Occidente, islamismo y después

Por Carlos Escudé
La Nación

Cuando el 12 de febrero pasado Geert Wilders, controvertido miembro del Parlamento holandés y principal dirigente del Partido Para la Libertad (PVV), fue impedido de ingresar en el Reino Unido por temor a que los musulmanes se declarasen ofendidos, el derecho a la libertad de expresión sufrió un grave revés. Wilders viajaba invitado por lord Malcom Pearson y la baronesa Caroline Cox para proyectar, frente a la Cámara de los Lores, su cuestionado documental Fitna , que denuncia las prácticas del extremismo islámico.

La decisión de no permitirle el ingreso provino directamente del Ministerio del Interior británico, que justificó la medida arguyendo que la presencia de Wilders amenazaría la armonía social y la seguridad pública del Reino Unido. Sin embargo, el holandés apeló y siete meses más tarde la justicia británica falló contra el gobierno de su propio país. Gracias a esa decisión, Wilders viajó a Londres el 16 de octubre y acordó con sus patrocinadores que el film (cuyos méritos o deméritos no pretendo evaluar) sería presentado en sociedad en marzo próximo.

No obstante, aunque el documental se pudo proyectar en el Senado de los Estados Unidos, en varias ciudades de ese país y también en Copenhague, Roma y Jerusalén, la libertad de expresión se encontraba en retirada. El Reino de Jordania pidió la extradición de Wilders, la Corte de Apelaciones de Amsterdam lo ha procesado y también ha sido acusado en Francia.

Su caso es la más reciente consecuencia de la larga cadena de intimidaciones que comenzó en 2004 con el brutal asesinato del cineasta holandés Theo van Gogh y prosiguió en 2005 con el incendio de la embajada danesa en Beirut a raíz de las caricaturas de Mahoma producidas por Kurt Westergaard.

Desde entonces, Europa ha evidenciado una tendencia a retroceder frente a la violencia con que el extremismo islámico la acecha. En Holanda, por ejemplo, ha emergido un debate sobre los límites de la libertad de expresión. Se discute el restablecimiento de penas para los antiguos delitos de blasfemia y lessé majesté y para el nuevo delito de discriminación, que jamás había sido tipificado para las artes (nadie nunca censuró, por ejemplo, El cantar del mío Cid o El mercader de Venecia ).

Como consecuencia del nuevo estado de ánimo, en 2008 el caricaturista neerlandés Gregorius Nekschot sufrió un arresto de treinta horas por sus dibujos presuntamente discriminatorios y posiblemente sea procesado. Indignados, los defensores de la libertad de expresión aducen que la legislación antidiscriminatoria termina legitimando la peor discriminación. Su razonamiento está resumido con economía en el título de la colección de ensayos publicada en 2007 por la feminista musulmana Nahed Selim: Alá no gusta de las mujeres . ¿Acaso puede considerarse ilegítimo caricaturizar a quienes discriminan contra la mujer por mandato religioso?

Por otra parte, las concesiones van mucho más allá de limitar la libertad de expresión. Las declaraciones del arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, transmitidas por la BBC el 7 de febrero de 2008, son emblemáticas de nuestros tiempos. El jefe espiritual de la Iglesia Anglicana dijo entonces que consideraba inevitable que algunos aspectos civiles de la sharia (ley islámica) fueran reconocidos por la justicia británica para quienes adhieran voluntariamente a un tribunal musulmán.

Estos dichos suscitaron escándalo entre amplios sectores anglicanos, pero resultaron anticipatorios. El 14 de septiembre de 2008, Londres despertó con una nota de The Sunday Times que anunciaba: "Revelado: los primeros tribunales oficiales de la sharia en el Reino Unido".

El periódico informaba: "Silenciosamente, el gobierno ha sancionado facultades para que jueces de la sharia fallen en casos que abarcan desde el divorcio y las disputas financieras hasta la violencia familiar. Los fallos emitidos por una red de cinco tribunales de la sharia son respaldados plenamente por el poder del sistema judicial, a través de los tribunales de condados o la Alta Corte". Y a mediados de 2009 se supo que el número de tribunales de la sharia en Gran Bretaña ya asciende a 85.

Anteriormente, los fallos de cortes de la sharia eran de cumplimiento voluntario en el Reino Unido. Pero a partir de 2008 se convirtieron en obligatorios para quienes se hayan sometido libremente a su jurisdicción. Quienes defienden las nuevas disposiciones señalan que éstas son de estricta justicia porque desde hace más de un siglo se aplica un criterio similar para los Bet Din, los tribunales rabínicos del judaísmo ortodoxo.

Pero quienes objetan el nuevo ordenamiento observan que hay muy pocas garantías de que la parte más vulnerable en una disputa se someta en forma realmente voluntaria a la jurisdicción de la sharia. Las mujeres están particularmente expuestas a la intimidación. Además, en la ley islámica, éstas no tienen los mismos derechos que los hombres. En algunos casos de violencia doméstica, el castigo a los maridos se limitó a obligarles a tomar clases de control de ira. Y en una reciente disputa sucesoria entre tres hijas y dos hijos, el fallo dio a los varones el doble que a las mujeres. Para evitar inequidades, algunos expertos aconsejan privar del respaldo estatal a todo fallo que deje a una mujer en una posición más desventajosa que la que hubiera surgido de un tribunal convencional.

Por otra parte, según el think tank británico Civitas, los tribunales locales de la sharia operan a puertas cerradas, y los principios en que se basan sus fallos frecuentemente emergen de fatwas (decretos religiosos) emitidos por mezquitas del Reino Unido. Uno de estos decretos, por ejemplo, estableció que ninguna mujer musulmana puede casarse con un no musulmán a no ser que éste se convierta al islam y que los hijos de una mujer casada fuera del islam deben serle quitados hasta que regularice su situación.

No obstante, si hay tribunales religiosos judíos reconocidos por el Estado no parece posible negar a los musulmanes el derecho de tener los suyos. Por eso, cuando en 2005, en la provincia canadiense de Ontario se planteó la posibilidad de que los arbitrajes familiares entre musulmanes aplicaran la sharia, el gobierno cortó por lo sano eliminando el reconocimiento a todos los arbitrajes religiosos. El premier provincial fue enfático al afirmar que habría una sola ley para todos los ontarianos. Pero este criterio está lejos de dominar en el Reino Unido, donde viven más de un millón y medio de musulmanes.

El panorama es aún más exótico cuando analizamos el ámbito de los tribunales no legalizados, como es el caso de los somalíes de Gran Bretaña. La suya no es estrictamente una ley islámica, sino un código propio arraigado en su particularidad cultural. Las disputas, incluso de orden criminal, se zanjan en el interior de la comunidad siguiendo leyes ancestrales que a veces son opuestas a los códigos británicos.

Por cierto, varios universos legales paralelos están surgiendo en el Reino Unido y otros países europeos, a veces con el aplauso de conocidos expertos que creen que quizá sea más fácil consolidar la armonía social apelando a esta solución medieval. El sistema emergente se llama "pluralismo jurídico". Es el mismo que, de manera más exagerada, se institucionalizó en la Bolivia de Evo Morales, donde la nueva Constitución pone en un pie de igualdad el derecho positivo del Estado boliviano con los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios.

Sin duda, Occidente explora caminos opuestos a los de la Ilustración, que, hasta recientemente, definieron su identidad filosófica. En razón de una conquista demográfica que se complementa con la intimidación y la violencia ejercidas por los más extremistas, ya no es un cliché afirmar que Europa lentamente se convierte en Eurabia.