Evo Morales y el secuestro de un senador

Por Pedro Corzo

Correo de Buenos Aires

Evo Morales, se ha sumado a la larga lista de déspotas del hemisferio que
niegan el salvoconducto a los asilados para que puedan abandonar el país,
situación que convierte al internado en un rehén del gobierno.

El
senador opositor Roger Pinto cumplió un año secuestrado en la embajada
brasileña porque el gobierno de Bolivia no le concede  la autorización
necesaria para salir del país.

La
oposición boliviana acusó al canciller brasileño Antonio Patriota de la
situación que enfrenta el legislador. Numerosos analistas consideran que el
gobierno de Brasil no ha ejercido la presión necesaria para que La Paz conceda
el salvoconducto a Pinto, lo que testimonia que la mutua protección, el
silencio cómplice o un dejar hacer, siguen siendo una práctica regular entre
los gobiernos de nuestro continente.

Los
mandatarios latinoamericanos continúan escondiendo la cabeza en la ignominia,
los avestruces al menos lo hacen en la tierra, cuando sus colegas actúan
contra los derechos de sus propios ciudadanos.

Son
contadas las excepciones en las que un presidente latinoamericano en ejercicio
cuestiona o critica a un homólogo. La doble moral, en este caso llamada
diplomacia o no intervención, prima sobre el derecho y el más elemental sentido
de justicia, valores que no deberían reconocer fronteras, alianzas
políticas o factores económicos.

La
presidenta brasileña Dilma Rousseff, una mujer que fue perseguida por la Junta
Militar de Brasil y que debería tener una especial sensibilidad ante estas
situaciones, no ha actuado con firmeza en la defensa de un perseguido político,
una actitud en cierta medida contraria a la propia constitución brasileña que
consagra el derecho de asilo en su artículo cuarto.

El
legislador Pinto presentó un recurso de habeas corpusextraterritorial ante
el Supremo Tribunal Federal de Brasil para qué el gobierno de Rousseff hiciera
prevalecer el asilo político que le concedió en mayo del pasado año.

Por
su parte el senador brasileño Álvaro Días denunció a Bolivia  ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos reclamando garantías para que el senador asilado, quien solo puede
recibir visitas de familiares muy allegados, abogados y su médico, pueda viajar
a Brasil.

Días,
en su declaración destaca la criminalización de la justicia en Bolivia y su
dependencia del poder ejecutivo, una práctica regular en todos los países del
denominado Socialismo del Siglo XXI.

También
acusa entre otros al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García
Linera por la situación que sufre el senador Pinto, que en su momento denunció
el nepotismo del gobierno, la posible participación de entidades oficiales en
el narcotráfico, la brutalidad policial y el control que ejerce el ejecutivo
sobre el poder judicial.

El
senador Días imputó al gobierno boliviano de haber arrestado a 12 aficionados
del equipo brasileño de futbol Corinthians en represalia por el asilo que
Brasil concedió al senador.

Los
12 fanáticos del  equipo brasileño se encuentran detenidos en Oruro,
Bolivia, por su presunta participación en la muerte del adolescente Kevin
Beltrán Espada, alcanzado por una bengala que le causó la muerte, a pesar de
que otro fanático del equipo se declaró culpable del incidente.

Varios
legisladores brasileños han manifestado preocupación e interés en la situación
de sus compatriotas presos en Bolivia y los cancilleres de La Paz y Brasilia,
reunidos en Cochabamba, acordaron conformar una comisión binacional encargada
de buscar solución al caso Pinto, sin embargo el canciller boliviano, David
Choquehuanca, ratificó la postura de su gobierno y dijo que no era viable
conceder el salvoconducto al refugiado.

A
su vez el presidente Morales dijo que el proceso está en los tribunales y que
estos son independientes, agregó que el caso no ha afectado “para nada” a las
relaciones con Brasil que, según afirmó son “muy fluidas”.

La
confabulación entre gobiernos es una realidad. Recordemos la estrecha
colaboración  entre la dictadura militar argentina con el totalitarismo
castrista en las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas en Ginebra.

Las
dos dictaduras se asociaron para evitar ser condenadas por las tropelías que la
una y otra cometían contras sus respectivos pueblos. Dos regímenes de políticas
e ideologías absolutamente antagónicas fueron capaces de prestarse apoyo mutuo
para lograr sobrevivir. La extinta Unión Soviética tuvo un importante rol en
esta sucia componenda.

No
pocos gobernante consideran importante pasar por alto los abusos y errores de
sus colegas, ya que esperan que sus homólogos tengan igual nivel de compresión
si ellos se vieran precisado a actuar fuera del marco de los derechos
ciudadanos, un oportunismo que viene afectando los cimientos de la solidaridad
hemisférica, y, en consecuencia, la credibilidad de los políticos y la
confianza de los ciudadanos en la democracia.

Pedro Corzo es un periodista e investigador cubano.
Preside el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Ha
producido siete documentales sobre la lucha a favor de la democracia en Cuba,
entre ellos “Guevara, Anatomía de un Mito” y “Las Torturas de Castro”. Ha
publicado “Cuba, Cronología de la lucha contra el Totalitarismo”, “Mártires del
Escambray” y el ensayo “Perfiles del Poder”.