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La Justicia se flagela a sí misma debido al trato que se le brinda a los prisioneros
24/7/2003
Brigid O’Neil

Recientemente, el propio inspector general del Departamento de Justicia dio a conocer otro lastimoso informe sobre la conducta de esa dependencia—en este caso atinente a verosímiles reclamos de serias violaciones de los derechos y de las libertades civiles en el marco de la Ley Patriota. Estos reclamos involucran a empleados federales del Departamento de Justicia encargados de la aplicación de una amplia normativa “contra el terrorismo” conocida como la Ley Patriota, la que resulta en sí misma la fuente de una creciente vorágine de alegatos de las libertades civiles.

Tras examinar el informe, el representante John Conyers (Demócrata por Michigan), integrante del Comité Judicial de la Cámara, descubrió que la delegación de las protecciones constitucionales en el Poder Ejecutivo en tiempos de guerra tiene sus inconvenientes. El informe, el cual sostiene el Sr. Conyers “tan solo [comienza] a arañar la superficie acerca del descuido por parte del Departamento de Justicia de los derechos constitucionales y de las libertades civiles,” detalla docenas de flagrantes abusos de los derechos civiles en contra de inmigrantes, contenidos en las amplias cláusulas de la Ley Patriota. Los testimonios de un tratamiento inhumano para con los prisioneros en manos de los empleados del Departamento, muchos de los cuales involucran a los golpes físicos y al abuso verbal, son por lo menos extraordinarios—particularmente cuando las acusaciones se originan dentro del propio organismo.

El informe revela un total de 34 casos “creíbles” de abuso físico y psicológico por parte de los empleados del Departamento. Esa letanía de abusos incluye una denuncia verificada en contra de un médico de una prisión federal que le dijo a un interno durante un examen físico, “Si yo estuviese a cargo, los ejecutaría a cada uno de ustedes ...por los crímenes que todos ustedes cometieron.” ¿Y qué castigo puede esperar recibir un funcionario federal tras amenazar a un detenido con ejecutarlo, particularmente después de que había sido corroborado un patrón de otros abusos? Según el Departamento de Justicia, el que afirma que “no renunciará jamás en nuestra defensa de la Constitución ni cederá [en] nuestra defensa de los derechos civiles,” con una “reprimenda verbal” será suficiente.

Otro caso involucraba a un oficial penitenciario quien, entre otros 20 reclamos por abuso de los derechos civiles, la ordenó a un interno que se quitara su camisa para que él pudiese utilizarla para lustrar sus zapatos. Este comportamiento podría ser aceptable en alguno de los comúnmente citados regímenes del “eje del mal,” pero no en una sociedad libre que se vanagloria de sus libertades individuales y de la protección frente a la tiranía.

El informe es aún más perturbador en virtud de que el mismo es la continuación de un reporte anterior del inspector general sobre el abuso cometido por el Departamento contra 762 inmigrantes que se encuentran prisioneros en centros de detención.

Según Amnistía Internacional, dicho maltrato incluía: la detención indefinida sin una acusación de cargos o sin un juicio, el confinamiento en diminutas celdas por hasta 24 horas al día, el encadenamiento durante el escueto tiempo de ejercicio mínimo concedido, los interrogatorios reiterados sin el acceso a un letrado, y la posibilidad de ejecuciones tras juicios injustos sin el derecho a una apelación. En caso de que alguien haya perdido la cuenta del número de libertades constitucionales violadas por los cargos mencionados precedentemente, he aquí un breve listado: el impedimento consagrado en la Quinta Enmienda para la privación de la vida, de la libertad, o de la propiedad sin el debido proceso judicial; la garantía de la Sexta Enmienda del derecho a un juicio expedito con la asistencia de un abogado que lo defienda; el resguardo de la Octava Enmienda contra el castigo cruel y desusado; y finalmente la consagración por parte de la Decimocuarta Enmienda del derecho al debido proceso legal y a una idéntica protección de las leyes. Si a todo eso se le agregase la cláusula sobre el terrorismo interno de la Ley Patriota—la cual puede colocar bajo la acción criminal a los grupos de defensores—la Primera Enmienda también resulta violada.

Al ser confrontado con el mordaz primer informe del inspector general, el Fiscal General Ashcroft se mofó desafiantemente señalando que él “no pide disculpas.”

Si algo prueban los informes del inspector general, es la circunstancia de que el pueblo de los Estados unidos enfrenta un problema de asombrosas consecuencias. Podemos optar por revocar a estas medidas draconianas de la Ley Patriota indebidamente conferidas a una sola rama del gobierno, y restaurar las libertades civiles otorgadas para todos en la Constitución de los EE.UU., o podemos seguir apoyando la política de la administración de una justicia fronteriza y de un evidente desprecio por los derechos humanos. Los informes del inspector general dejan perfectamente en claro los peligros del incrementado poder del ejecutivo. Por lo tanto, alguien podría ocuparse de recordarle al Fiscal General de una declaración que realizara después del 11 de septiembre. “Actualmente, procuramos resolver el desafío del terrorismo con la misma cuidadosa estima por los derechos constitucionales de los estadounidenses y con el respeto por todos los seres humanos.” Sabias palabras, ¿pero las está escuchando su propio departamento?

Traducido por Gabriel Gasave




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