La FIFA y el análisis de las decisiones públicas
Durante 39 días, el mundo hizo un alto para disfrutar de 104 partidos de fútbol organizados por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). Recordamos la sorpresa que dio el equipo de Cabo Verde, la genial porra noruega, los 6 goles que llevaron a Inglaterra a ganar el bronce, la agridulce despedida de Messi, y otros momentos emotivos.
También comentamos hechos inquietantes, como cuando Donald Trump hizo una indebida llamada al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, solicitando revertir los efectos de la inapelable tarjeta roja que recibió el jugador estadounidense Folarin Balogun. O disectamos cómo el flujo del juego cambió debido al video arbitraje. Evidentemente, los cambios de las reglas alteran los resultados.
Así, empezamos a pensar acerca de la gobernanza de la FIFA desde el análisis de las decisiones públicas (Public Choice). Este enfoque también nos permite explorar la naturaleza monopólica de la FIFA, las oportunidades creadas para la búsqueda de rentas, el problema principal y agente, y la política de votos.
La FIFA agrupa a 211 federaciones nacionales de fútbol y está conformada por un Congreso, un Consejo y una Secretaría General. Es la única institución reconocida internacionalmente para el establecimiento de las reglas del fútbol mundial, para organizar las copas mundiales, y para reconocer competencias regionales. Por ende, constituye un monopolio, y ello implica que está sujeta a pocos mecanismos de disciplina. Dispone de discrecionalidad para el diseño de las normas y para distribuir recursos económicos, y los costos por las malas decisiones son reducidos.
Segundo, diversas entidades invierten cuantiosas sumas para cabildear a las autoridades de la FIFA en búsqueda de ganancias. La FIFA designa las sedes de las copas mundiales, concede derechos de transmisión, y autoriza a patrocinadores. Financia la construcción de estadios e infraestructura en países anfitriones, e invierte millones en las pruebas de las canchas de juego. Autoriza espacios de parqueo y de hospedaje. Los potenciales proveedores de estos servicios compiten entre sí para acceder a esas rentas protegidas.
El problema principal-agente se produce cuando el agente contratado para servir los intereses del principal aprovecha su acceso asimétrico a la información, y su poder de decisión, para apalancar su poder político o para el enriquecimiento personal. Los funcionarios de la FIFA, ¿aprovechan su posición para beneficiarse personalmente antes que velar por el interés de los miembros (el principal)? Al designar el país sede de la copa, ¿priva el interés de los clubes federados, o del comité ejecutivo?
Finalmente, la regla de “un país, un voto” genera incentivos peculiares. Tienen la misma incidencia electoral aquellos países con poblaciones pequeñas y un bajo número de futbolistas registrados que aquellos con ligas altamente profesionalizadas y que aportan más recursos financieros. El poder político no coincide con el poder deportivo, ni el poder económico. Al momento de maximizar votos, entonces, la estrategia óptima, y que además reduce el costo político, es la de formar coaliciones que aglutinan al mayor número de las federaciones pequeñas. Quienes buscan apoyo electoral priorizan a las federaciones que son electoralmente valiosas, y eso tiene consecuencias no previstas para el deporte en general.
El Public Choice demuestra que el comportamiento de los distintos tomadores de decisiones responde a los incentivos que genera la compleja estructura de la FIFA. Nos invita a reflexionar sobre cómo la calidad de la gobernanza depende del perfectible diseño de las instituciones que rigen al deporte más popular del mundo.
La autora estudió Ciencias políticas y Economía en Dartmouth College, en New Hampshire y Obtuvo una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C. EE. UU.. Es profesora universitaria de análisis económico de la política, desarrollo económico e historia; miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Económico-Sociales(CEES) y de la Asociación Familia, Desarrollo y Población (FADEP); y de la Sociedad Mont Pelerin.
- 28 de septiembre, 2026
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