Venezuela: Ley del Poder Popular crea las bases para la propiedad social

Por Mayela Armas H.
El Universal – Venezolanos en Línea

En la propuesta legal las comunas se encargarán del modelo económico. Mediante el marco legal de las comunas se promueven varias formas de organización socioproductivas, entre ellas el trueque.

El Gobierno a través de diferentes vías continúa con su objetivo de impulsar un modelo económico socialista, en la cual la producción de bienes esté a cargo de las comunidades.

Esta semana la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley de Participación y Poder Popular que contempla la construcción del Estado Comunal, cuyo modelo económico se sustenta en la propiedad social.

En el texto se indica que la propiedad social "es el derecho del Estado de conservar medios y factores de producción o entidades destinados a la satisfacción de las necesidades humanas esenciales para el desarrollo de una vida plena y la producción de obras, bienes o servicios, que por derecho y naturaleza propia le corresponde".

En ese sentido, el Estado asume la propiedad y luego la asigna a las comunidades. El texto señala que "en la propiedad social prevalece el interés general y sus operaciones se desarrollarán mediante la planificación centralizada del Estado".

La intención de que las comunidades manejen el proceso productivo se refleja en la exposición de motivos de la propuesta, que indica que a través del poder comunal "se logrará la independencia alimentaria y la diversificación económica a fin de alcanzar un crecimiento económico sostenido y el desarrollo endógeno como base sostenible para el fortalecimiento de la economía fiscal y la sustentabilidad fiscal".

Diseño En la reforma que se planteó de la Carta Magna en 2007 se fomentaba el modelo económico socialista que minimizaba la propiedad privada, y aunque los cambios fueron rechazados, el Gobierno ha seguido insistiendo en crear otro régimen económico, que plasmó en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2007 -2013 y en las leyes de la Habilitante de 2007 y 2008.

Ahora el Parlamento tiene la labor de continuar con el diseño del esquema socialista.

Esta semana el diputado Carlos Escarrá señaló que el modelo socialista está en fase de gestación y su desarrollo será a través de marcos legales.

Ese diseño se efectúa mediante la Ley de Planificación Pública, la Ley de los Consejos Comunales, la Ley del Poder Popular y la Ley de Propiedad Social.

El parlamentario dijo que en este contexto la propiedad privada se puede integrar y el ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, manifestó que la propuesta de Ley de Propiedad Social "no regula empresas de propiedad privada que son reconocidas por la Constitución (…) la propiedad privada tiene su propia legislación".

Esquema El modelo se manifiesta a través de varias formas, en la Ley de Poder Popular se presentan las diferentes modalidades de propiedad social.

Las organizaciones socioproductivas comunitarias adoptarán las formas: empresa de propiedad social directa (manejada por las comunas), empresa de propiedad social indirecta (que asigna el Estado), empresa de distribución social, empresa de autogestión, unidad productiva familiar, grupos de intercambio solidario y grupos de trueque comunitarios.

Varias de esas formas se establecieron en dos de las leyes aprobadas en la Habilitante, pero ahora se intentará aumentar su participación, debido a que las comunas ya tienen un marco legal. En la propuesta de ley se agrega que la propiedad social tiene entre sus funciones "promover el impulso del modelo socioproductivo y la construcción comunal y solidaria de la economía popular, prevaleciendo el trabajo y la educación como factores esenciales y los intereses de la población sobre la reproducción del capital".

El financiamiento de las diferentes formas se logrará a través del sistema microfinanciero. "El Estado a través de las microfinanzas proporcionará los recursos financieros y no financieros para la ejecución de los proyectos de las comunidades".

Aunado a ello los programas de las comunas tendrán recursos de Fides (Fondo Intergubernamental para la Descentralización) y la LAEE (Ley de Asignaciones Especiales), según la Ley de Planificación Pública.