Libertad de expresión bajo ataque

Siglo XXI

En Argentina, el Gobierno intenta nacionalizar la fábrica de papel, de la que comparte acciones, en minoría, con los diarios Clarín y La Nación, para dar un “abastecimiento igualitario” a todos los medios de comunicación escrita, atacando a los dos grupos periodísticos que son los principales críticos de la administración de Cristina Fernández.

En Venezuela, el Gobierno impone una prohibición de publicar información violenta, luego de que el periódico El Nacional publicó una fotografía en portada de cadáveres apilados en la morgue. Nuevamente autoridades totalitarias ven en las publicaciones de prensa los culpables por publicar noticias de actos que ellos mismos deberían combatir. 

El periodista Ricardo Trotti en su columna de la Revista D de este domingo, recuerda la portada de este diario el 25 de mayo de 1993, cuando cambio su nombre a SIGLO CATORCE y publicó sin noticias y en negro, rechazando la censura que intentó el ex presidente Jorge Serrano, luego de disolver el Congreso.

Trotti afirma que este membrete debió poner El Nacional y los demás periódicos venezolanos, evocando las postrimerías del oscurantismo medieval que están viviendo en la patria de Bolívar. Dice el periodista que “la censura de hoy, como en el pasado, tiene un origen político; aunque  reviste ahora mayor gravedad, por disfrazarse de legalidad, al ser aplicada por jueces con la intención de satisfacer al gobernante”.

En Guatemala pareciera que algo similar está pasando, pues la aberrante resolución de la CC en el caso de Marta Yolanda y Rafael Espada, al negarle el amparo a la columnista, que en su espacio en este diario le criticó en su función de Vicepresidente de la República, no en la de cirujano ni como ciudadano común y corriente.

Basta recordar que el artículo 35 de nuestra Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento, de rango constitucional, de una forma clara y categórica establecen que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, criticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos  efectuados en el ejercicio de sus cargos.

Espada y sus abogados, con el auxilio del Ministerio Público, han llevado las acusaciones contra Marta Yolanda al campo penal, ignorando que la Ley de Emisión del Pensamiento establece los procedimientos para que un Tribunal de Honor declare si la afirmación de la columnista es fundada o no, pero en ningún caso procede una acción penal.

Muchas veces se cree que este es un derecho de los periodistas, y en verdad este es el derecho que le asiste a todos los guatemaltecos de poder expresar libremente sus opiniones. El que la CC haga una interpretación como esta pone en riesgo no sólo los derechos de la columnista Díaz Durán sino los de todos los guatemaltecos. 

Esta libertad tenemos que defenderla todos; si no pronto llegaremos a ver en nuestro país casos como los de Argentina y Venezuela, y regresar al SIGLO CATORCE.