Tortura: el secuestro
Por Manuel F. Ayau Cordón
Prensa Libre
Con la protección a la criminalidad, a Guatemala la han convertido en un desastre de país. Con la excusa de los Derechos Humanos, los humanos hemos perdido hasta el derecho a la vida.
Los que estamos en contra de la peor e inexcusable tortura, el secuestro, estamos de acuerdo en que los secuestradores deberían ser fusilados. Como lo han confirmado las encuestas, más del 90 por ciento de los ciudadanos estamos de acuerdo en que esa pena, la máxima, es la que merece quien le haya quitado el derecho a la vida (aunque no lo mate) al secuestrado, mientras tortura a sus seres queridos con la amenaza de matarlo si no le entregan dinero. El secuestrador se ha adjudicado la facultad de dejar vivir o matar a una persona que nada le ha hecho y que es amado por aquellos a quienes les exige el rescate. Cuando el secuestrador puede impunemente quitar el derecho a la vida a una persona, debería saber que voluntariamente ha claudicado el derecho a la propia.
El secuestro es un acto cometido voluntariamente, con fría planificación, meditación y alevosía. Es la peor tortura. No tiene ningún atenuante y probablemente no se llevaría a cabo si el secuestrador tuviera la certeza de que si comete un error en sus planes y es descubierto, será fusilado. El riesgo sería demasiado grande y un ejemplo bastaría.
En cuanto a la violación de una hija, hermana o madre, debidamente comprobada, puesto que siempre va acompañada de amenazas de muerte (lo cual significa privar a la persona de su derecho a la vida misma) o desfiguración y mutilación de su persona, el castigo que merece el violador es castración e inclusive pena de muerte.
¡Ojo! Con frecuencia las propuestas de entidades internacionales son acompañadas con amenazas de retirar ayuda económica, y vienen vestidas de ropaje altruista, exagerando casos que merecen compasión y estereotipan posturas, como la de este artículo, como de extrema derecha u otros epítetos. Pero la realidad la sabemos todos: con la certeza del castigo que merecen, esos crímenes disminuirían, y tenemos que escoger: la vida y tranquilidad de los guatemaltecos o la aprobación de ideólogos extranjeros.
Por ejemplo, aprovechando la confesa incapacidad de los gobiernos para castigar criminales, estas agencias han presionado, con sugestivos nombres, la Ley Contra la Tenencia de Armas, para que los criminales no corran el riesgo de que sus víctimas pongan en peligro su vida; han logrado la eliminación de adopciones de niños abandonados o huérfanos, en vez de perseguir las pocas irregularidades que pueden ocurrir. Remedios peores que la enfermedad.
Estas antisociales y desviadas posturas provienen de agencias internacionales o de las ONG quienes aprovechan la falta de monitoreo de sus actividades para obtener el apoyo de sus gobiernos o de filántropos que confían en que las personas encargadas de dispensar la ayuda son competentes, abnegadas y juiciosas, y no motivadas por ideologías nihilistas. Muchos fomentan políticas sociales que jamás aceptarían en sus propios pueblos, pero como rara vez monitorean lo que hacen con sus dineros, estos funcionarios disfrutan de buena vida con magníficos sueldos, libres de impuestos, viajando por el mundo y dispensando lo que sobra después de gastos administrativos a los politiqueros que hacen sus mandados por temor a “lo que digan” los extranjeros, y no sus connacionales. Diputados: tienen la palabra.
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