Regulando los taxis al estilo soviético

Por Jeff Jacoby
Diario de América

Si Boston regulara las panaderías igual que regula los taxis, menos familias comerían pan del día — y aquellas que lo probarían pagarían una prima por tener el privilegio.

Si las panaderías fueran tratadas como los taxis, su cifra estaría rígidamente limitada, sin importar lo grande que fuera la demanda del consumidor. Nadie estaría autorizado a gestionar una panadería sin una “licencia” del Departamento de Policía, y puesto que la oferta de licencias se mantendría artificialmente reducida, su precio se dispararía — hasta los 150.000, los 200.000 dólares, o puede que más. Para la mayoría de los empresarios, hacerse simplemente con el permiso para ganarse la vida como panadero — no abrir realmente una ganadería, sino asegurar el permiso para hacerlo — significaría endeudarse fuertemente para adquirir una licencia. O pagar un riñón por alquilar una a alguien más.

Y ese sería apenas el primer obstáculo que tendría que sortear. Tras abrir su empresa, el panadero permanecería bajo la vigilancia estricta del Departamento de Policía. La policía decidiría a qué clientes podría usted vender; la policía dictaría los precios que usted tendría que cobrar. Un enorme volumen de regulaciones policiales gobernaría cada uno de los detalles de la labor del panadero — desde la fabricación y el modelo de su horno hasta la formulación de sus recibos de, sin bromas, la ropa de trabajo.

En un entorno económico tan antinatural y sobrerregulado, muchos panaderos se encontrarían obligados a trabajar largas jornadas a cambio de un salario escaso, sin vacaciones ni prestaciones sociales. El consumidor también saldría peor parado. Habría menos comercios vendiendo productos del pan. En muchos vecindarios no habría ninguno en absoluto. Los precios estarían uniformemente elevados al margen de la calidad; como consecuencia, el servicio sería con frecuencia mediocre. Lo más triste de todo quizá es que contra más tiempo persistiera el control sobre el acceso a las licencias y las regulaciones sobre los precios, mayor sería la parte de la opinión pública que lo percibiría como algo normal, y daría por sentado que un libre mercado de pan sería simplemente poco práctico.

El alcalde y el comisario de policía de Boston anunciaban un refuerzo “integral” de las regulaciones de la industria del taxi hace poco, afirmando que los cambios “van a mejorar significativamente nuestro servicio de taxis locales y proporcionar una mejor experiencia de cara al cliente.” Lo que hacen de verdad es imponer una oleada de nuevas exigencias sobre las antiguas, situando las tarifas de los taxis de Boston entre las más elevadas de la nación, y expulsando del sector a incontables taxistas.

Según las nuevas normas, una carrera en Boston costará cinco dólares la primera milla y después 2,80 dólares cada milla adicional. Y los taxistas tienen prohibido llevar camisetas o utilizar la emisora. Los taxis tendrán que estar equipados con máquinas para cobrar mediante tarjeta y habrán de ser limpiados cada día.

Particularmente oneroso es un decreto que obliga a que los taxis existentes sean reemplazados por híbridos en cuanto tengan seis años, teniendo que convertir la flota entera antes de 2015. Esto, dice el alcalde, es “esencial” para “mejorar la calidad del aire” de Boston. En la práctica, la calidad del aire de Boston es correcta. Lo que no es correcto es el dolor económico que el nuevo mandato impone a los taxistas pequeños, la mayor parte de los cuales conducen Crown Vics que pueden ser adquiridos de segunda mano por alrededor de 6000 dólares. Un híbrido Prius o Camry nuevo, en contraste, cuesta más de cuatro veces esa cantidad, y con frecuencia solamente se facilita después de meses en lista de espera.

¿Son sensatas las nuevas regulaciones? Bien, algunos pasajeros celebrarán la conveniencia de los dispositivos para tarjetas de crédito o el silencio de la emisora del taxista. Con la gasolina por encima de los 3,50 dólares el galón, tarifas más elevadas por distancia recorrida sin duda ayudarán a los taxistas con el agua al cuello. Por otra parte, las tarifas más elevadas encarecen aún más el servicio de taxi para muchos residentes de Boston y visitantes, al tiempo que el caro gasto en híbridos obligatorio va a obstaculizar más que nunca que muchos taxistas superen el primer escalón de la escalera al éxito. Los lavados del vehículo diarios pueden atraer a aquellos que encuentran en los taxis sucios una visión intolerable; otros pueden quedar decepcionados por el desperdicio de tanta energía y tanta agua.

Lo que deberíamos plantearnos realmente no es si las normas tienen sentido o no, sino para empezar por qué el Departamento de Policía (o cualquier otra agencia municipal) debe decir a la industria del taxi cómo operar. Los reguladores públicos no fijan el precio del pan, de los cuchillos de carne ni de los ordenadores portátiles; ¿por qué deben prescribir el precio de una carrera del Aeropuerto de Logan a Beacon Hill? Los burócratas no deciden cuántas zapaterías o cuántos bufetes o cuántas farmacias necesita la ciudad; ¿por qué deben dictar la cantidad de taxis?

Nuestra regulación de corte soviético del sector del taxi es infumable, y apilar nuevas regulaciones sobre las antiguas no es ninguna mejora. Lo que los taxistas, los propietarios de los taxis y los pasajeros necesitan es menos intromisión del gobierno, no más. Liberalicemos el sector del taxi y veríamos más taxis atendiendo a más vecindarios, con mejor servicio y precios más asequibles. La libertad económica hace maravillas por los panaderos y por sus clientes. Funcionaría exactamente igual de bien para los taxistas y los suyos.