A fines del año pasado, George W. Bush promulgó la Ley de Modernización del Medicare de 2003 en nombre de “honrar los compromisos del Medicare* para con todos nuestros mayores.” El grueso de la ley proporcionaba subsidios para los medicamentos recetados para los ancianos a un costo estimado de entre $400 mil millones y más de $1 billón (trillón en inglés) durante la próxima década. Menos de cuatro meses después, la Junta de Fideicomisarios del Medicare emitió un informe aludiendo al subsidio de Bush como un motivo importante de que el programa quebraría para el año 2019, siete años antes de que lo que la junta predijera el pasado año.

De acuerdo con la sana economía, el Medicare ha estado realmente en bancarrota desde sus inicios en 1965. Desde sus comienzos, virtualmente cada reforma intentada para subsanarlo y mantenerlo a flote ha incrementado los costo médicos, disminuido la calidad del cuidado de la salud para los mayores, y creado problemas que los políticos usarían como excusas para pasar nuevas reformas.

El seguro de salud gubernamental para los mayores no hizo su debut en los Estados Unidos, sino en Prusia, en 1883, bajo el régimen autoritario de Otto von Bismarck. Bismarck inventó el seguro de salud obligatorio y la seguridad social para mantener a sus sujetos serviles y dependientes, para evitar que los socialistás más izquierdistas obtuviesen el apoyo popular, y para ayudar a cubrir los costos de la Guerra Franco-Prusiana mediante impuestos sobre las nóminas salariales enmascarados como cuentas de ahorro de retiro. Su legado ha tenido un impacto enorme en todo el mundo a comienzos del siglo veinte, a medida que muchos países comenzaron a adoptar programas similares.

Debido a los altos costos y a un socialismo no estadounidense asociado con el seguro gubernamental de salud, insumió más de medio siglo a sus defensores estadounidenses implementarlo en los Estados Unidos. Ello finalmente ocurrió bajo la Gran Sociedad de Lyndon Jonson en 1965, después de que los congresistas republicanos y demócratas acordaran finalmente combinar sus programas en competencia sobre el seguro de salud en una gigantesco paquete llamado “Medicare.”

En su primer año, los desembolsos del Medicare totalizaron los $1.000 millones (billón en inglés), pero para 1971, los mismos ya se habían elevado a $7.900 millones anuales (billones en ingles.) El Congreso fue sorprendido por los costos ascendentes de los servicios del cuidado de la salud, y celebró audiencias y estableció comisiones para enmendar el problema, el primero de varios intentos fallidos.

En 1973, el Congreso sancionó la Ley de las Organizaciones del Mantenimiento de la Salud para lidiar con los explosivos costos del Medicare y para al mismo tiempo ayudar a los trabajadores con sus primas de los seguros médicos en ascenso. La ley subsidiaba a las Organizaciones del Mantenimiento de la Salud (HMO son sus siglas en inglés), obligando a los empleadores a ofrecer los programas a los trabajadores. Años más tarde, algunos se quejarían de que el leviatán de las gubernamentalmente fomentadas HMO se había vuelto demasiado poderoso y burocrático, y le pidieron al gobierno que se involucrase y resolviese el problema.

A fin de reducir las sumas disipadas en la atención médica, el Congreso sancionó una legislación para limitar la construcción de hospitales en 1974, y a comienzos de los años 80 el mismo estableció nuevas regulaciones limitando la extensión de las estadías hospitalarias para los pacientes del Medicare.

A efectos de combatir el creciente problema del fraude en el Medicare (estimado en 1996 como rondando los $18.000 millones al año) el Congreso incluyó en la Ley del Seguro de Salud de 1996 sanciones penales y civiles para los médicos que completasen incorrectamente el papeleo, o que iniciaran reclamos por tratamientos “no necesarios médicamente”— como lo determinara de manera retroactiva el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Bajo la ley actual, los médicos pueden enfrentar la pena de cárcel si suministran tratamientos no cubiertos por el Medicare, aún si sus pacientes desean pagar de sus bolsillos por tales servicios.

Incluso con siete incrementos en los impuestos sobre los salarios en veinte años, las regulaciones anti “fraude” y otras reformas, el Medicare es aún un desastre. Pese a un presupuesto anual del Medicare de $150.000 millones, los ancianos de la actualidad gastan más de dos veces de su bolsillo de lo que lo hacían antes de que el Medicare fuera establecido, aún después de contemplar la inflación. Los ancianos que tratan de eludir al sistema optando fuera del Medicare deben renunciar en conjunto a todos los beneficios de la Seguridad Social. El Medicare se ha vuelto moralmente, así como también fiscalmente, quebrado.

El precio de la atención médica para los mayores ha continuado incrementándose, aún cuando el Congreso aprobó más y más reformas, además de inundar a los médicos con papeleo y nuevas regulaciones, y aumentando los impuestos sobres las remuneraciones salariales para los trabajadores.

Los medicamentos recetados han sido especialmente costosos para los jubilados, principalmente debido a la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA son sus siglas en inglés), la cual obliga a las compañías farmacéuticas a gastar cientos de miles de millones de dólares para probar sus fármacos antes de lanzarlos al mercado, aún cuando tales drogas están libremente disponibles y utilizadas de manera segura en Europa. A fin de resarcirse de estos costos, las compañías farmacéuticas deben cobrar precios exorbitantes. Mientras tanto, son muchos más los decesos que se producen porque la FDA deja a los medicamentos fuera del mercado que las vidas salvadas por esta “protección.”

Para “reparar” estos problemas inducidos gubernamentalmente en el cuidado de la salud Bush promulgó la mayor expansión del Medicare desde su establecimiento en 1965. Bush sostiene que el nuevo plan ahorrará el dinero de los ancianos, aún cuando el Medicare está encaminado directamente a la quiebra. Sin embargo, así como todas las reformas en los pasados años, la misma fracasará. Ni las pequeñas reformas ni los grandes incrementos en los gastos repararán el problema. Mientras el gobierno subsidie la atención médica, los precios subirán hasta lo que sea que el gobierno esté deseando pagar, los contribuyentes sufrirán, y los ancianos seguirán siendo marginados. Incluso mientras el Medicare demuestra el abyecto fracaso de la atención médica del gobierno, algunos consideran que la solución es extender el programa y nacionalizar la medicina para todos nosotros.

Tras medio siglo de esfuerzo, los defensores del Medicare finalmente implementaron su bienamado programa cuando el cuidado de la salud para los jubilados nunca había estado mejor. Antes del establecimiento del Medicare y de las incrementadas facultades de la FDA en los años 60, los Estados Unidos no tenían un crisis del cuidado de la salud, los jóvenes de la nación estaban asegurados, y los mayores tenían un acceso más fácil a los más novedosos medicamentos disponibles. Las estadías en los hospitales eran más baratas y los médicos atendían llamados desde las casas. Si Bush fuese tan “compasivo” como lo afirma, trabajaría para abandonar al moral y económicamente quebrado engaño del Medicare, para levantar las regulaciones que hacen inaccesibles los fármacos que salvan las vidas de aquellos necesitados, y para restaurar el mercado relativamente libre en la medicina que los Estados Unidos tenían antes de que el canallesco esquema de Bismarck lograra la popularidad bipartidista y comenzara a perjudicar al mejor sistema del cuidado de la salud en el mundo.

*Nota del Traductor:
Medicare es el sistema de seguro médico estatal, destinado principalmente a las personas jubiladas y discapacitadas, financiado con tributos sobre los salarios de los trabajadores en actividad .

Traducido por Gabriel Gasave


Anthony Gregory fue Investigador Asociado en el Independent Institute y es el autor de American Surveillance.