Paraguay: Todos quisieran tener una “cuota” en la Corte

Por Marcos Cáceres Amarilla
ABC Digital

Si la renovación de la Corte Suprema que la nueva administración política instalada en nuestro país quiere es para ubicar jueces y ministros de la Corte “amigos”, el camino a seguir es relativamente sencillo: una buena presión mediática, juicio político a los que no quieran renunciar y un acuerdo amistoso entre los partidos, que establezca cuántos ministros “le toca” designar a cada uno.

Pero, si lo que desean es una renovación para mejorar el Poder Judicial, con el nombramiento de ministros de la Corte honestos, imparciales, incorruptibles y que no acepten mansamente todo lo que sus amigos políticos les “sugieren”, el camino es un tanto más difícil.

El problema para mejorar la calidad de la Justicia en nuestro país no pasa tanto por los magistrados sino por quienes los deben elegir. No podemos pretender que haya magistrados brillantes si quienes los nombran son sujetos cuyo interés principal es asegurarse impunidad y no tener que estar explicando, por ejemplo, de dónde sacaron la fortuna que ostentan.

El hecho de que los ministros de la Corte estén sujetos (como interpreta la mayoría de la clase política) a una confirmación cada cinco años se convierte en una suerte de “espada de Damocles”. Habrá algunos que tienen dignidad y no atienden los “criterios políticos” que les acercan los legisladores, pero la experiencia ha mostrado que la mayoría se esfuerza demasiado por agradar a quienes los nombraron, como estrategia para atornillarse en el cargo.

Esta actitud, sumada a algunos fallos que tuvieron mucho aroma a favor político, hace que la mayoría de los actuales miembros de la Corte estén bastante desprestigiados. Su remoción no implicará un costo político muy grande para nadie.

La gran pregunta es cómo reemplazarlos para que no parezca, después de poco tiempo, que se cambiaron a “seis por media docena”.

Algunos legisladores han dicho que no hay forma de designar a ministros de la Corte que no sea a través de un pacto político. Es posible. Pero eso no implica que se deba necesariamente caer en una nueva componenda.

Un problema adicional para renovar la Corte es que el organismo encargado de seleccionar a nuevos candidatos, el Consejo de la Magistratura, arrastra un desprestigio similar al del máximo tribunal, por su evidente permeabilidad a las influencia político-partidarias. Conscientes del papel del Consejo en este tema, Unace ha ganado espacios en ese organismo, a través del Parlamento, y aprovechando que la Alianza creyó en un momento dado en las promesas de los legisladores oviedistas que le darían “respaldo” al gobierno.

En este marco, gran parte de la responsabilidad recaerá sobre Lugo, quien, según la Constitución, debe dar su acuerdo a los designados. La voluntad, capacidad de persuasión y firmeza que muestre el Presidente para llevar adelante este proceso pueden, tal vez, lograr que la designación de nuevos miembros de la Corte no dependa de la pertenencia política de los candidatos, sino de cualidades más importantes a la hora de impartir justicia. No será sencillo