¿Una Constitución inconstitucional? Sólo en Nicaragua

Por Guillermo Lousteau Heguy

Interamerican Institute for Democracy -  Diario Las Américas

Lo interesante del caso, es que permite visualizar rápidamente qué es lo que hubiera ocurrido en Honduras si las instituciones no hubieran funcionado y no hubieran reaccionado rápidamente ante la violación constitucional.

Los sucesos de Nicaragua pueden analizarse en varios niveles.

En el orden estrictamente jurídico, lo ocurrido es una aberración institucional. La Sala Constitucional ha declarado inaplicable una norma de la Constitución, lo que es lo mismo que decir que la Constitución es inconstitucional. El argumento usado es que la reforma de 1995 que introdujo la prohibición de la reelección presidencial fue hecha por un poder constituyente derivado, no original y que atenta contra el derecho de Ortega a ser elegido.

Frente a eso pueden formularse varias observaciones. Primero, de aceptarse esa tesis, toda reforma constitucional es inválida, porque el poder constituyente originario sólo puede provenir de un gobierno de facto y nunca de un gobierno de iure. En segundo lugar, toda cláusula constitucional en contra de la reelección sería nula si es que se la considera como una discriminación contra el presidente en ejercicio. Tercero, si la reforma del 95 fuera inválida, el presidente Ortega es un usurpador, dado que ha llegado a la presidencia en virtud de una reforma que disminuyó a 35% el porcentaje de votos para ser declarado presidente sin necesidad de segunda vuelta.

La decisión de la Sala –no del Plenario de la Corte- es un absurdo y hecha por tierra todo el sistema constitucional, porque, precisamente, la Constitución es la norma suprema y básica que rige la vida del país. La Corte es solamente su intérprete y lo que debe cuidar es que el resto de la vida jurídica y política se ajuste a las normas constitucionales. La Constitución no puede ser inconstitucional. Es cierto que puede ser modificada, pero siempre por procedimientos especiales y esa tarea, en Nicaragua, le corresponde al Poder Legislativo. La Sala Constitucional con su acción ha avanzado por sobre el Congreso y se ha declarado por encima de la Constitución.

En el orden de los hechos, el análisis debe partir de la violación de las normas elementales de funcionamiento. La Sala Constitucional no ha sesionado válidamente, sino a espaldas de sus miembros no Sandinistas y ha tomado la decisión entre gallos y medianoche, resolviendo el pedido del sandinismo en menos de 24 horas. Por esas violaciones formales y sin entrar al tema de fondo, es que el propio presidente de la Corte, Manuel Martínez ha declarado que es ilegal y que crea una anarquía jurídica, lo que es una correcta descripción de la situación creada. Desde ese punto, está claro que no puede tampoco validarse la decisión de la Sala.

Y nuevamente, llegamos al problema central: lo político, que es dónde ha de resolverse la cuestión. Todas las instituciones nicaragüenses, políticas, sociales y religiosas han reaccionado contra el accionar de Ortega y se han puesto en pie de guerra contra el atropello a la democracia. Hasta Alemán, el ex presidente que facilitó el regreso de Ortega al poder se ha unido al reclamo masivo y popular.

También la reacción internacional ha mostrado su preocupación, luego de haberse equivocado largamente con el caso de Honduras. El Diálogo Interamericano, y el Council of Hispanic Affairs, entre otros muchos, se han pronunciado manifestando que los hechos constituyen un golpe de estado, y que en Nicaragua no hay ya un estado de derecho. Lo más significativo es que el propio Departamento de Estado americano ha expresado su preocupación por los hechos, a los que considera parte de un patrón más amplio que amenaza con socavar los cimientos democráticos.

Es sintomático que los países del ALBA hayan salido a aplaudir la maniobra de Ortega. Pero sorprende el silencio del resto de los países de la región, silencio que contrasta con la estridente actitud hacia los hechos de Honduras.

El Interamerican Institute for Democracy está encarando un trabajo, conjuntamente con otras instituciones de América Latina, que permita detectar tempranamente los ataques a los sistemas democráticos y las violaciones a las libertades individuales y a la separación de poderes, a la luz de los procesos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras y ahora de Nicaragua. Algo que permitiera prender una alerta roja sobre el peligro que se cierne sobre las instituciones.

Hay que asumir que los ataques a la democracia se dan ahora desde dentro del sistema mismo y que ello reclama un paradigma diferente al que regía. Principios e instituciones fundamentales que se creían inamovibles están ahora a prueba y discusión, como por ejemplo, el principio de no intervención. Si ese principio no se respetó en el caso de Honduras, ¿cómo podrían invocarlo ahora para respetar las violaciones a las instituciones que ha cometido Ortega?

Y otra vez, los hechos ponen en la picota a la OEA y su inefable Secretario General. Utilizará el instrumento que la Carta Democrática le da, para advertir que la democracia está en peligro en Nicaragua y le pedirá a Ortega que le permita constatar la situación institucional, o preferirá seguir hostigando a Honduras?