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La subasta del siglo podría aliviar la crisis
5/5/2003
William F. Shughart II

Las finanzas públicas de California se encuentran profundamente en rojo. Aunque una débil economía nacional y regional ha seguramente contribuido a que la recaudación del impuesto estatal no creciera tan enérgicamente como lo pronosticaran en Sacramento, el estado se encuentra en un problema fiscal fundamentalmente por mérito propio.

Como en muchos estados, los funcionarios electos de California respondieron al robusto crecimiento del ingreso de los años 90 embarcándose miopemente en un jolgorio de gastos, incurriendo en deudas y expandiendo los programas estatales y las nóminas salariales públicas. Ahora que los pollos han vuelto a casa para reposar, tan sólo dos opciones parecen estar sobre la mesa: aumentar los impuestos y recortar el gasto.

Acorralando a los sospechosos de siempre, el Gobernador Gray Davis desea poner en remojo a los "ricos" elevando la tasa marginal superior del impuesto estatal a las ganancias en un punto porcentual, establecer cargas más pesadas sobre los contribuyentes de bajos ingresos incrementando en medio punto porcentual al impuesto estatal a las ventas y elevar el impuesto estatal al consumo sobre los cigarrillos en $1.10 por paquete. Combinando dichos impuestos con recortes en el gasto y aumentos en las matrículas, Davis promete cerrar la brecha del presupuesto estatal, situada en los casi $35 mil millones (billones en inglés).

Aunque los recortes del gasto son bienvenidos y desde hace mucho demorados, los californianos deberían oponerse a las demandas de Sacramento de incrementar los impuestos. La experiencia de la última década, prueba que el estado consumirá cada dólar que recaude en concepto de impuestos y más.

La crisis presupuestaria estadual será mejorada en un cierto plazo, mediante la reasunción de una más vigorosa expansión económica. Elevar los impuestos y las matrículas permanentemente sería contraproducente.

Felizmente, existe otra solución: liquidar algunos de los activos del estado.

Según un informe publicado por el auditor estadual en enero de 2000, las agencias del gobierno de California poseen más de 1 millón de acres de propiedades inmobiliarias en 15 condados en los cuales la tierra tiene un elevado costo.

Miles de parcelas de tierra estadual han sido ya identificadas como candidatas para su traspaso debido a que se encuentran ya sea en desuso o poco utilizadas. En septiembre de 2001, por ejemplo, 152 acres en Santa Clara se vendieron en $149 millones. La Legislatura las había declarado "propiedad excedente" en 1996.

Aunque la facultad para disponer de la mayoría de estos activos inmobiliarios ha sido concedida, el auditor del estado observa que las agencias a menudo han fallado en actuar expeditivamente, sacrificando en el proceso oportunidades de generar millones de dólares en concepto de ingresos. Dentro de la última década, por ejemplo, Caltrans finalmente vendió un pedazo de propiedad a la que había designado como excedente 38 años atrás.

Vender o alquilar las propiedades inmobiliarias gubernamentales ya consideradas superfluas es un medio obvio para comenzar a cerrar la brecha presupuestaria, pero ésa es solamente la punta del iceberg. Existe un sinnúmero de oportunidades similares para reducir el gasto estadual a través del proceso de desprenderse de activos.
Muchos de los edificios de oficinas poseídos y ocupados por las agencias gubernamentales podrían transformarse en efectivo rápido, vendiéndolas al sector privado bajo acuerdos que permitan a las agencias alquilarlas a los nuevos dueños.

Los gobiernos locales pueden igualmente subirse al carro, aliviando algunos de sus propios dolores de cabeza presupuestarios, disponiendo de las monetariamente perdidosas instalaciones deportivas, centros de convenciones y de exposición y de los predios feriales.

Ningún propósito legítimo del gobierno estadual o local es ahora servido, si es que alguna vez lo fue, por la propiedad pública de los activos que estarían utilizados de modo más rentable en el sector privado. La venta de éstos y de otros activos públicos, al igual que la privatización de aquellas operaciones ineficaces, implicaría una transfusión de miles de millones de dólares (billion en inglés) a las anémicas finanzas públicas.

Es cierto, que la privatización ofrece medios de complementar el presupuesto público que pueden ser utilizados solamente una vez. Pero los extraordinarios momentos presupuestarios exigen medidas extraordinarias.

Además, para evitar futuros recortes de gastos o incrementos impositivos en el corto plazo, la privatización posee el beneficio a largo plazo de sacar al estado del negocio de administrar activos que en principio no debiera de haber poseído.

Traducido por Gabriel Gasave


William F. Shughart II es Director de Investigaciones e Investigador Asociado Senior en the Independent Institute, J. Fish Smith Professor in Public Choice en el Jon M. Huntsman School de Business en Utah State University, dirigió Taxing Choice: The Predatory Politics of Fiscal Discrimination (Transaction, 1997) y The Economics of Budget Deficits (Edward Elgar, 2002).




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