Barreras al libre comercio perjudican a la gente

Por Pablo Benitez Jaccod

Diario Rio Negro

Cuando uno lee los argumentos esgrimidos
por parte de algunos dirigentes políticos, funcionarios o productores de
la provincia de Río Negro y Neuquén que saludan con alegría el
corrimiento de la barrera sanitaria por parte del Ministerio de
Agricultura de la Nación al río Colorado, encontramos en sus
razonamientos una idea medular. Lo que ellos esencialmente argumentan es
que desde ahora tendremos la real posibilidad de potenciar la ganadería
en la región, que sufrirá un incremento de la demanda ante la
imposibilidad de ingresar ganado en pie y carne con hueso a la región.

Se
admite que el stock ganadero de la región no alcanza para abastecer la
demanda local, pero que no hay razones para aumentar los precios, ya que
el valor del ganado en pie no varió desde hace dos años (pretenden que
ante una menor oferta los precios se mantengan), y que el reto es hacer
que alcance para poder producir lo que consumimos. También sostienen
que, de cara al futuro, con esta medida se abrirá el acceso a los
mercados externos a un mayor número de productores ganaderos.

Es
necesario mencionar que a los pocos días de comenzar a percibirse los
efectos no deseados del aumento del precio de la carne, el gobierno
provincial amenazó a los comerciantes del rubro con someterlos a
inspecciones sorpresa a través de un grupo que tendrá como objetivo
"preservar el poder adquisitivo de nuestros ciudadanos".

Una
primera dificultad de las políticas de contenido voluntarista es que al
querer violar las leyes de la economía y del funcionamiento de la
sociedad, sólo logran que se produzca el "cierre" de un determinado
problema al costo de "abrir" otro u otros de mayor magnitud que el
anterior.

Me permito ser poco optimista sobre las medidas hacia el
sector ganadero provenientes del Ejecutivo nacional (y apoyadas por los
gobiernos de Neuquén y Río Negro), sobre todo luego de conocerse los
datos sobre la caída estrepitosa de las exportaciones de carne durante
el período comprendido entre el 2005 y el 2012. En el 2005, según se
desprende de la información brindada por el Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina Ipcva, la Argentina exportaba 762.000 toneladas
de carne, ocupando el tercer puesto detrás de Estados Unidos y Brasil.
Pasó en el 2012 al décimo puesto con 180.000 toneladas, relegando a la
Argentina a ubicaciones de exportación detrás de países mucho más
pequeños como Uruguay, Paraguay y Nueva Zelanda, entre otros.

Todo
esto no fue gratis, según este informe las divisas perdidas a causa del
declive exportador alcanzaron los 4.500 millones de dólares acumulados.

El
espíritu de los argumentos que uno lee en defensa de la barrera
sanitaria no son nuevos, los mismos buscan la protección a industrias
incipientes de la zona, en este caso un proteccionismo regional, y
representan un claro financiamiento de los consumidores hacia los grupos
locales que celebran esta medida. De esta forma creen poder competir en
el extranjero, lo cual es un fin loable, pero siempre será a costa del
bolsillo del consumidor.

Parecieran no recordar que la
liberalización del comercio interior fue uno de los puntos centrales a
resolver en la organización nacional en 1853, ya que su entorpecimiento
dificultaba el desarrollo económico. Nadie podía hablar de unidad
nacional si las mercaderías que salían de una provincia debían pagar
alguna especie de "derecho de introducción" o sufrir limitaciones al
pasar a otra provincia o ciudad. Los artículos 9, 10, 11 y 12, referidos
a la cuestión aduanera y a la prohibición de los "derechos de
tránsito", plasmaron constitucionalmente la exitosa política de la
generación de 1853. Con los aranceles –ya sea en su versión
paraarancelaria– no hay incentivos suficientes para aumentar la
competitividad. Por eso en general estas industrias nunca maduran y el
resultado es un sector permanentemente ineficiente y aranceles que
tienden a perpetuarse en el tiempo a costa del bienestar del consumidor.

No
es menos grave la intención por parte del gobierno provincial y
nacional, que en forma conjunta amenazan con realizar inspecciones a los
negocios del rubro en cuestión, con el objetivo de corroborar que en
las góndolas exhiban lo que según sus cálculos debería ser "el precio
justo".

Desde el código de Hammurabi, el edicto de Diocleciano,
pasando por la extinta URSS y llegando hasta estos tiempos a la chavista
Venezuela, por citar unos pocos ejemplos, se ha intentando esta medida
sin ninguna clase de éxito. En todos los casos se usaron ejércitos de
inspectores y se llegaron a decretar encarcelamientos, altísimas multas y
confiscaciones de mercaderías por parte de los ministerios
intervinientes. Estas políticas en distinta medida provocan deterioro de
la calidad, escasez y racionamiento, lo cual empeoran los problemas
mencionados.

Además demuestran un desconocimiento de cómo funciona
el mercado y una omnipotencia al creer que todo puede ser controlado,
inclusive los valores que cada una de millones de personas otorga a los
bienes. Es la "fatal arrogancia" de la que hablaba Hayek, Premio Nobel
de Economía.

El fracaso de estas políticas intervencionistas está a
la vista, insistir en este camino será a costa de seguir perdiendo
libertades y lograr el efecto contrario al deseado.

El autor es Licenciado en Relaciones Internacionales e Investigador de la Fundación Progreso y Libertad.