El eco de Eco: Otra vez la libertad de prensa
Por Alberto Benegas Lynch (h)
Hay autores que se pronuncian
sobre diversos temas de interés general pero sus manifestaciones se reducen a
un ámbito más o menos parroquial, sin embargo hay otros que emiten declaraciones,
pronuncian conferencias o publican ensayos y sus palabras recorren casi
instantáneamente el planeta. Este es el caso, por ejemplo, de Umberto Eco.
Las últimas manifestaciones de
este profesor de Bolonia han sido en la Universidad de Burgos hace unos pocos
días con respecto a las casas de estudios de la más alta instancia. Sostiene
Eco que las universidades son para la élite en el sentido de los mejor dotados
mentalmente para el estudio de las correspondientes disciplinas, es decir, los
que revelan mayor potencial y a su vez más interesados en la investigación. En
otros términos, para una aristocracia intelectual y que constituye un error el
que todos se sientan obligados a recibir un grado universitario cuando sus
talentos y habilidades reflejan otra dirección y otros intereses. Dice el
profesor italiano que, entre otras cosas, el permitir ingresos masivos a este
tipo de casas de estudio no solo perjudica la reputación de la universidad en cuestión
sino que obstaculiza en grado sumo la faena docente y el desempeño de los
estudiantes destacados.
En no pocos lugares, en
universidades estatales se ha implantado el “ingreso irrestricto” (a las
autoridades de ninguna universidad privada se le ocurriría semejante desatino,
aunque más no sea en consideración a la limitación de sus instalaciones) lo
cual es siempre contraproducente ya que cualquiera sabe que resulta
indispensable para el buen funcionamiento de las llamadas altas casas de
estudio que sus puertas se abran a quienes tienen una base de aprendizaje al
efecto de hacer que las clases no comiencen de cero atrasando el dictado de los
cursos.
Como es sabido este tema no ha
sido el único eco de Eco puesto que el autor en cuestión ha explorado muy
distintos y complejos andamiajes. Por ejemplo, y muy destacadamente la
interpretación de textos en donde recomienda la aplicación del método
popperiano de corroboraciones provisorias y refutaciones para acercarse a la
verdad de lo que trasmite un escritor en su obra, pero en esta nota periodística
me detengo en otro aspecto de su prolífica producción. Me refiero a interesantes
consideraciones que dan pie para elaboraciones ulteriores respecto a la
libertad de expresión.
Son muchos los aspectos que
aborda Eco sobre este tema en su conferencia en el Senado romano ante los
miembros de ese cuerpo legislativo y directores de los periódicos más
importantes de Italia, pero en esta nota tomo uno de los temas que menciona: la
función crítica del periodista. Este filósofo de la lengua sostiene que “La
función del cuarto poder es, sin duda, la de controlar y criticar a los otros
tres poderes” y también que “es garantía de salud para un país democrático que
la prensa pueda cuestionarse a sí misma”.
A partir de esta premisa apuntadas
por Umberto Eco elaboraré muy telegráficamente sobre puntos que ya he
mencionado más detenidamente en otras ocasiones, por ejemplo en “La Nación” de
Buenos Aires (“Asalto a la libertad de prensa”, abril 10 de 2012), aunque en
esta ocasión agrego otras observaciones debido a nuevos aportes al debate que
han aparecido durante este último año. A partir de ahora lo que sigue es de mi
cosecha, lo cual no necesariamente compartirá Eco ya que en la antedicha
conferencia no toca los temas que siguen sino que se interna por otros
vericuetos.
Asistimos con alarma y gran
preocupación al espectáculo lamentable en el que los dictadores electos y los de facto indefectiblemente la emprenden
contra los medios y periodistas independientes, en verdad un pleonasmo ya que
el “periodismo oficialista” deja de ser periodismo pero, dada la situación
imperante, se hace necesario el adjetivo…a veces el antiperiodismo se
autodenomina “periodismo militante”, una figura bochornosa pero que pone al
descubierto la naturaleza vertical y militar del fenómeno.
La libertad de expresión es la
manifestación de la libertad de pensamiento lo cual se torna indispensable para
la vida del ser humano cuya característica sobresaliente es precisamente la de
pensar y, consecuentemente, para el progreso puesto que éste se basa en un proceso
evolutivo que demanda debates abiertos, todo lo cual solo tiene lugar en
libertad. Esa es la razón por la que las
Constituciones de las sociedades abiertas le atribuyen primordial importancia a
la libertad de prensa y por la que los megalómanos tanto le temen a las voces
que difieren con el discurso oficial.
Habiendo dicho esto, conviene
precisar que hay reparticiones gubernamentales que muchas veces se dan por
sentadas en regímenes democráticos pero que llevan la semilla de la destrucción
del sistema, léase las agencias de noticias oficiales que sientan las bases
para la manipulación de las pautas publicitarias, propaganda gubernamental y
otras tropelías. En una sociedad abierta la publicidad oficial se terceriza sin
necesidad de contar con una repartición estatal y les está vedado a los
gobernantes participar en nada que esté relacionado con la prensa, tal como
empresas de papel, el establecimiento de medios estatales, el mantenimiento de
figuras inquisitoriales como la del “desacato” o la asignación de frecuencias
radiales y televisivas puesto que el espectro electromagnético es susceptible
de asignarse en propiedad y así liberarse de la fatídica figura de la concesión
que siempre significan una peligrosa espada de Damocles.
Ni siquiera tiene sentido el
tan controvertido “espacio de protección al menor” lo cual para ser efectivo
habría que bloquear señales satelitales provenientes de otros países que operan
en horarios bien distintos. La responsabilidad de lo que ven o escuchan los
menores es tarea indelegable de los padres con la ayuda de los modernos
sistemas de bloqueo de programas, sin perjuicio de las eventuales advertencias
de los propios anunciadores.
Sin duda que la libertad de
expresión para nada deshecha la posibilidad de que la Justicia proceda con las
penas que estime necesario si se han vulnerado derechos, pero esto en ningún
caso admite la censura previa. Solo los totalitarios y los brutos morales (que
son sinónimos) pueden patrocinar la clausura de debates abiertos sobre todos
los temas concebibles.
Nada más importante que la
libertad de expresión para respirar aire puro, someter al veredicto de la gente
lo que ocurre en los pasillos de las burocracias y juzgar las diversas
opiniones que se presentan, y probablemente nada haya más repugnante que un
alcahuete enmascarado de periodista. Mario Vagas Llosa en un artículo que lleva
el sugestivo y muy ilustrativo título de “El periodismo como contrabando” al
referirse a un caso específico condena sin atenuantes a “un propagandista
disfrazado de periodista, de un escriba que hace pasar sus opiniones como
informaciones”.
La función primordial del
periodismo es la crítica al poder para así contribuir a mantener en brete a lo
que siempre está en potencia de convertirse el un Leviatán que todo lo aplasta
y engulle a su paso. Como nada al alcance de los mortales es perfecto, es deber
del periodismo hurgar, escudriñar y poner al descubierto lo que se estima son
desvíos de los gobiernos de su misión específica de garantizar y proteger los
derechos de todos, así como también cualquier noticia referida a otros ámbitos
que se estime pertinente comentar .
Esta
plena libertad incluye el debate de ideas con quienes implícita o
explícitamente proponen modificar el sistema, de lo contrario se provocaría un
peligroso efecto boomerang (la noción opuesta llevaría a la siguiente pregunta,
por cierto inquietante ¿en que momento se debiera prohibir la difusión de las
ideas comunistas de Platón, en el aula, en la plaza pública o cuando se incluye
parcial o totalmente en una plataforma partidaria?). Las únicas defensas de la
sociedad abierta radican en la educación y las normas que surgen del
consiguiente aprendizaje y discusión de valores y principios.
De
la libertad de expresión se sigue la de asociación y de petición que deben
minimizar las tensiones que eventualmente generen batifondos extremos y altos
decibeles que afectan los derechos del vecino, lo cual en un sistema abierto se
resuelve a través de fallos en competencia como mecanismo de descubrimiento del
derecho y no como ingeniería legislativa y diseño arrogante.
Otra
cuestión también controversial se refiere a la financiación de las campañas
políticas. En esta materia, se ha dicho y repetido que deben limitarse las
entregas de fondos a candidatos y partidos puesto que esos recursos pueden
apuntar a que se les “devuelva favores” por parte de los vencedores en la
contienda electoral. Esto así está mal planteado, las limitaciones a esas
cópulas hediondas entre ladrones de guante blanco mal llamados empresarios y el
poder, deben eliminarse vía marcos institucionales civilizados que no faculten
a los gobiernos a encarar actividades más allá de la protección a los derechos
y el establecimiento de justicia. La referida limitación es una restricción
solapada a la libertad de prensa, del mismo modo que lo sería si se
restringiera la publicidad de bienes y servicios en diversos medios orales y
escritos.
También
es viene muy al caso mencionar el muy difundido caso de quien grita “fuego!” en
un teatro colmado de gente cuando en verdad no hay tal incendio. Habitualmente
se esgrime este ejemplo para concluir que hay límites a la libertad de
expresión. Esto así está mal concebido si no se precisa el tema contractual
vinculado a los derechos de propiedad que subyacen. En otros términos, el dueño
del teatro y los espectadores se han comprometido, uno a ofrecer la función
respectiva y los otros a presenciarlas lo cual no autoriza a ninguna de las dos
partes a gritar nada ni a ninguna otra cosa como no sea el cumplir con lo contratado.
En cambio, si en realidad hubiera un incendio cualquiera de las partes puede
expresar la alarma que protege las vidas de los contratantes. No se trata
entonces de una limitación al derecho la falsa alarma sino una obligación a
ceñirse a lo estipulado.
De
más está decir que la libertad de investigación periodística no puede lesionar
derechos (nadie lo puede hacer en una sociedad civilizada) lo cual implica
respetar el derecho a la intimidad. Este derecho consagrado en todas las
Constituciones liberales, fue explicitado de modo detallado en 1890 por Samuel
Warren y Luis Brandis en un ensayo titulado “The Right to Privacy” (Harvard Law Review) y más adelante el
célebre libro de Vance Pakard que bajo el título de La sociedad desnuda alude a todos los mecanismos y tecnologías
gubernamentales y privadas que pueden utilizarse como invasivas (rayos láser,
potentes máquinas fotográficas, telescopios y eventualmente aparatos que puedan
captar ondas sonoras de la voz a grandes distancias) y las preguntas insolentes,
formularios improcedentes y regulaciones invasivas por parte del Leviatán. Por
razones de seguridad, la instalación de cámaras televisivas deben ser
anunciadas por el instalador para dar la posibilidad de no transitar o visitar
los lugares así vigilados. Por su parte, las llamadas cámaras ocultas en la
mayor parte de las normativas penales no se aceptan como pruebas de un delito
al ser recabadas por medio de otro delito.
Tal
como escribe Milán Kundera en La
insoportable levedad del ser “la persona que pierde su intimidad, lo pierde
todo”. El derecho a la privacidad significa el resguardo a lo más caro del
individuo, como consigna Santos Cifuentes en El derecho a la vida privada,
constituye una extensión del derecho de propiedad. En la sociedad abierta,
el sentido básico de resguardar ese sagrado derecho está dirigido
principalmente aunque no exclusivamente
contra los gobiernos.
Las
personas tienen el derecho a resguardar sus personas, sus papeles, sus archivos
en sus computadoras, sus correos electrónicos, sus casas y en general sus
efectos contra requisitorias y revisaciones y que ninguna orden de Juez puede
librarse sin causa probable de delito sustentada en el debido juramento y con
la expresa descripción del lugar específico, los objetos y las personas a ser
requisadas.
Afortunadamente
han pasado los tiempos del Index
Expurgatoris en el que papas pretendían restringir lecturas de libros, pero
irrumpen en la escena comisarios que limitan o prohíben la importación de
libros, dan manotazos a la producción y distribución de papel, interrumpen
programas televisivos o, al decir del decimonónico Richard Cobden, establecen
exorbitantes “impuestos al conocimiento”. La formidable invención de la
imprenta por Pi Sheng en China y más adelante la contribución extraordinaria de
Gutemberg, no han sido del todo aprovechadas, sino que a través de los tiempos
se han interpuesto cortapisas de diverso tenor y magnitud pero en estos
momentos han florecido (si esa fuera la palabra adecuada) megalómanos que
arremeten con fuerza contra el periodismo.
Esto
ocurre debido a la presunción del conocimiento de gobernantes que sin vestigio
alguno de modestia, se autoproclaman sabedores de todo cuanto ocurre en el
planeta, y se explayan en vehementes consejos a obligados y obsecuentes
escuchas en imparables verborragias.
Dados
los temas controvertidos aquí brevemente expuestos -y que no pretenden agotar
los vinculados a la libertad de prensa- considero que viene muy al caso
reproducir una cita de la obra clásica de John Bury titulada Historia de la libertad de pensamiento:
“El mundo mental del hombre corriente se compone de creencias aceptadas sin
crítica y a las cuales se aferra firmemente […] Una nueva idea contradictoria
respecto a las creencias que sustenta, significa la necesidad de ajustar su
mente […] Las opiniones nuevas son consideradas tan peligrosas como molestas, y
cualquiera que hace preguntas inconvenientes sobre el por qué y el para qué de
principios aceptados, es considerado un elemento pernicioso”.
No
se si Eco coincidirá o no con estas apreciaciones, pero en todo caso su
discurso invita a pensar y abre avenidas para la reflexión que es precisamente
la misión de todo intelectual que merezca ese nombre.
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