invasión y la ocupación de Irak de seguro no exonera a nadie; si algo provocan, esas afirmaciones funden a la partes culpables en una luz incluso más severa.

Segundo, a la luz de la voluminosa evidencia ahora disponible para todos, parece claro que los líderes de la administración Bush y el personal militar actuando en obediencia a esos líderes han cometido “violaciones de las leyes o de las costumbres de la guerra,” incluyendo “el asesinato . . . de la población civil de o en el territorio ocupado, el asesinato o maltrato de prisioneros de guerra. . . el saqueo de la propiedad pública o privada, la destrucción sin propósito de ciudades, pueblos, o aldeas, o la devastación no justificada por la necesidad militar.” Las disculpas sin fundamento de la necesidad militar de los perpetradores, por supuesto, no puede absolverlos por sus crímenes reales conforme lo definido más arriba.

La ultima atrocidad, informada en el Washington Post el 20 de mayo de 2004, involucró la muerte por parte de efectivos estadounidenses de más de cuarenta civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños, en la aldea de Makr al-Deeb en el oeste de Irak. Un funcionario militar estadounidense en Bagdad dijo que “nuestra sensación es la de que este era un legítimo blanco militar. Sospechamos de que esta era una ruta de contrabando o de combatientes extranjeros.” “Es nuestra estimación ahora mismo de que el personal [iraquí] involucrado en este asunto era parte de un refugio para combatientes extranjeros.” Por lo tanto, sobre la base de la sospecha de traficar con inmigrantes no autorizados, las fuerzas de los EE.UU., sin aviso, emplearon bombardeos aéreos y ametrallaron con armas de alto poder para destruir a una aldea entera. Un testigo iraquí en la escena le dijo a la Associated Press Television Network: “Los aviones vinieron y le dispararon a toda la familia. Siguieron disparando [desde aproximadamente las 2:45 a.m.] hasta la mañana, hasta que destruyeron todas las casas. No dejaron nada.” En un informe de seguimiento del 21 de mayo, el escritor de Associated Press Scheherezade Faramarzi citó a un sobreviviente del ataque, Madhi Nawaf, quien dijo: Uno de [los muertos] era mi hija. La hallé a unos pocos pasos de la casa, su hijo de dos años de edad Raad en sus brazos. Su hijo de un año, Raed, yacía en las cercanías, sin su cabeza.”

Las fuerzas de los EE.UU. sostienen que les dispararon primero, pero los iraquíes en la escena mantienen que los estadounidenses atacaron a personas que se habían reunido en la aldea la tarde anterior para la celebración de una boda y que ningún tiroteo había tenido lugar antes del ataque estadounidense. Más allá de si la inteligencia estadounidense acerca de un “refugio de combatientes extranjeros” resultó ser exacta o no, sin embargo, la matanza compulsiva de los no combatientes habitantes de la aldea, disparándoles desde una aeronave a una distancia demasiado grande como para discriminar entre las personas blanco de la acción y también empleando bombas que no pueden diferenciar en ningún caso, luce en gran medida como un crimen de guerra. Otro sobreviviente del ataque, Sheik Dahan Haraj, negó las afirmaciones de los EE.UU. y formuló la pregunta obvia: si los soldados estadounidenses sospechaban que combatientes extranjeros se encontraban en la aldea, “¿por qué no sellaron el área y se aseguraron de que realmente fuesen combatientes extranjeros?”

En cualquier evento, la acción estadounidense estuvo en este caso, como lo ha estado en innumerables otros, totalmente fuera de proporción con la justificación subyacente. Esta clase de ataque ha estado sobreviniendo en Afganistán durante casi tres años y en Irak desde que la invasión estadounidense comenzara en marzo de 2003. Cualquiera puede llenar fácilmente un armario con tales informes noticiosos de periodistas de países muy diversos. Como concluyera Human Rights Watch en un informe de octubre pasado, las acciones de los EE.UU. “revelan un patrón de tácticas desmesuradamente agresivas, tiroteos excesivos en áreas residenciales y una caprichosa dependencia en la fuerza mortal.”

Pese a que los comandantes de los EE.UU. exhiben indiferencia respecto de la víctimas civiles entre las poblaciones afgana e iraquí—en las inmortales palabras del General Tommy Franks, “No realizamos un conteo de los cuerpos”—estimaciones responsables del número de civiles muertos en las recientes acciones militares de los EE.UU. van desde entre 1.000 a 5.000 en Afganistán y desde 9.000 a 11.000 (en algunas estimaciones llegan a 35.000 o más) en Irak. Además, miles de no combatientes han sido gravemente heridos o han sufrido la destrucción desenfrenada de sus hogares y de otra propiedad. Aún, cada día, la espeluznante nómina de muertos continúa subiendo. Así, los “crímenes contra la humanidad,” incluyendo el “homicidio . . . y otros actos inhumanos cometidos contra alguna población civil” parecen lo suficientemente obvios como para justificar un enjuiciamiento bajos los términos del Tribunal de Nuremberg.

Cualquiera puede adivinar, por supuesto, cómo los perpetradores de estos crímenes podrían procurar excusar sus acciones—aún peor, tomar crédito público por ellas y buscar la reelección al cargo público sobre la base de haberlas tomado orgullosa y entusiastamente mientras envolvían la magnificencia en las Barras y las Estrellas (haciendo excepción del ahora globalmente publicitado “abuso” de los prisioneros, por su puesto, con esas acciones siendo oficialmente designadas como “no-estadounidenses”). Pero tan solo recuérdese cuan lejos los Nazis fueron en Nuremberg cuando invocaron las mismas clases de excusas.¿Goering no alegó, por ejemplo, que la operación de los campos de concentración era necesaria para preservar el orden? ¿No afirmó que “Era una cuestión de remover el peligro”?

No sorprende, por su puesto, que los criminales acusados ofrezcan excusas por su crímenes—no obstante el ministro de municiones de Hitler, Albert Speer, se encontraba manifiestamente arrepentido en Nuremberg, afirmando “es mi deber incuestionable el de asumir mi parte de la responsabilidad por el desastre del pueblo alemán.” Es especialmente rara la admisión de culpa por parte de los funcionarios gubernamentales: los mandatarios y los funcionarios estatales habitualmente se consideran a sí mismos por encima de las leyes que se aplican a los demás. En Ricardo III de Shakespeare, incluso el ensangrentado Gloster tenía una excusa, pero Lady Ana, la asesinada viuda del rey, durante las postrimerías de la mutilación, no la creía: “Eres más indigno de lo que puede imaginar corazón alguno, para ti no hay otra excusa sino que te ahorques.” Como le dijo Lady Ana a Gloster, así otros podrían ahora decirle a los líderes del gobierno estadounidense:

    Para ti que has hecho de la tierra dichosa vuestro infierno Llenándola con blasfemas y profundas exclamaciones Si gozáis al contemplar vuestras abominables hazañas, Ve aquí este ejemplo de vuestras matanzas.

No necesitamos prejuzgar, por supuesto. Dejemos que todos los acusados tengan su oportunidad en el tribunal. La coherencia no exige nada menos que eso.

Traducido por Gabriel Gasave


Robert Higgs es Investigador Asociado Senior en Política Económica y Editor General, The Independent Review, autor de Against Leviathan y Crisis and Leviathan, y director del journal académico trimestral, The Independent Review.




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