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Mientras que muchos estadounidenses han estado centrando su atención en Afganistán desde el 11 de septiembre, el Congreso ha acometido la legislación que presumiblemente prevendrá futuros ataques terroristas. La Ley de Unión y Fortalecimiento de los Estados Unidos (abreviada cínicamente como la “Ley de los EE.UU.”), sancionada por el Congreso y promulgada por el Presidente Bush, abre la puerta a significativas invasiones de la privacidad de los ciudadanos de EE.UU. a través de la vigilancia electrónica por parte de los agentes federales.

La Cuarta Enmienda a la Constitución de EE.UU. intenta proteger “el derecho de los individuos de encontrarse seguros en sus personas, hogares, papeles, y efectos, contra cateos y confiscaciones no razonables.” Ella requiere también que una orden de allanamiento sea emitida por los tribunales y justificada en base a una causa comprobable.

Además de concederle nuevas facultades a los agentes federales para conducir “allanamientos secretos,” debiera la nueva ley sobrevivir al escrutinio judicial, ya que la misma eliminará la capacidad de una corte de revisar y autorizar solicitudes de ordenes de allanamiento por parte de los agentes federales para efectuar vigilancia electrónica e interceptar teléfonos.

Tal vez, la más significativa de las nuevas facultades que tendrán los agentes federales es la capacidad de monitorear la comunicación a través de Internet. Las autoridades policiales estarán pronto en condiciones de poder obtener cierta información de Internet con una citación fácilmente obtenida en lugar de una orden de allanamiento autorizada por una corte. Esta nueva autoridad se encuentra diseñada sobre la base de leyes existentes de vigilancia telefónica, las cuales exigen a los investigadores obtener ordenes de allanamiento de una corte para supervisar la “información contenida,” pero permite a la autoridad policial monitorear “información identificada” sin la aprobación de la corte.

Permitirle a las autoridades federales monitorear la comunicación de Internet precisa de la utilización del Carnivore, el controvertido sistema de supervisión del FBI sobre las empresas Proveedoras del Servicio de Internet (ISP es su sigla en inglés). El Carnivore permite a los agentes federales acceder a cada pieza de información que pasa a través de los ISP monitoreados, no tan sólo la información especificada en las órdenes de allanamiento. Aunque el FBI sostiene que solamente supervisará la información especificada en las citaciones y en las ordenes, en el pasado se ha abusado de estas herramientas investigativas.

Por ejemplo, como M.L. Elrick del Detroit Free Press informara a comienzos de este año, oficiales de policía de Michigan “a quienes se les confió la información personal y confidencial de una base de datos para la aplicación de la ley estadual, la utilizaron para acechar a mujeres, amenazar a automovilistas, y establecer puntajes.” Internacionalmente, la Unión Europea expresó preocupación porque el Echelon, un sistema de vigilancia electrónica usado para interceptar las comunicaciones privadas y comerciales, y auspiciado por los EE.UU. y cuatro otros países de habla inglesa, estaba siendo utilizado para el espionaje corporativo.

La Ley de los EE.UU. otorgará seguramente a los agentes federales la oportunidad de supervisar secreta e indiscriminadamente el correo electrónico, las compras con tarjeta de crédito, información de la historia de una persona en la Red, y el resto de la información generada por los ciudadanos de EE.UU. que pasa a través de la Internet.

Por otra parte, la Ley de los EE.UU. permite a los agentes federales colocar intercepciones telefónicas con órdenes judiciales muy generales que no incluyan alguno de los datos concretos típicamente requeridos en las ordenes de allanamiento. El Departamento de Justicia de los EE.UU. (USDoJ su sigla en inglés) considera a esta facultad necesaria dado que un terrorista puede utilizar muchos dispositivos de comunicación electrónica, y obtener una autorización por cada dispositivo toma tiempo. Aunque las ordenes no específicas facilitarían la tarea de hacer cumplir las leyes, la Cuarta Enmienda también requiere que las mismas ” describan particularmente el lugar a ser allanado, y las personas o las cosas a ser incautadas.” Sin este límite constitucional, los agentes federales podrían legalmente involucrarse arbitrariamente en la vigilancia, usando una autorización para interceptar cualquier teléfono que deseen. La facultad de una corte de repasar cada pedido de una orden de allanamiento es crucial para limitar la capacidad de las autoridades para escuchar secretamente conversaciones privadas.

La indignante original propuesta del Departamento de Justicia, la entonces-llamada Ley de Movilización Contra el Terrorismo, torna obvia la falta de respeto por los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses por parte de las autoridades federales. Aunque el Congreso modificó o eliminó algunas de las propuestas más ofensivas constitucionalmente, aquellas que expanden la vigilancia electrónica permanecen prácticamente sin tocar.

Debido a la complejidad de la nueva tecnología y a la presión del Departamento de Estado de apurar medidas contra el terrorismo, el Congreso ni siquiera examinó de cerca estas ofertas ni desafió adecuadamente los aseveraciones del Departamento de Justicia de que las mismas son constitucionales. La historia nos enseña que conceder a agencias destinadas a la aplicación de ley nuevas facultades amplias durante épocas de crisis nacional, rinde por lo general pobres resultados. Los ciudadanos de los EE.UU. han permitido que el equilibrio de las libertades individuales y de los derechos a la privacidad se inclinase precipitadamente en favor de la campaña del gobierno federal para detener a los terroristas a cualquier y a todos los costos. Con la siempre creciente confianza de los Estados Unidos en la comunicación electrónica, los historiadores pueden ver la implementación de la Ley de los EE.UU. como el momento en el que el Gran Hermano comenzó verdaderamente a controlar las conversaciones de cada estadounidense.

Traducido por Gabriel Gasave