La extorsión ambientalista

Diario de América

Durante la década de los 70 y los primeros años 80, habiéndose hecho con el control del aparato de las Naciones Unidas (mediante el poder de la mayoría), los países del Tercer Mundo decidieron sacarle rentabilidad al asunto. La OPEP se sacaba de la manga la mayor transferencia de riqueza de ricos o pobres de la historia. ¿Por qué iban a ser menos? De forma que en dramáticas declaraciones y conferencias de la ONU, empezaron a instar a la creación de un "Nuevo Orden Económico Internacional". La exigencia esencial del Nuevo Orden Económico Internacional era simple: transferir formidables porciones de riqueza del Occidente industrializado al Tercer Mundo.

¿Bajo qué concepto? En nombre de la igualdad — redistribución de la riqueza vía socialismo global — con cierta dosis de compensaciones post-coloniales añadidas al lote.

La idea esencial de gravar a los ciudadanos trabajadores de las democracias con el fin de llenar las arcas de las cleptocracias tercermundistas acabó en agua de borrajas, gracias sobre todo a Ronald Reagan y Margaret Thatcher (y la crisis de la deuda de los primeros años 80). Ellos dieron al traste con la empresa.

Pero tales sueños nunca mueren. El saqueo de los tesoros occidentales vuelve otra vez, pero ahora con una excusa nueva en línea con la presente moda ideológica. Con el socialismo muerto,  el colosal atraco a mano armada se propone ahora como sagrado servicio a la religión más novedosa: el medioambientalismo.

Uno de los principales objetivos de la cumbre del clima de Copenhague es otra extorsión en interés del Nuevo Orden Económico Internacional: la transferencia de cientos de miles de millones del Occidente industrial al Tercer Mundo para salvar el planeta, por ejemplo, sembrando de industrias verdes los Tristes Trópicos de Strauss.

Políticamente es una idea propia de un genio, al implicar a la vez cada una de las zonas erógenas de la extrema izquierda: la culpa del hombre rico, la culpa post-colonial y la culpa medioambiental. Pero la idea de dejar con lo puesto a las democracias industriales en nombre del medio ambiente causa estragos no sólo entre los refinados círculos internacionalistas de Copenhague. También prospera a escala nacional.

El día de la inauguración de la cumbre de Copenhague, la Agencia Estadounidense de Protección del Medio Ambiente reclamaba la jurisdicción de la regulación de las emisiones de carbono al declararlas "un riesgo" para la salud pública.

Puesto que administramos una economía basada en el carbono de forma mayoritaria, la Agencia lo va a regular prácticamente todo. Ninguna entidad que emita a la atmósfera más de 250 toneladas de dióxido de carbono al año escapará al control de la Agencia de Protección Medioambiental. Esto se traduce en más de un millón de complejos inmobiliarios, hospitales, plantas eléctricas, escuelas, negocios y empresas del ramo. (La Agencia de Protección Medioambiental propone regular sólo las emisiones superiores a 25.000 toneladas, pero carece de tal autoridad). Desde la creación de la agencia tributaria no había sido concedido un poder más intrusivo sobre cada faceta de la vida económica a una agencia federal.

Esta manifestación flagrante de un enorme poder ejecutivo en nombre del medio ambiente es el perfecto cumplimiento de la predicción del Presidente checo (y economista) Václav Klaus de que el ecologismo se convertirá en el nuevo socialismo, es decir, en el ideal totémico en nombre del cual el gobierno se apodera de la cúpula de la economía y la sociedad.

Habiendo fracasado tan espectacularmente el socialismo, la izquierda quedó  huérfana hasta que cayó en una jugada brillante: la metamorfosis del rojo al verde. La elite cultural pasó directamente del óbito del socialismo al altar del medio ambiente. El objetivo es idéntico: poder enormemente centralizado depositado en lo más granado, la nueva clase de expertos, administradores y tecnócratas. Esta vez, sin embargo, la supuesta justificación no es abolir la opresión y la desigualdad sino salvar el planeta.

No todo el mundo está contento con la llegada del Nuevo Orden Internacional Libre de Emisiones. Cuando la administración Obama apuntó (en un gesto a Copenhague) un compromiso estadounidense de realizar importantes reducciones en las emisiones contaminantes, el Senador Demócrata Jim Webb remitió un escrito de protesta al presidente indicando que carece de la autoridad para hacerlo de forma unilateral. Eso exige el acuerdo del legislativo mediante legislación o tratado.

Con el Senado bloqueando la legislación de intercambio de emisiones del Presidente Obama, el golpe de estado de la Agencia de Protección Medioambiental hizo las veces de respuesta clara de la administración a Webb: mira si podemos. Con este descubrimiento "de riesgo para la salud" de la Agencia de Protección, podemos hacer lo que queramos con las emisiones. O el Senado aprueba la legislación de intercambio, o la Agencia de Protección Medioambiental impone medidas aún más draconianas: todo limitación, nada de intercambio.

Olvide por un momento el impacto económico de la castidad emisora rigurosa. Está el asunto de la decencia constitucional. Si usted quiere revolucionar la sociedad — como causará la regulación drástica y la gravación de las emisiones en una economía energética basada en el carbono en un 85% — hágalo a través del Congreso plasmando la voluntad popular. No por decreto arbitrario de los burócratas de la Agencia de Protección Medioambiental.

El Congreso no sólo debe resistirse a esta extralimitación ejecutiva, sino que debe tumbarla: enmendar las leyes antipolución existentes y devolverles su intencionalidad original excluyendo el dióxido de carbono del control de la Agencia de Protección Medioambiental y reservando esas competencias al Congreso y la futura legislación.

Ahora mismo. Cuanto antes. Porque el Gran Hermano no anda merodeando  con disfraz de la CIA. Llama a su puerta, sonriendo bajo una gorra de la Agencia de Protección Medioambiental.

© 2009, The Washington Post Writers Group