Argentina prepara un nuevo plan que castigaría a agricultores disidentes

The Wall Street Journal

BUENOS AIRES — Argentina está preparando medidas para ampliar la participación del Estado en los mercados agrarios, tratando de poner más presión sobre los agricultores disidentes que ya están descontentos con los altos impuestos a las exportaciones.

Un aumento en el control del gobierno sobre la mayor industria de Argentina corre el riesgo de generar disturbios sociales en el campo y una oposición del Congreso, dicen los analistas. Los agricultores, golpeados por la caída de los precios y la sequía, se reunirán hoy con representantes del gobierno para transmitir sus quejas acerca de la política agraria.

Desde la primera reunión de las dos partes la semana pasada, Argentina ha estado convulsionada con rumores sobre una nueva política agraria. Un posible escenario involucra la creación de una entidad controlada por el Estado que opere como un competidor de las compañías exportadoras de granos del sector privado. La idea sería ayudar a regular los precios y asegurar un suministro de bienes agrícolas en el mercado doméstico.La presidenta Cristina Fernández de Kirchner mostró que no vacilará en tomar medidas audaces para extender el alcance económico del gobierno cuando nacionalizó los fondos de pensión privados en octubre del año pasado.

Un factor que probablemente limitará las opciones del gobierno de Kirchner es la creciente oposición que enfrenta en el Congreso, donde el bloque oficialista ha sido diezmado tras una serie de deserciones. Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y actualmente diputado nacional que se distanció del gobierno, acusó a Kirchner de estar lanzando "amenazas que no asustan a nadie".

Sin embargo, muchos agricultores dicen que las conversaciones sobre un mayor papel del Estado en el sector agrícola son, al menos en parte, una táctica para que abandonen sus demandas de eliminar un controversial impuesto de 35% sobre las exportaciones de soya. Los analistas también señalan que el gobierno está tratando de hacer que los agricultores vendan las grandes reservas de la cosecha de soya del año pasado que aún tienen almacenadas en sus silos. Al esperar a que suban los precios o bajen los impuestos, los agricultores están privando al gobierno de ingresos tributarios —cerca de US$1.000 millones, según algunos cálculos— que Kirchner necesita gastar antes de las elecciones legislativas de octubre.

Las conversaciones sobre una intervención del Estado muestran que hay serios problemas de flujo de caja para el gobierno, señaló Bernardo C. Piazzardi, un especialista en agronegocios de la Universidad Austral en Rosario, Argentina.

En un discurso en el Congreso el domingo, Kirchner criticó a los agricultores y prometió que el gobierno presentaría nuevos instrumentos que "permitan intervenir en la economía".

Bajo el presidente Juan Domingo Perón, en los años 40 y 50, el gobierno centralizó en manos del Estado la comercialización y la exportación de los productos agrícolas. En los últimos años, sin embargo, los agronegocios del país se han vuelto altamente sofisticados, y Argentina ha pasado a ser el tercer mayor productor de soya, después de Estados Unidos y Brasil.