España: Partitocracia

Plataforma Constitucional

Si se analiza desde una óptica liberal, la reunión de hoy, miércoles 15 de febrero de 2012, entre el Presidente del Gobierno Sr. Mariano Rajoy (PP) y el líder de la oposición Sr. Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) es escandalosamente inmoral para aquellos ciudadanos que entendemos la cuestión pública desde la perspectiva de la dispersión pluralista del poder que permite dotar a la democracia de instituciones independientes del poder político y, por tanto, es la única evolución socio cultural permite el arraigo de una democracia liberal “real”.

Ha habido reunión en el Palacio de la Moncloa de los líderes de los dos partidos con mayor número de votos, Rajoy (PP) y Rubalcaba (PSOE), para repartirse componendas y cuotas de poder en instituciones que deberían ser independientes en el caso de que España se tratase de una verdadera democracia liberal.

1. Componendas y repartos de cuotas de poder

Así, por ejemplo, la reunión se efectuaba para que tan sólo dos personas, supuestamente “omniscientes” y “planificadores” del régimen partitocrático español, decidiesen las personas que deben ocupar todos los puestos institucionales del país, en lugar de millones de ciudadanos, ubicando en ellos a medradores de prebendas en instituciones. Varios ejemplos de lo que los acuerdos que pretendían alcanzar y que finalmente han quedado pospuestos para junio de 2012:

a)  Repartirse los miembros “políticos” del Tribunal Constitucional en vez de intentar legislar para dotarlo de la independencia que es imprescindible para que dirima con verdadero sentido de Estado en asuntos transcendentales para España.

b) Poner a “dedo” a los miembros “políticos” del Consejo de Administración de la Televisión Española (TVE) en vez de privatizarla u optar por imitar una gestión independiente como en la BBC.

c) Influir con amigos personales y/o con miembros de partido en el Tribunal de Cuentas en vez de garantizar su independencia auditora. Por ejemplo, dotando sus órganos de toma de decisiones sólo de jueces independientes, que hayan accedido a su cargo por concurso oposición acreditando su valía profesional en asuntos económicos, mediante un mecanismo de elección de jueces, como ocurre en Estados Unidos con los tribunales federales.

d) Consensuar la persona que actuará como Defensor del Pueblo (sic) en vez de legislar para dotarlo de independencia. Por ejemplo, con una elección por los ciudadanos entre diferentes personalidades y en base a curriculum sin campaña electoral previa ni vinculación de partidos para que la persona seleccionada actúe en el cargo durante un amplio periodo de tiempo (12 a 15 años o incluso vitalicio hasta su jubilación o fallecimiento) para que pueda actuar con independencia de los políticos.

La noticia ha sido comentada brevemente por los medios de comunicación,  como si no pasase nada porque dos señores se sentasen a repartirse las instituciones de un país y, especialmente, como si la corrupción reinante en España no tuviese nada que ver con esos apaños para colocar a militantes y a los amigos en vez de a profesionales independientes y cualificados. Hasta una minoría de radios (Libertad Digital, Onda Cero) y periódicos (El Mundo), usualmente críticos con el poder, han pasado de puntillas por la noticia con la cotidianeidad que proporcionan los usos y las costumbres del post-franquismo.

2. De la dictadura a la partitocracia. El origen de la extensión de los casos de corrupción

Si en la dictadura del general Franco había una única cabeza “omnisciente”, ahora contamos con una partitocracia que se gestiona como una hidra de varias cabezas “omniscientes” de líderes de partidos políticos, donde las decisiones finales las consensúan los dos máximos jerarcas del PP y del PSOE.

La transición de la dictadura a la democracia se realizó sin cuidado de dotar al régimen político de una dispersión pluralista del poder y, por tanto, de instaurar la independencia judicial “real” de los poderse ejecutivo y legislativo.

Por ello, el régimen de libertades inicial ha ido degenerando y, ahora mismo, podemos afirmar que vivimos instalados en el post-franquismo con una democracia poco evolucionada que constituye un régimen partitocrático donde las direcciones (nacional y regionales) de los principales partidos (PP y PSOE) se reparten las cuotas de poder de las instituciones y, por supuesto, los dineros públicos dejando algunas migajas a los partidos minoritarios, los sindicatos, las patronales y las fundaciones todos viviendo de la subvención que pagan los ciudadanos.

3. De la partitocracia a la cleptocracia. La corrupción generalizada 

Y, tal vez ya sea cierto que después de más de tres décadas de democracia post-franquista, los ciudadanos españoles nos hemos acostumbrado a convivir con la tenebrosa existencia de la partitocracia o régimen político en el cual las oligarquías partidistas asumen la soberanía efectiva en la inmensa mayoría de las instituciones públicas sin que los ciudadanos puedan optar por fórmulas efectivas que permitan una gestión independiente (no-politizada) de las mismas.

El problema de un régimen de partitocracia es que, normalmente viene unida a la falta de independencia judicial y, por tanto, extiende rápidamente las tramas de corrupción , tráfico de influencias y prevaricación hasta degenerar en una cleptocracia o régimen político en donde la corrupción queda institucionalizada junto con sus derivados delictivos (tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, extorsión,…) de forma que las acciones delictivas quedan impunes, porque todos los sectores del poder acaban corruptos, desde la justicia, a los funcionarios públicos y los altos cargos políticos y económicos.

Ya analizamos el deterioro institucional mediante la teoría de juegos para deducir como el tránsito de la partitocracia a la cleptocracia es rápido y, sin duda, España lo está experimentando de un modo rápido.

4. Segunda Transición hacia uan democracia liberal. Única solución posible que puede parar la partitocracia y su paulatina involución hacia la cleptocracia

Efectivamente, algunos ciudadanos opinamos que, en vez de una segunda transición hacia la cleptocracia como impulsan “los nacionalitas y socialistas de todos los partidos”, se requiere una segunda transición hacia una democracia liberal “real”, es decir, con una estructura institucional que tenga como mínimo con independencia judicial (elecciones de jueces) y con dispersión pluralista del poder.

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