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Las nuevas reglamentaciones pueden haber llevado a la reciente recesión
13/10/2003
Manuel C. Cosme

Cuando el escándalo de Enron y de Arthur Andersen hizo erupción a fines de 2001, la confianza en los mercados de valores se desplomó a medida que las dudas acerca de la validez de la información financiera persistían en el aire. La subsiguiente caída en los precios a nivel general en el mercado solamente incrementó la amenaza de una recesión. En respuesta, el Congreso sancionó la Ley Sarbanes-Oxley en la creencia de que la misma infundiría confianza en los mercados retrotrayéndolos a sus niveles preexistentes y evitaría la potencial recesión. En su lugar, la sanción de la ley sirvió solamente para exacerbar el declive de la economía.

En teoría, una menor confianza en el mercado es causada por un incremento en el riesgo inherente percibido de invertir en valores. Un riesgo más alto se traduce en menores precios de esos valores. El objetivo básico de la Ley Sarbanes-Oxley era el de aliviar parte de ese riesgo y de esa manera incrementar los precios.

Pero esta meta no fue alcanzada. Desde septiembre de 2001 a abril de 2003 el Índice Industrial Dow Jones Promedio constantemente declinó. Además, las noticias sobre la inminente sanción de la ley parecieron no afectar en absoluto a los mercados, y el mercado bursátil en verdad procedió a caer a su nivel más bajo en más de tres años casi directamente después de que la ley entrara en vigencia. Analizando estas tendencias, algunos analistas financieros han concluido que la Ley Sarbanes-Oxley en realidad contribuyó de manera importante a estos declives.

¿Por qué la ley no funcionó como se planeó? La respuesta básica es que la misma tuvo un impacto tremendamente negativo sobre la actividad empresarial al criminalizar el espíritu emprendedor e incrementar aquellos costos que no adicionaban valor alguno.

Por ejemplo, considérese la nueva regulación que hizo a un Gerente General criminalmente responsable por la información financiera de su compañía. Esto generó un clima en el cual los Gerentes Generales podían ser vistos como personalmente responsables por emprendimientos empresariales no exitosos, lo cual a su vez lo volvía temeroso de asumir riesgos que podrían haber estimulado el crecimiento de la compañía. Sin la toma de riesgos, el crecimiento se desacelera—y los inversores no estaban deseosos de invertir en un medio ambiente tan restringido.

La ley también subió los costos para las empresas. El seguro de responsabilidad del funcionario se elevó (incrementándose entre un 100 y un 300 por ciento), así como lo hicieron los honorarios de los servicios de auditoría y legales (los cuales se triplicaron). Además, la nueva Junta de Supervisión Contable de las Compañías Públicas (PCAOB su sigla en inglés) está financiada por aranceles impuestos sobre las compañías públicas y las firmas contables. Gastos incrementados tales como éstos, atrofian el crecimiento de la compañías en virtud de que fondos reservados normalmente para las adquisiciones de capital deben ser empleados para sufragar estos honorarios adicionales, los cuales no agregan ningún valor. Y con las amenazas de una guerra inminente y de la economía en un recesión como en la que se encontraba hasta marzo de 2003, las empresas estaban ya naturalmente renuentes a realizar inversiones de capital. Estos desincentivos tan sólo aumentaron el malestar del sector empresarial a medida que el estancamiento en las adquisiciones de capital llevaba a la economía aún más a la recesión.

Los costos acrecentados han también impedido que las empresas más pequeñas se “volviesen públicas.” Y algunas compañías públicas han decidido efectivamente reconvertirse en organizaciones poseídas de manera privada para evitar tener que cumplir con las disposiciones de la Ley Sarbanes-Oxley. Muchas compañías internacionales informan que sus decisiones de borrarse de la lista o incluso ni siquiera enlistarse inicialmente en los mercados de valores estadounidenses fueron provocadas directamente por la ley. La compañía británica de seguros Benfield y la fábrica alemana de automóviles Porshe son dos de tales empresas que han decidido no incluirse en los listados del Mercado de Valores de Nueva York debido a las disposiciones de la ley.

Todas estas razones indican cómo la Ley Sarbanes-Oxley Act no solamente no sirvió para incrementar -sino que en los hechos disminuyó- la confianza del inversor en los mercados. Los inversores conocedores saben que una mayor regulación gubernamental puede en última instancia impedirle a las empresas tomar las decisiones correctas, lo cual puede perjudicar sus resultados finales y de esa manera el precio de sus acciones. Este temor hace poco por aliviar, y mucho por lesionar, la confianza en el mercado, así como también asegura una mayor severidad en una ya próxima recesión. La economía simplemente no podía recuperarse adecuadamente mientras la presencia de la Ley Sarbanes-Oxley amenazaba sobre ella.

Traducido por Gabriel Gasave




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