Argentina: Candidaturas, renuncias y licencias

Por Alberto Medina Méndez

Infobae

Con la nómina de pre –
candidatos a legisladores nacionales ya confirmada en todo el país, se renueva
un eterno dilema que, lamentablemente, tiene poca trascendencia para muchos
ciudadanos, pero que se constituye en un síntoma más de la escasa calidad de la
dirigencia política y la baja expectativa de una sociedad que espera casi nada
de los postulantes.

Una candidatura política a
un cargo electivo cualquiera, supone la existencia de una campaña que permita
al postulante posicionarse para ser considerado seriamente por los votantes
como un individuo elegible.

En el deambular proselitista, suelen estar ausentes los debates, tal vez porque
no sobran las ideas y propuestas, a veces porque los candidatos no tienen
ninguna y otras porque la ciudadanía tampoco las considera un requisito
determinante para seleccionar una lista por sobre la otra.

La transparencia no solo
debe plantearse en este esperable terreno, sino en el del financiamiento de la
política, la pata más débil de este frágil sistema.

En ese contexto, parece
haberse naturalizado la idea de que un candidato, que eventualmente es
funcionario público y ocupa un cargo en algún poder del gobierno, en cualquier
jurisdicción municipal, provincial o nacional, no precisa pedir licencia en sus
tareas, ni mucho menos renunciar a ellas.

Por eso se dan situaciones
en las que ese funcionario en campaña, con una impunidad absoluta, aparece en
fotos, entrevistas, ruedas de prensa y cuanta actividad proselitista pueda
imaginarse, mientras se supone que ejerce una labor pública por la que está
recibiendo una remuneración.

Es evidente, que hace campaña durante su tiempo de trabajo y por ende falta a
sus responsabilidades, percibiendo entonces una compensación económica que no
le corresponde, ante su inocultable ausencia laboral.

Ni hablar de cuando los
recursos del Estado, pasan a integrar el patrimonio privado o partidario del
candidato, que utiliza sin escrúpulo alguno, teléfonos, oficinas, movilidad,
viáticos, secretarios, asesores, empleados de cualquier jerarquía, dineros
públicos en todas sus formas, para financiar su campaña como si le
pertenecieran.

No vale la pena profundizar demasiado en hechos de corrupción, que incluyen
malversación de fondos estatales cuando cancelan facturas apócrifas para
justificar la contratación de servicios o compras de bienes que nunca
existieron, como un modo habitual de desviar recursos públicos hacia la
dinámica electoral.

Lo menos que se puede
esperar de un candidato a un cargo electoral, es alguna cuota de honestidad y
transparencia, y por lo tanto que abandone su actual función, que renuncie, o
que al menos pida licencia, durante el lapso de su campaña, para asegurar,
cierta decencia y al menos un respeto por el cuidado de las formas.

Si un candidato no es capaz de tener esos mínimos valores morales parcialmente
ordenados, exhibirlos sin dobleces, pues que se puede esperar entonces de ese
personaje, cuando acceda a posiciones superiores, de mayor poder, donde su
discrecionalidad invariablemente se multiplicará.

Este planteo es igualmente
válido para aquellos que sin ser funcionarios públicos, participan activamente
de las organizaciones de la sociedad civil desde ámbitos gremiales, sociales y
hasta absolutamente privados. También, en esos casos, deberían tener la
capacidad de separar claramente su acción, respetando su espacio original, para
salvaguardar a las empresas, sindicatos o instituciones desde las que se
sumaron a la política.

Para muchos puede ser este
un asunto menor, sobre todo en estos  tiempos de una fuerte presencia de
la corrupción estructural que se hace evidente en todo momento y lugar, con
circuitos plagados de desprolijidades cotidianas y escaso decoro. Pero es
probable que el problema sea justamente ese aspecto descuidado de la política y
la excesiva tolerancia social frente a su existencia.

Una sociedad que no puede
exigir esa mínima cuota de recato, mucho menos podrá evitar los abusos
descarados de los funcionarios, que hacen un uso arbitrario del poder,
confundiendo Estado, gobierno y partido, siempre para beneficio de sus
intereses mezquinos, sectarios y sesgados.

Que esta forma de hacer
política sea parte de la rutina, no la convierte ni en correcta ni en
aceptable. Y en todo caso, termina mostrando la importante dosis de responsabilidad
ciudadana en estos procesos de progresivo deterioro moral de la política.

Tal vez sea necesario que la
sociedad sea más rigurosa en estas cuestiones, a la hora de seleccionar
candidatos. Es probable también que estén faltando líderes políticos capaces de
intentar hacer las cosas de otro modo, al menos ocupándose de guardar las
formas y mostrar que se puede recuperar algo de la política si se la encara con
seriedad y decencia.