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Las recomendaciones de la Comisión sobre el terrorismo pertenecen al archivo circular
29/6/2000
Ivan Eland

Para fingir que se encuentra actuando en una variedad de cuestiones públicas, el Congreso asigna cúmulos de comisiones especiales para estudiarlo todo, desde la sopa hasta las tuercas. La mayoría de las conclusiones y de las recomendaciones de dichos paneles encuentran su camino en el archivo circular. Estaríamos mejor si los resultados de la Comisión Nacional sobre Terrorismo ordenada legislativamente siguiese ese destino.

La comisión–integrada básicamente por halcones que fueron funcionarios gubernamentales y creada en 1998 tras los ataques terroristas con bombas a las embajadas estadounidenses en África del este–recomienda esencialmente destruir los principios centrales de la democracia estadounidense a fin de "salvarla." Las recomendaciones draconianas del panel incluyen el monitoreo de los miles de estudiantes universitarios extranjeros en los Estados Unidos y el convocar a los militares a tomar el control en la eventualidad de un acto terrorista catastrófico sobre el suelo de los EE.UU..

Aunque la comisión observó que la mayoría de los estudiantes extranjeros vienen en paz a los Estados Unidos y no plantean amenaza alguna, una “pequeña minoría puede explotar su condición de estudiantes para apoyar la actividad terrorista.” Seguir a los estudiantes extranjeros hasta los recovecos de los campos universitarios por todos los Estados Unidos no parece ser una manera efectiva de combatir al terrorismo. Más importante aún, el monitoreo de los estudiantes extranjeros parece satisfacer mejor a la difunta policía estatal de la Unión Soviética que a la nación más libre en la tierra.

Emplear a los militares para hacer cumplir la ley ante el evento de un acto terrorista catastrófico es una erosión adicional de la ley del posse comitatus* de 1878, la cual fue diseñada para ayudar a salvaguardar las libertades civiles manteniendo a los militares fuera de la aplicación de ley. Los oficiales de aplicación de ley se encuentran entrenados para ejercer moderación en el uso de la fuerza; los soldados son enseñados para alcanzar sus objetivos a través de la fuerza abrumadora.

Además de minar las amadas libertades civiles estadounidenses, las recomendaciones radicales del panel no se adecuan a la severidad de la amenaza. El gobierno de los EE.UU. gasta $10 mil millones (billones en inglés) al año en la "guerra" contra el terrorismo e involucra a incontables agencias en dicha lucha. El panel recomendó incrementar el financiamiento y las actividades de contraterrorismo, pese a que según el más reciente informe del Departamento de Estado, Patrones del Terrorismo Global, entre 1994 y 1999 un promedio de solamente 11 estadounidenses murieron por año en todo el mundo a causa del terrorismo, la mayoría de los cuales perecieron en el extranjero. Las estadísticas del Departamento de Estado exhiben que Norteamérica es por lejos la región global más segura a los ataques terroristas: En 1999 solamente ocurrió un ataque terrorista anti-estadounidense; durante cinco de los seis últimos años, no ocurrió ninguna muerte por ataques terroristas. Cualquier muerte a causa del terrorismo es una tragedia, pero dicha estadística indica que el esfuerzo de contraterrorismo del gobierno puede sumamente exceder actualmente a la amenaza.

Por supuesto, el informe de la comisión, junto con otros informes gubernamentales, indica que los terroristas podrían pronto ser capaces de adquirir y emplear armas de destrucción masiva (armas nucleares, químicas, y biológicas). Un solo acto exitoso de "terrorismo catastrófico" podría suprimir a decenas o cientos de miles de personas en una ciudad estadounidense. Así, el terrorismo catastrófico–a diferencia del terrorismo más tradicional–sería una amenaza estratégica al propio tejido de la sociedad de los EE.UU..

Pero resulta peligroso y equivocado sostener que debemos ahora minar las libertades civiles a efectos de prevenir un futuro ataque catastrófico que podría promover planteos de reducciones adicionales en las libertades. James Woolsey, ex titular de la Agencia Central de Inteligencia y un miembro de la comisión, utiliza esa lógica para defender a las recomendaciones del panel. Incluso con facultades incrementadas, las agencias encargadas de la aplicación de ley tendrían dificultad para evitar que los terroristas obtengan y contrabandeen a través de los muchos miles de millas de las fronteras de los EE.UU., cantidades pequeñas del material nuclear, biológico o químico necesario para devastar a una ciudad estadounidense. Incluso si los militares tomasen la delantera en responder a un incidente catastrófico, los servicios de emergencia se encontrarían probablemente fácilmente superados por tal ataque. Aunque las oportunidades de prevenir o de mitigar exitosamente un incidente tan horrible son bajas, la probabilidad de un ataque sigue siendo incierta. Por otra parte, la amenaza a las libertades civiles propuestas por la comisión es una certeza y solamente establece un precedente para más medidas draconianas en la estela de un ataque.

Afortunadamente, los Estados Unidos no están forzados a aceptar la compensación que se encuentra implícita en el informe de la comisión. El Presidente Clinton, la Junta de la Ciencia de la Defensa e incluso la comisión en sí misma admiten que el activismo de los EE.UU. en ultramar conduce a un incremento del terrorismo contra objetivos estadounidenses en todo el mundo. La comisión admitió que si “Osama bin laden desapareciese mañana, los EE.UU. aún enfrentarían potenciales amenazas terroristas de parte de un número creciente de grupos opuestos a la percibida hegemonía estadounidense.” En 1999, los ataques contra blancos de los EE.UU. en todo el mundo significaron el 43 por ciento del terrorismo mundial, según el Departamento de Estado. Los Estados Unidos podrían reducir su perfil como blanco para el terrorismo, interviniendo militarmente en el exterior solamente cuando los intereses vitales de los EE.UU. se encuentran en juego. Adoptar una política de contención militar en el exterior le permitiría a los Estados Unidos conservar sus libertades constitucionales únicas, que la comisión sacrificaría alegremente.

*Nota del Traductor:
La Ley de Posse Comitatus del 18 de junio de 1778 establecía entre otras cosas, que desde su sanción no sería legal emplear a alguna parte del Ejército de los Estados Unidos, como un posse comitatus, o con el propósito de ejecutar las leyes, excepto en aquellos casos y bajo aquellas circunstancias en las que el empleo de dicha fuerza estuviese expresamente autorizado por la Constitución o mediante una ley del Congreso.

Traducido por Gabriel Gasave


Ivan Eland es Investigador Asociado Senior y Director, Centro Para la Paz y la Libertad en The Independent Institute en Oakland, California, y autor de los libros Recarving Rushmore: Ranking the Presidents on Peace, Prosperity, and Liberty, The Empire Has No Clothes, y Putting “Defense” Back into U.S. Defense Policy.




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