A media luz en Guatemala

República

Nuevamente el tema del cobro de la energía eléctrica vuelve a ser noticia y motivo de discusión general. Son varios los aspectos que se entremezclan en el tema del cobro por la energía, por un lado está la forma en que se calcula uno de sus componentes, el VAD o Valor Agregado de Distribución, el cálculo de la tarifa por alumbrado público que hacen las municipalidades, también está el tema del robo de la energía eléctrica por parte de organizaciones de pseudocampesinos, específicamente del Comité de Desarrollo Campesino, Codeca; entre otros aspectos.

Si empezamos con el tema de la tarifa por alumbrado público, nos damos cuenta que carece no sólo de bases sólidas para su cálculo sino que adolece de bases legales para dicho cobro. Muchas municipalidades han visto este cobro como un medio para agenciarse recursos sin tener mayor desgaste político, ya que no son ellos quienes lo cobran directamente sino que utilizan a las distribuidoras para cobrarlo en su nombre. 

Cabe resaltar el precario o inexistente servicio de alumbrado público, en muchos lugares se ha reportado que se llega a pagar más por esta tarifa que por el mismo consumo de energía. Esto último ha servido de excusa para que delincuentes justifiquen el robo de la energía como una acción reivindicadora de las clases oprimidas.  Estos grupos en lugar de pedir se revise o sancione a quienes abusan por este cobro, lo utilizan como pretexto para el robo, según ellos, “justificado”, además de pedir la nacionalización en la generación, el transporte y la distribución de la energía. 

Existen cientos, sino es que miles, de denuncias en contra de “líderes” pseudocampesinos de Codeca por ofrecer conexiones eléctricas ilegales a cambio de un cobro fijo mensual, por amenazas a quienes no ceden ante sus ofrecimientos ilegales, así como por destrucción de propiedad privada y secuestro de trabajadores de Energuate, la empresa distribuidora. Eso, sin ahondar en el tema del financiamiento electoral del partido de Codeca, el MLP.

Sólo el año pasado, la distribuidora calculaba pérdidas de USD$28 millones anuales por el robo de energía eléctrica. Si hacemos un alto hasta aquí podemos analizar que una cosa son las pérdidas por ineficiencias empresariales ya sea operativas y/o administrativas y otras las generadas por el robo del servicio.

Considero que en ninguna de las dos se debe cargar al usuario el costo de las ineficiencias, ya sea empresariales o del gobierno.  En el caso de la primera, cuando los mercados son abiertos, la competencia hace que los precios bajen, la innovación permite mejorar el servicio. Entre más ineficiente sea una empresa en el manejo de sus operaciones menor será su margen. En pocas palabras, la única forma de cargar al consumidor las ineficiencias es a través del uso de la fuerza del gobierno.

En el caso de pérdidas generadas por el robo, extorsión, o cualquier otro método violento; es el gobierno quien tiene la obligación de proteger la propiedad de cualquier persona sea jurídico o individual. Es el Ministerio Público, el organismo obligado a investigar las denuncias presentadas y solicitar el juicio de los responsables del delito, cuando así corresponda después de una investigación seria y profesional, corresponde también a la policía ejecutar las órdenes de captura emitidas por juez, resguardar la integridad física de quienes son amenazados y detener a quienes son sorprendidos, en flagrancia, alterando las conexiones eléctricas.

La falta de certeza jurídica, en la que jueces amparan a un procurador de los derechos humanos preocupado por proteger a quienes violan el derecho de los demás, en lugar de proteger a la víctima; hacen del delito una “negocio” lucrativo ya que el nivel de impunidad es tal que, en su momento exsecretarias del MP salieron, de las instalaciones del mismísimo MP, a recibir y agradecer el apoyo de Codeca.

Los líderes de Codeca no son los únicos responsables de este problema, también están el MP, la PNC, OJ, municipalidades, entre otros, que han actuado de forma timorata para defender lo correcto: el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad.

Quiénes alegan que la energía eléctrica es un recurso del Estado y por consiguiente de los guatemaltecos, los invito a que vayan a cualquier río a conectar el celular por el cual se expresan en las redes; o si lo prefieren pueden irse cerca del volcán de Pacaya y conectarse en cualquier columna de vapor que encuentren en el parque; o mejor aún pararse en medio del patio de su casa, donde haya luz solar, para que extiendan su celular y se cargue. En pocas palabras, la energía eléctrica que consume no se produce por generación espontánea.

Mientras la ineficiencia del Estado sea tal que genere pérdidas a quienes emprenden, invierten y se arriesgan, seguiremos subsistiendo en una economía a media luz y probablemente con apagones.