Periodista boliviano sentenciado a prisión por difamación

Committee to Protect Journalists

Un periodista boliviano que informó sobre corrupción fue condenado el miércoles por el delito de difamación por un tribunal penal en La Paz y sentenciado a 30 meses de prisión.

Rogelio Peláez, fundador y editor de Larga Vista, un periódico mensual con columnas de opinión y análisis de noticias, fue demandado por el abogado Waldo Molina  por un informe publicado en Larga Vista en octubre de 2010.  En el artículo, Peláez acusó a Molina de haber cobrado cerca de medio millón de dólares estadounidenses en fondos del gobierno por representar a los demandantes en un caso de corrupción que involucraba  un fondo estatal de seguridad social, según indicaron informes de prensa.

Molina, quien presentó una demanda poco después de la publicación del artículo, negó las acusaciones y afirmó que su honor y dignidad habían sido dañados. Peláez indicó al CPJ que las afirmaciones en su artículo estaban bien documentadas. Su abogado, Ernesto Vásquez, indicó al CPJ que el juez no leyó el artículo y basó su decisión exclusivamente en el titular del informe, "Un robo con la ley en la mano".

Peláez afirmó que apelará el fallo y que no hay ninguna orden de captura en su contra.

"Instamos a los tribunales bolivianos a revocar la cndena contra Peláez en la instancia de apelación", afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. "Las autoridades bolivianas deben implementar reformas para eliminar disposiciones arcaicas sobre difamación que contradicen estándares internacionales en materia de libertad de expresión".

La sentencia contra Peláez contradice el consenso emergente en la región que considera a las leyes civiles como la solución adecuada para resolver casos de supuesta difamación y que los periodistas no deben ser encarcelados por calumnias o injurias. En diciembre de 2009, la Corta Suprema de Costa Rica eliminó las penas de prisión para casos de difamación. Un mes antes, en noviembre de 2009, el Congreso de Argentina derogó cláusulas sobre difamación contenidas en el código penal. Y en abril de 2009, el Tribunal Supremo de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una medida que imponía duras penas por calumnias e injurias.