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La prisión del Tío Sam en Guantánamo: Fuera del Estado de Derecho
15/12/2003
Brigid O’Neil

Las últimas noticias provenientes desde la Bahía de Guantánamo están comenzando a sonar como una episodio de los Simpsons de nuestros días. Tras dos años de encarcelar a más de 600 supuestos combatientes enemigos, sin una acusación formal ni la asistencia de un letrado, en un campo de prisioneros cubano, la administración anunció a comienzos de este mes que a dos de los detenidos—uno de ellos ciudadano estadounidense—les sería permitido acceder de manera limitada a un abogado. Como cualquier fanático de los Simpsons le dirá, esa es una típica maniobra al estilo del Sr. Burns: demostrar que se encuentra mejorando las condiciones laborales en la planta de energía nuclear haciendo que Homero vista ropa interior térmica.

Mientras que la misma podría ser un divertido eslogan característico del personaje más pernicioso en el repertorio de los Simpsons, es una triste metáfora para el superficial tratamiento que el gobierno estadounidense le dispensa a aquellos designados como combatientes enemigos.

Las noticias sobre el asesoramiento letrado al prisionero estadounidense llegaron un día antes de que el Departamento de Justicia interpusiera un escrito ante la Corte Suprema, añadiendo sospechas respecto de las intenciones de la administración. En el escrito, se le solicita a la Corte que convalide la detención indefinida por parte del gobierno de aquellos estadounidenses declarados “combatientes enemigos,” sin contar con un abogado ni con la posibilidad de discutir los cargos en su contra. Las libertades constitucionales que se encuentran en riesgo en esa causa, incluidos el derecho a un juicio justo y al debido proceso, constituyen un grave peligro tanto para los estadounidenses como para los extranjeros por igual. Y en ninguna otra parte son más evidentes las espantosas consecuencias de las “concesiones” constitucionales que en el estado de la Bahía de Guantánamo.

Desde un comienzo, la Bahía de Guantánamo estuvo plagada de conflictos. La Convención de Ginebra, con su garantía de ciertos derechos fundamentales para todos los prisioneros de guerra, fue rápidamente soslayada por la administración en favor de sus propias reglas para el tratamiento y para la investigación de los detenidos. Ante la ausencia de cualquier estado de derecho, no pasó mucho tiempo para que los medios recogieran los informes del trato inhumano—o para que un ex funcionario de inteligencia lo denominara desfachatadamente, “tortura leve.” Estos informes incluyen: dispararle balas de goma a aquellos que despotricaran, golpizas para cualquiera que “efectuase un pedido para rezar,” privación del sueño, y confesiones forzadas. La situación se volvió tan horrenda que el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC es su sigla en inglés), la única organización no-gubernamental que visita el campo, rompió con su política de silencio de larga data y calificó a las circunstancias de los prisioneros como una “situación intolerable.” Tras leer las últimas declaraciones oficiales sobre el estado de salud de los detenidos, se volvió claramente impactante porqué el ICRC tomó tal actitud sin precedentes. De acuerdo con los informes noticiosos nacionales, 35 detenidos habían intentado suicidarse, 110 habían sido incluidos en una lista de vigilancia de potenciales suicidas, y 1 de cada 5 prisioneros reciben en la actualidad medicación para lo que solamente un funcionario militar puede describir como “depresión clínica.”

En respuesta a tales informes condenatorios, la administración sostiene que los detenidos son terroristas peligrosos y que por tal motivo no merecen protección legal alguna, y mucho menos las condolencias liberales. Pero tras dos años de investigaciones en el campo, la administración precisa aún acusar a algún detenido de un crimen o llevar la causa ante un tribunal militar. Así, el público no tiene forma de determinar respecto de la comisión de qué supuestos crímenes se acusa a estros hombres, y mucho menos de si son o no culpables.

En ausencia de cualquier oposición formidable a las acciones del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema ha finalmente ingresado al cuadrilátero. En cuestión de meses, los Jueces del Alto Tribunal se pronunciarán en dos causas que regirán sobre una multitud de supuestos abusos constitucionales. En la primer causa, Padilla v. Rumsfeld, la Corte determinará si un ciudadano estadounidense tiene derecho a un abogado antes de desaparecer tras una empalizada militar sin cargos en su contra y sin contacto con el mundo exterior. La segunda causa, involucra a dos apelaciones, la de Rasul v. Bush y la de Odah v. U.S., y en ella se determinará si los detenidos en Guantánamo pueden acceder a los tribunales civiles a fin de discutir su detención. La cuestión más acuciante que ambas causas traen a consideración, es la de la facultad recientemente exigida por el Poder Ejecutivo para detener indefinidamente a cualquier persona, sin recurso alguno para una revisión judicial de su caso.

Dada la llamativa ausencia de protecciones legales para estos supuestos combatientes, no sorprende en absoluto que el ex prisionero de guerra, el Senador John McCain, expresara su preocupación esta semana acerca de lo que vio después de una reciente visita a Guantánamo. Incluso los prisioneros sospechados de crímenes graves merecen procedimientos legales justos y abiertos—después de todo, nuestra propia Constitución se basó en el derecho al debido proceso y en la presunción de inocencia. La sujeción de los enemigos sospechados a nuestro estado de derecho más elevado y la honra de los tratados internacionales establecidos, sienta un precedente para el trato que esperamos se le brinde a las tropas estadounidenses en manos del enemigo. El hecho de socavar a este estado de derecho, implica arriesgar la propia existencia de nuestra Constitución y amenazar la forma en la que nuestros ciudadanos son tratados tanto en el país como en el exterior. Ninguna pequeña concesión por parte del gobierno de los Estados Unidos, puede hacer cambiar la impresión de que el secreto y la falta del debido proceso para los detenidos en la Bahía de Guantánamo, rememora a los antiguos gulags soviéticos. Y no se precisa de las travesuras del Sr. Burns ni de la ingenuidad de Homero Simpson para percatarse de ello.

Traducido por Gabriel Gasave




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