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Cómo Roosvelt empeoró la Depresión
1/2/1995
Robert Higgs

Franklin Roosevelt “nos sacó de la Depresión,” dijo Newt Gingrich a un grupo de republicanos después de la reciente elección, y eso convierte a FDR (sigla con la que se conoce a Franklin Delano Roosvelt) en “la figura más grande del siglo veinte.” Como retórica política, la afirmación tiende a provenir de alguien que no respalda una economía de mercado. El New Deal, después de todo, fue la mayor expansión del poder del gobierno federal en tiempos de paz en el siglo veinte. Por otra parte, la visión de Gingrich de que FDR nos salvó de la Depresión es indefendible; las políticas de Roosevelt la prolongaron y la profundizaron.

No hay duda alguna de que Roosevelt cambió el carácter del gobierno estadounidense—para peor. Muchas de las reformas de los años 30 siguen hoy día enraizadas en la política: la asignación de áreas cultivadas, los precios sostén y los controles a la comercialización en la agricultura, la extensa reglamentación de las participaciones societarias privadas, la intromisión federal en las relaciones trabajadores-empresas, las actividades gubernamentales de préstamos y de seguros, el salario mínimo, el subsidio nacional por desempleo, los pagos de la Seguridad Social y del bienestar, la producción y la venta de la corriente eléctrica por el gobierno federal, el dinero de curso forzoso—y la lista continúa.

La revolución de Roosevelt comenzó con su discurso inaugural, el cual no dejó duda alguna sobre sus intenciones de aprovechar el momento y de utilizarlo para sus propósitos. Es mejor recordado por su afirmación patentemente falsa de que “la única cosa a la que debemos temerle es al temor en sí mismo,” la que también motivó las facultades gubernamentales extraordinarias de emergencia.

Al día siguiente de prestar juramento a su cargo, FDR emitió una declaración convocando al Congreso para una sesión especial. Previamente, decretó un feriado nacional de las actividades bancarias—una acción que él había rechazado aprobar cuando fue sugerida por Hoover tres días antes.

Invocando la Ley del Comercio con el Enemigo de 1917, Roosevelt declaró que “todas las transacciones bancarias debían ser suspendidas.” A los bancos se les permitió reabrir solamente después de una inspección y aprobación caso-por-caso por parte del gobierno, un procedimiento que se prolongó durante meses. Esta acción elevó el sentido del público de la crisis y le permitió ignorar las tradicionales restricciones sobre el poder del gobierno central.

En su visión de la depresión, Roosevelt y sus consejeros económicos tenían invertidas las causas y los efectos. No se percataban de que los precios habían caído debido a la Depresión. Creyeron que la Depresión prevaleció porque habían caído los precios. El remedio obvio, entonces, era subir los precios, lo cual decidieron hacer creando escaseces artificiales. Por lo tanto se presentó una colección de políticas descabelladas diseñadas para curar la Depresión reduciendo la producción. El esquema era tan patentemente auto destructivo que es difícil pensar que alguna persona pudiese creer seriamente que funcionaría.

La aplicación más ridícula de la teoría tuvo que ver con el precio del oro. Comenzando con el feriado bancario y procediendo a través de un programa masivo de compra de oro, Roosevelt abandonó el patrón oro, el que constituía la restricción de fondo contra la inflación y el crecimiento del gobierno. Nacionalizó las existencias monetarias de oro, prohibió la propiedad privada del oro (excepto para la joyería, las aplicaciones científicas o industriales, y los pagos al exterior), y anuló todas las promesas contractuales—ya fuesen públicas o privadas, pasadas o futuras—pagaderas en oro.

Además de constituir un robo, la incautación del oro no funcionó. El precio del oro fue incrementado desde $20,67 a $35,00 por onza, un aumento del 69 por ciento, pero el nivel del precio interno aumentó solamente el siete por ciento entre 1933 y 1934, y durante el resto de la década apenas aumentó del todo. La devaluación de FDR provocó la venganza de otros países, además de estrangular al comercio internacional y de arrojar a las economías del mundo aún más lejos en la depresión.

Habiendo obstaculizado al sistema bancario y destruido al patrón oro, viró luego hacia la agricultura. Trabajando con la políticamente influyente Oficina de la Granja y la pandilla de Bernard Baruch, Roosevelt obtuvo la Ley del Ajuste de la Agricultura de 1933. La misma preveía controles sobre las áreas cultivadas y la producción, acuerdos de comercialización restrictivos, y licencias reglamentarias de los procesadores y de los distribuidores “para eliminar prácticas y cargas injustas.” Autorizó nuevos préstamos, gravó a los procesadores de productos agrícolas, y recompensó a los granjeros que disminuían la producción.

El objetivo era subir los precios de las productos agrícolas hasta que alcanzaran un nivel de “paridad” mucho más alto. Los millones de personas que apenas podían alimentar y vestir a sus familias pueden ser perdonados por cuestionar la nobleza de un programa diseñado para volver a los alimentos y a los géneros más costosos. Aunque ésta fue denominada una medida de “emergencia”, ningún presidente ha considerado apropiado declarar a la misma concluida.

La industria fue virtualmente nacionalizada bajo la Ley de Recuperación de la Industria Nacional de Roosevelt de 1933. Como la mayoría de la legislación del New Deal , ésta fue el resultado de un compromiso de intereses especiales: empresarios buscando precios más elevados y barreras a la competencia, sindicalistas buscando el patrocinio y la protección gubernamental, trabajadores sociales deseando controlar las condiciones de trabajo y prohibir el trabajo de los niños, y los defensores del gasto masivo en trabajos públicos.

La legislación permitía al Presidente conceder licencias comerciales o controlar las importaciones para alcanzar los objetivos vagamente identificados de la ley. Cada industria tenía que poseer un código de competencia leal. Los códigos contenían provisiones que establecían salarios mínimos, horas máximas, y condiciones de trabajo “decentes”. La política se basó en la dudosa noción de que lo que el país más necesitaba eran empresas cartelizadas, precios más altos, menos trabajo, y costos laborales excesivos.

Para administrar la Ley, Roosevelt estableció la Administración de la Recuperación Nacional y nombró al General Hugh Johnson, un compinche de Baruch y un ex administrador del servicio militar, como cabeza. Johnson adoptó el famoso emblema del Águila Azul y obligó a los comercios a exhibirlo y a cumplir con los códigos de la NRA. Hubieron desfiles, carteleras, afiches, botones, y avisos radiales, todos diseñados para silenciar a aquellos que cuestionaban la política. Desde la Primera Guerra Mundial que no había existido algo como este torrente de conmoción y de coerción. Los precios de corte se convirtieron en “estafa” y el equivalente de la traición. La política fue aplicada mediante un vasto sistema de agentes informantes.

Eventualmente la NRA aprobó 557 códigos básicos y 189 suplementarios, abarcando a cerca del 95 por ciento de todos los empleados industriales. Los grandes empresarios dominaron la redacción y la puesta en ejecución de los documentos. Ellos generalmente apuntaron a suprimir la competencia. Ilustrando prominentemente este esfuerzo se encontraban los precios mínimos, los calendarios de apertura de precios, la estandardización de los productos y servicios, y la notificación previa de la intención de modificar los precios. Habiendo obtenido el compromiso del gobierno de sofocar a la competencia, los magnates esperaban ansiosos el redituable sosiego.

Pero el entusiasmo inicial se evaporó cuando la NRA no cumplió, y por razones obvias. Incluso sus propulsores corporativos comenzaron a oponerse a la regimentación que ella requería. Para el momento en que la Suprema Corte invalidó la carga completa a principios de 1935, la mayoría de sus anteriores partidarios habían perdido el gusto por ella.

Fulminando a la NRA, el Juez Charles Evans Hughes escribió que “las condiciones extraordinarias no crean ni agrandan el poder constitucional.” El Congreso “no puede delegarle facultades legislativas al presidente para ejercitar una discrecionalidad irrestricta de hacer las leyes que él considera que pueden ser necesarias.”

A pesar de la decisión, el enfoque de la NRA no desapareció totalmente. Su lógica económica reapareció en la Ley Nacional de la Relaciones Laborales de 1935, reinstalando los privilegios sindicales, y la Ley de los Estándares Laborales Justos de 1938, estipulando regulaciones para los salarios y las horas de trabajo. La Ley del Carbón Bituminoso de 1937 reinstaló un código al estilo de la NRA para la industria carbonífera, incluyendo la fijación de precios. La Administración del Progreso de los Empleos hizo del gobierno un empleador de ultima instancia. Usando la Ley Connally de 1935, Roosevelt cartelizó a la industria del petróleo. Eventualmente, por supuesto, la Suprema Corte se aproximó a la manera de pensar de Roosevelt.

A pesar de todo esto, la gran promesa de un final para el sufrimiento nunca fue satisfecha. Como el sector estatal drenó al sector privado, controlándolo con un detalle alarmante, la economía continuó sumida en la depresión. El impacto combinado de las intervenciones de Herbert Hoover y de Roosevelt implicó que al mercado nunca le fuese permitido corregirse. Lejos de sacarnos de la Depresión, FDR la prolongó y la profundizó, y trajo un sufrimiento innecesario a millones.

Aún más trágico es el duradero legado de Roosevelt. El compromiso tanto de las masas como de las elites con el individualismo, los mercados libres, y el gobierno limitado sufrió un golpe en los años 30 del cual no ha logrado aún recuperarse completamente. La teoría de la economía mixta continua siendo la ideología dominante respaldando la política gubernamental. En lugar de viejas creencias sobre la libertad, tenemos una mayor tolerancia de, e incluso demanda positiva por, los esquemas colectivistas que prometen seguridad social, protección contra los rigores de la competencia en el mercado, y algo por nada.

“Usted nunca podrá estudiar demasiado a Franklin Delano Roosevelt,” afirma Gingrich. Pero si estudiamos a FDR con admiración, la lección que nos llevamos es ésta: el gobierno es un medio inmensamente útil para alcanzar nuestras aspiraciones privadas, y recurrir a este reservorio de beneficios potencialmente apropiables es perfectamente legítimo. Una cosa a la que tenemos que temer es a los políticos que creen esto.

Traducido por Gabriel Gasave


Robert Higgs es Investigador Asociado Senior en Política Económica y Editor General, The Independent Review, autor de Against Leviathan y Crisis and Leviathan, y director del journal académico trimestral, The Independent Review.




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