Estatismo y energía en Latinoamérica
Jaime Millán, quien se desempeñó como economista del Banco Interamericano de Desarrollo, publicó en 2006 un libro en el que analiza el éxito de las reformas energéticas implementadas desde los noventa en América Latina.
Por reforma, Millán se refiere en su libro a la transición desde un monopolio estatal verticalmente integrado hacia distintos modelos con participación privada en la generación, transmisión y distribución de la electricidad. Si bien el pionero regional en esta reforma fue Chile, luego siguieron detrás de sus pasos Argentina, Brasil, Colombia y Perú. En cada caso, Millán destaca los aciertos y desaciertos. Luego de un compendio de expectativas de las reformas que no fueron satisfechas, Millán dijo:
“Después de leer este coro de lamentaciones, un lector desprevenido podría coincidir con los críticos en que la reforma ha sido un fracaso y que sería mejor regresar al modelo estatista. Sin embargo, los defensores de esta interpretación extrema se olvidan convenientemente de analizar las razones que llevaron al fracaso del modelo estatista en muchos países”.
¿Por qué fracasó? No se recuperaban los costos de operación y los gobiernos no lograron evitar caer en la tentación de utilizar las empresas estatales para propósitos distintos a la estricta provisión de servicios. En otras palabras, hubo dificultad controlando la corrupción y politización en la administración de dichas empresas. Además, las empresas se volvieron una carga para gobiernos en apuros por deudas heredadas de los experimentos de planificación central que se implementaron en gran parte de la región desde los sesenta.
El modelo estatista colapsó cuando se acabó la bonanza de materias primas y se cerraron los mercados de capitales a la mayoría de gobiernos en la región. Millán luego enumera logros de las reformas de los 90:
-Participación del sector privado: “Entre 1990 y 1999 el sector privado invirtió $ 16.000 millones en nueva capacidad y al final del periodo las amenazas de cortes del suministro eléctrico se habían reducido en casi todos los países”.
-Mejoras en eficiencia: “La mayoría de las empresas distribuidoras privatizadas aumentaron sustancialmente su eficiencia con la eliminación de las pérdidas técnicas y no técnicas, reduciendo el exceso de personal y ofreciendo a la vez un servicio de mejor calidad… Por ejemplo, Codensa, la distribuidora privatizada de Bogotá, disminuyó sus pérdidas a casi la mitad, del 24 % al 12,5 %; aumentó la cantidad de clientes por empleado, de 800 a 1.900, y redujo la frecuencia de apagones y el tiempo promedio de cortes de suministro en más del 30 % en solo dos años y medio”.
-Precios: “Los precios al por mayor también han disminuido en los países donde se ha introducido la competencia, hasta el 30 % en Argentina y el 20 % en Colombia”.
-Finanzas públicas: “Los gobiernos en general se beneficiaron de los ingresos que recibieron de las privatizaciones y del alivio fiscal que representó no tener que continuar financiando empresas deficitarias”.
Mientras el Gobierno y la Asamblea sigan pensando en las elecciones, sin comprender la gravedad de la crisis energética, no lograrán ni resolverla ni reelegirse. Las crisis suelen ser puntos de inflexión. Ojalá aprovechemos esta para acabar con el monopolio estatal.
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