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Recortar el gasto en $2 mil millones
28/2/2004
Pierre Lemieux

El website del gobierno federal [canadiense] enumera 177 departamentos y agencias principales. Incluyendo a sus sub dependencias, las mismas totalizan una lista de 15 páginas. Todo esto cuesta más de $180 mil millones al año. Desde 1992-93, cuando el déficit alcanzó su pico, hasta el año fiscal que termina este 31 de marzo, los gastos habrán aumentado un 15%; el déficit ha sido eliminado básicamente debido a un incremento del 55% en los ingresos.

El próximo presupuesto federal debería resolver el problema principal, el cual es el de las erogaciones. ¿Pero dónde podría el gobierno recortar?

Del total de gastos del gobierno federal de $183 mil millones en 2002 (la última información sobre la base de las cuentas nacionales, la cual es ligeramente diferente que las estimaciones), un 20% fue gastado en atender la deuda pública. El presupuesto no puede hacer nada respecto de este rubro.

Una gran parte—55% de los gastos federales—está constituida por las transferencias (Ej.: subvenciones y subsidios), principalmente a los gobiernos provinciales (18%), a personas (30%), a organizaciones sin fines de lucro (4%), y a empresas (2%). El estado es, principalmente, una máquina redistributiva.

Poco puede hacerse en el corto plazo respecto de las transferencias provinciales, las cuales están compuestas en cerca de un tercio por los pagos de ecualización, y por casi dos tercios a la Canadian Health and Social Transfer. Sin embargo, una eficiente estrategia para el largo plazo para el gobierno federal sería la de reemplazar a estas erogaciones con transferencias de tributos a las provincias.

Las transferencias a personas ascienden al 30% de los gastos federales totales. Un 90% va a la seguridad de la vejez, al suplemento del ingreso garantizado y a las asignaciones por cónyuge, al seguro de desempleo, y a los beneficios impositivos para la niñez. Pese a que una parte significativa de estos desembolsos van a quienes no son pobres, asumamos que los mismos son intocables en el corto plazo. Allí permanecen cerca de $5 mil millones de transferencias a personas que financian becas para investigadores, artistas, bienhechores individuales, propagandistas del estado y a otros favoritos del régimen. ¿Por qué no hacer retornar un par de miles de millones a los bolsillos de los contribuyentes?

Las transferencias a instituciones y organizaciones sin fines de lucro totalizan el 4% de los gastos federales. Los subsidios del Sponsorship Program caen dentro de esta categoría pero, a $20 millones por año, son tan solo la punta del iceberg. La mayor parte de estos $7 mil millones en subsidios deberían ser abolidos rápidamente.

Respecto de los $3.8 mil millones en subsidios empresariales (los cuales incluyen a la agricultura), los mismos no poseen tampoco justificación económica alguna a excepción de su sentido en servir para comprar a una clientela política. Las estimaciones tabuladas el martes incluyen $1.5 mil millones para la Export Development Corporation, la cual ayuda a otros favoritos del régimen. Todos estos subsidios deberían ser abolidos. En el corto plazo, recortes sustanciales deberían, y podrían, ser hechos.

Lo mismo es cierto para nuestra categoría de transferencias combinadas ($3.1 mil millones)—básicamente subsidios a organizaciones internacionales y a estados. En muchos casos, y para llamar a las cosas por su nombre, los mismos son subsidios para ayudar a que los tiranos extranjeros contraten a ricos consultores canadienses.

Estos cálculos indican que las transferencias totales podrían ser reducidas en unos $15 mil millones sin perjudicar al pobre.

El restante 25% de los gastos federales ($46 mil millones en 2002) adquiere bienes y servicios. Cerca del uno por ciento de esto es gastado en la remuneración de los burócratas. Congelar las contrataciones y las remuneraciones implicaría ahorros significativos. Pero aquellos que tienen la conducción del estado iniciarían probablemente una huelga. Pese a que harían menos daño yendo a la huelga que reglamentándonos, dejemos a los burócratas más o menos en paz (por ahora), e intentemos otra aproximación.

Un mero 10% de los gastos federales totales van a lo que Statistics Canada denomina la protección de la persona y la propiedad. Además, estos $18 mil millones incluyen no solamente desembolsos para la policía federal, la justicia y la defensa nacional, sino también para medidas regulatorias, ej., algunas de las 177 oficinas tales como, por ejemplo, el Canada Firearms Centre.

Podemos así asumir con seguridad que el 90% de los $23 mil millones en compras de bienes y servicios (excluidas las remuneraciones), Ej., cerca de $20 mil millones, no están relacionados con al protección de la persona y la propiedad. Recortando un, digamos, 33% ahorraríamos $7 mil millones.

Muy conservadoramente, hemos aislado unos $20 mil millones ($15 mil millones en transferencias y $7 mil millones en bienes y servicios) de los gastos que podrían ser eliminados. Los gastos federales podrían ser recortados en más de un 10%, otra vez sin ni siquiera desafiar al estado benefactor oficial.

Por supuesto, podríamos esperar muchas protestas de parte de los privilegiados beneficiarios de la liberalidad de los contribuyentes, incluso de parte de los burócratas quienes perderían papeles, lápices, mobiliarios, consultores externos, gastos de viajes y otra regalías (más de $2 mil millones es gastado anualmente en viajes y propaganda).

Técnicamente, el presupuesto se trata de impuestos, de obtener los ingresos necesarias para financiar las erogaciones presentadas en los estimados (el martes pasado). La vieja y ortodoxa visión de las finanzas públicas es la de que los gastos públicos son decididos primero y recién luego los impuestos equivalentes son recaudados. Un nuevo enfoque de la “elección pública” sostiene que el Leviatán funciona al revés: El mismo maximiza los impuestos, ej., manotea todo lo que puede, y luego gasta el dinero en sus proyectos favoritos. Desde esta perspectiva, a cuantos más ingresos le pueda el estado echar mano, más gastará.

La única forma de controlar los gastos estatales es la de secar sus fuentes de ingresos. Si es serio, el próximo presupuesto recortará los impuestos de manera global en al menos un 10%. También exploraría formas de evitar que los futuros gobiernos obtengan mediante los déficits aquello que los contribuyentes les niegan, pero el déficit no es una amenaza tan grande como la de expandir continuamente los ingresos.

Si el Gabinete tuviese que arbitrar entre los sobrevivientes tras una caída del 10% en los ingresos gubernamentales, sospecho que muchas reparticiones, tales como la Canadian Broadcasting Corporation, el Canada Firearms Centre o la Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (tan solo para nombrar a unas pocas), se encontrarían felizmente padeciendo hambre hasta prácticamente la muerte.

Nota del Traductor:
Todas las cifras que en la presente traducción aparecen como “miles de millones” en el original en idioma inglés son presentadas como billones conforme el sistema estadounidense.

Traducido por Gabriel Gasave


Pierre Lemieux es co-director del Economics and Liberty Research Group en la University of Quebec en Outaouais y un Investigador Asociado en The Independent Institute en Oakland, California.




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