El nuevo reto de Bolivia

Por Eduardo Ulibarri

El Nuevo Herald

Si algo seguro se puede afirmar sobre el referendo constitucional celebrado el domingo en Bolivia es que fue un triunfo oficial con peligroso sabor a división.

De manera irrefutable, una sólida mayoría de la población aprobó el texto de la nueva constitución, mediante la cual el presidente Evo Morales pretende ''refundar'' el país. Pero no fue un apoyo con verdadero alcance nacional, porque se nutrió, esencialmente, de los votos emitidos en cuatro departamentos del altiplano: los más populosos, más pobres y mayoritariamente indígenas.

En cambio, los cuatro más ricos, mestizos y con afanes autonómicos, que constituyen la llamada ''media luna'' oriental, rechazaron de forma abrumadora el texto constitucional, mientras en otro se produjo un virtual empate ''técnico''. Resulta claro, entonces, que el país sigue severamente dividido, con una fractura geográfica que es también política, económica, étnica y social.

Además de una abrumadora participación, superior al 90% de la población, el respaldo general a la Constitución sumó alrededor del 60%: una clara y legítima victoria para Morales, su partido Movimiento al Socialismo (MAS) y los sectores indigenistas, políticos y sindicales que lo apoyan.

Entre los principales cambios que introduce el voluminoso texto constitucional, de 411 artículos, están una intervención mucho más amplia y profunda del Estado en las decisiones y dirección de la economía, cuotas de representación para las múltiples etnias indígenas en diversas instancias del Estado (incluyendo el Tribunal Constitucional), la reelección presidencial consecutiva por una sola vez, el fin del catolicismo como religión nacional, y un concepto de autonomía que los departamentos de la ''media luna'' rechazan.

Pero una cosa es la legitimidad del proceso y sus resultados; otra, la posibilidad de que la nueva Constitución propicie un cambio que supere la injusta marginalidad histórica de los indígenas bolivianos y, a la vez, facilite la unidad nacional dentro de un Estado democrático, con reglas claras y respeto por todos los sectores.

La mayor interrogante sobre lo anterior la han abierto los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, que se volcaron por el rechazo. Incluso, algunos de sus prefectos (gobernadores) han amenazado con desacatar su eventual aplicación. A lo anterior se unen el radicalismo constitucional en algunos aspectos económicos, la confusión en sus criterios de representatividad y la actitud poco abierta a la negociación que, hasta ahora, ha mostrado Morales.

Para empeorar las cosas, todo esto ocurre en el contexto de serios problemas en la economía, tanto por el impacto de la crisis internacional, como de las erradas políticas gubernamentales.

El triunfo puede ser un estímulo para una mayor arrogancia de Morales. Sin embargo, es algo que debería evitar por todos los medios, por un deber hacia la nación y porque los opositores son muchos, fuertes, a menudo también arrogantes y concentrados en zonas clave del país. Estos, por su parte, no deberían persistir en su intransigencia y rechazo a la aplicación del texto.

Lo que se impone, al contrario, es un intenso proceso de diálogo entre el gobierno y otros sectores, especialmente regionales y políticos, no para modificar la Constitución, sino para que su aplicación se produzca de manera sensata, con atención a las inquietudes opositoras y sin atropello contra quienes tienen fundados cuestionamientos sobre ella. Es decir, la concertación debe imponerse sobre la crispación.

Cualquier Constitución, para que sea eficaz, debe ser un documento de entendimiento y unión, no de confusión y discrepancias. El texto de la boliviana, por su extensión, complejidad e impulso a mecanismos de decisión reñidos con los preceptos de la democracia representativa, está muy lejos de serlo.

El presidente Morales debería entenderlo y, con sentido de realismo, apertura y respeto al 40% de la población y los cuatro departamentos que votaron en contra, hacer que la ''refundación'' de Bolivia sea nacional e integral, no selectiva y sectaria. De lo contrario, los conflictos podrían agudizarse, con serias consecuencias para todos.