El secuestro de la internet
Por Mercedes Soler
La revuelta que se ha desatado en Irán a raíz de las elecciones fraudulentas que le robaron el poder al supuestamente moderado candidato de la oposición, redefinirá las reglas de las guerras ideológicas en el siglo XXI. Hace escasamente cinco años, cuando los EEUU movilizaron su ejército sobre el desierto del Oriente Medio en dirección a Bagdad, los periodistas reportaron por internet mediante el uso de cámaras de televisión profesionales y los carísimos teléfonos satelitales. Desde entonces, la tecnología ha evolucionado y se ha abaratado tanto que hoy cualquiera con su teléfono móvil puede captar audio, vídeo y fotos y despacharlos instantáneamente al resto del mundo por esa misma vía. Estos nuevos métodos de comunicación y sus múltiples aplicaciones han logrado una aceptación y penetración comercial tan rápidas que el ciudadano promedio, o sea, millones de personas, tienen acceso a un poder antes reservado para el documentalista, el reportero de campo o el propagandista a sueldo.
En cuanto el pueblo iraní se sintió burlado y se propuso reclamar el derecho de su voto, las nuevas tecnologías lo ayudaron a conspirar contra su verdugo, además de inspirar la solidaridad del mundo libre. Durante las primeras 24, 48, 72 horas la prensa occidental transmitió las imágenes inéditas captadas por los manifestantes y puestas en YouTube. También publicó las misivas colgadas en las redes sociales donde el progreso de la insurrección se concretaba, planificaba y desarrollaba en tiempo real, convocando a las masas.
Los nuevos medios ayudaron a germinar las semillas de una revolución política digital jamás vista. Un pueblo harto de represión y mentiras exigió apertura, esgrimiendo imágenes como única arma. No duró mucho. Para mediados de semana las transmisiones por internet fueron frenadas, casi por completo. La ventana cibernética se cerró. El fundamentalismo intransigente se atrincheró, como lo hizo durante otro levantamiento hace treinta años, porque había anticipado la estrategia del progreso y no pretendía ceder el poder.
El castigo lo tenía preparado desde hace casi un año. Se llama inspección profunda de paquete. El gobierno iraní mandó instalar ese sistema de censura cibernética, el más sofisticado que existe en estos momentos, que hace más que bloquear un portal. Dirige todo el tráfico digital del país desde una sola central que, según ingenieros de computación, detiene cualquier dato electrónico que caiga en su poderoso cerco. A diferencia de otros sistemas que se originan en los proveedores de servicio y se limitan a bloquear sitios, éste le da acceso total a los rastreadores para obtener comunicaciones, analizar su contenido, limitar su distribución y destruirlas o modificarlas, o sea, convertirlas en desinformación. La internet jamás se había enfrentado a tan feroz adversario. Ni siquiera en la China.
Dos empresas europeas, la alemana Siemens AG y la finlandesa Nokia, se asociaron para desarrollar e instalar el centro de monitoreo como parte de un contrato con Irán para proveer redes de telefonía celular. El gobierno iraní justificó los controles como método de prohibir el acceso de su pueblo a la pornografía, vedada por edictos religiosos. Claramente, su objetivo era mucho más siniestro: amordazar cualquier destello de disidencia.
Los grupos que vigilan los derechos humanos han protestado por la venta de tecnologías sofisticadas a gobiernos que, como Irán, pisotean las libertades democráticas. No obstante, algunas empresas capitalistas se sienten en su derecho de sellar contratos millonarios con gobiernos extremistas sin detenerse a considerar que sus acciones las convierten en cómplices de escuadrones implacables, como los que esta semana mataron a manifestantes en las calles de Teherán.
Esperemos que esta terrible lección esté siendo considerada por las empresas estadounidenses que ayudaron a crear los nuevos medios, las cuales consideran descartar su compromiso moral con el usuario al negociar con gobiernos dictatoriales. Solid Oak Software, de Santa Barbara, por ejemplo, ya ha denunciado que el gobierno chino le robó su tecnología para filtrar contenido, diseñada para padres que desean proteger a sus hijos de los depredadores sexuales internautas. China lo ha integrado en su llamado Dique Verde, una adición a su Gran Muralla de Fuego. A partir de la semana que viene cualquier compañía, como Hewlett Packard, que quiera vender ordenadores en la China deberá instalar ese software, un método de censura, en sus productos. Como Irán, la China alega querer controlar el acceso de su pueblo a la violencia y a la pornografía. El mundo tiene que reconocer que fiscalizará todos los intercambios privados.
La era digital tiene el potencial de liberar pueblos esclavizados. La censura institucionalizada atenta contra ese potencial. Debido a ello, el ciberespacio, esa nueva frontera que crece sin límites aparentes, tendrá que comenzar a regirse bajo un nuevo código ético más estricto. De no lograrlo, los programadores, los arquitectos electrónicos, los dueños de las compañías que lucran con esta tecnología y nosotros, los consumidores del mundo occidental, corremos el riesgo de convertirnos en las próximas víctimas.
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