Las ganancias corporativas y las indemnizaciones por la esclavitud

2 de febrero, 2004

Las indemnizaciones por la esclavitud están una vez más en las noticias. Por un lado, la novedad es buena y ofrece alguna esperanza de que los tribunales federales puedan – de vez en cuando – hacer algo sensato. En una opinión emitida recién la semana pasada, el juez de distrito de los EE.UU. Charles Ronald Norgle desestimó una demanda legal conjunta que pretendía resarcimientos de parte de distintas empresas estadounidenses por su papel en la perpetuación de la esclavitud en los Estados Unidos. (In re African-American Slave Descendants Litigation, 2004 U.S. Dist. LEXIS 872 (N.D. Ill. 26 de enero, 2004).

Los mencionados demandantes en esta acción colectiva buscaban dólares en nombre de “los descendientes de ex africanos esclavizados” así como también de todos “los ex afro-estadounidenses esclavizados” aún con vida. Es correcto: ex esclavos que aún permanecen vivos. Pese a que la Decimotercera Enmienda puso término a la esclavitud en los Estados Unidos en 1865, varios de los demandantes afirmaban haber sido mantenidos como esclavos hasta los años 60. El querellante C. Doe alegó que a lo largo de los 60 él y su familia “fueron forzados a vivir en los alojamientos de los esclavos de una plantación que sembraba numerosos cultivos agrícolas” y que los acusados de la corporación quienes “tenían razones para estar al tanto de la construcción de formas de esclavitud, no obstante fallaron en tomar las medidas para eliminar la misma, mientras continuaban obteniendo ganancias del sistema ilegal pero consagrado de servidumbre post-emancipación.” Una muy interesante declaración. Si C. Doe se encontraba involucrado en la agricultura en los 60, estaba probablemente cultivando y fumando cosas prohibidas en el orden federal por la Ley de Substancias Controladas.

Junto con los invocados lazos con la esclavitud, da la casualidad que todos los acusados corporativos en el pleito también tenían bolsillos muy profundos. Los querellados eran parte del “quién es quien” de los 500 más ricos de la revista Fortune. (Pese a que todos sabemos que la justicia social en lugar de los dólares era la fuerza motivadora detrás de la demanda judicial.)

Por ejemplo, la firma Brown Brothers Harriman fue apuntada debido a que sus corporaciones predecesoras “les prestaron millones directamente a los dueños de plantaciones, comerciantes y corredores de algodón en todo el Sur.” New York Life mereció el vitriolo de los querellantes debido a que su corporación predecesora “ganó premios por su venta de seguros de vida a los propietarios de esclavos.” Westpoint Stevens, la sucesora-en-el interés de Pepperell Manufacturing, fue demandada porque la misma “utilizó algodón de plantaciones sureñas cultivadas por africanos esclavizados.” Además de a estas compañías, los demandantes también querellaron a FleetBoston Financial Corporation, CSX Corporation, Aetna Inc., Lloyd’s de Londres, JP Morgan Chase Manhattan Bank, y a RJ Reynolds Tobacco Company, tan sólo para mencionar a unas pocas.

Los acusados esgrimieron cuatro defensas ante la demanda de los denunciantes: (1) los demandantes no reunían condición alguna para interponer una demanda contra ellos, (2) los reclamos de los demandantes eran cuestiones políticas no judiciables dejadas a las ramas representativas del gobierno, (3) los demandantes fallaron en plantear un reclamo adecuado, y (4) los reclamos de los querellantes eran extemporáneos. A pesar de que el tribunal coincidió con los acusados respecto de todos estos 4 puntos, la cuestión de la condición es la que mejor ilustra lo ridículo de la demanda de los querellantes.

Cuando los tribunales dicen que un litigante debe reunir la condición de tal, significan que debe tener un interés significativo en el pleito para ameritar ser la parte litigante. Primero, los tribunales exigen que un demandante debe de haber padecido un daño de hecho—una injuria concreta y particularizada, y no una escarnio especulativo o conjetural. Segundo, debe existir una conexión causal entre la injuria y la pretendidamente conducta dañosa. Finalmente, la injuria debe ser pasible de atención por una decisión favorable del tribunal.

En la causa de las indemnizaciones, los demandantes sostuvieron que los esclavos sufrieron una injuria concreta y que los descendientes de esclavos fueron injuriados debido a que les fue negada la riqueza económica del trabajo de sus ancestros, la cual le hubiese sido transferida a través de la herencia. Sostenían también que los negros en los Estados Unidos “aún sobrellevan indignidades cotidianas del legado de la esclavitud, incluyendo. . . el concepto del perfil racial, mala reputación racial, y las asunciones impropias e hirientes concernientes a su estado en general.” Los demandantes luego vincularon a la esclavitud con las expectativas de vida más cortas de los negros, con el crimen de negros-contra-negros y con una alta incidencia en el encarcelamiento.

El juez Norgle comenzó destacando que las injurias de los querellantes estaban basadas en pura especulación. Las supuestas injurias eran claramente derivadas de la ofensa infligida contra los negros esclavizados. Las corporaciones acusadas, incluso si las mismas han estado involucradas en la esclavitud africana, no les han hecho nada a los demandantes. Como con respecto a los ancestros esclavos, los demandantes también han fallado en establecer que alguna corporación acusada tenía alguna conexión con los ancestros. La circunstancia de que Brown Brothers, por ejemplo, prestara dinero a plantaciones y a comerciantes sureños era insuficiente para establecer un nexo lógico entre los ancestros y la injuria.

El juez también puntualizó las amplias asunciones realizadas por los querellantes al interponer la demanda. Por caso, mientras todos nosotros desearíamos pensar que seremos los beneficiarios de la generosidad de nuestros ancestros a su fallecimiento, esta es una mera asunción. No existe garantía alguna de que nuestros ancestros tendrán riqueza para dejarnos o que ellos elegirán dejarnos la misma a nosotros. Y esta expectativa insustancial de algún legado no es suficiente para basar en ella un demanda judicial.

La “injuria estigmática” también carece de una concreta y particularizada injuria. Los demandantes simplemente resaltaron los males sociales percibidos y demandaron dólares de las corporaciones. Mientras que esto podría funcionar cuando Jesse Jackson le tiende un acama a una corporación por fallar en tener el número suficiente de negros en su fuerza laboral o en su administración, el sistema legal impone una exigencia más rigurosa.

El juez Norgle rechazó la demanda “sin prejuzgar,” significando que los abogados de los querellantes pueden interponer otra querella. Les dio dos semanas para decidir si la interponen nuevamente o apelan la negativa. En vez de ser tan generoso, el juez Norgle debería haber sancionado a los demandantes por interponer un pleito frívolo y rechazado la causa “con prejuicio.”

Es lo suficientemente malo que las reparaciones por la esclavitud sean un asunto de seria discusión en los círculos políticos, pero al menos el Congreso, en teoría, podría incautar el dinero para distribuirlo entre los descendientes de esclavos. Habrán, por supuesto, varias dificultades encontradas, tales como decidir si pagarles a los descendientes de los 3000 propietarios de esclavos negros en los Estados Unidos de antes de la Guerra Civil, pero el Congreso podría gastar el dinero.

El hecho de que los tribunales se encuentren plagados con demandas legales por indemnizaciones no es sino más evidencia de que nuestro sistema de justicia es visto como una rama política. Desafortunadamente, los jueces en la actualidad hacen políticas públicas todo el tiempo, ya sea que estén sancionando al matrimonio entre personas del mismo sexo o creando algún otro nuevo “derecho” fuera del tejido legal. Podemos al menos estar agradecidos de que el juez Norgle hizo el llamado correcto en este asunto, pero ¿quién sabe que ocurrirá si los litigantes vuelven a querellar o apelan? La búsqueda de indeemnizaciones (junto con los colosales honorarios de los abogados) aún no terminó.

Traducido por Gabriel Gasave

  • es Investigador Asociado en el Independent Institute y Presidente del Greenville, SC, Lawyers Chapter de la Federalist Society.

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