España: Progresismo y desempleo

Editorial –
ABC

El número de parados ha aumentado en 207.000 personas en el segundo trimestre, 620.000 respecto al año anterior. El aumento se produce en todos los sectores económicos, constatando que industria y servicios tienen sus propios problemas. La ocupación aumenta entre las mujeres, aunque no lo suficiente para hacer caer la tasa de paro, y disminuye entre los varones, acercando la tasa de paro entre ambos grupos. El descenso más acusado del empleo se da entre los varones de entre 25 y 29 años, lo que revela las dificultades de acceso al mercado de trabajo. Sólo en dos regiones, Asturias y País Vasco, desciende el número de parados, y en ambas ha disminuido también la población.

El presidente del Gobierno anunció solemnemente en campaña electoral que el peor dato de paro de su legislatura iba a estar siempre por debajo del mejor de la era Aznar. Poco ha tardado la realidad, una vez más, en desmentirle: la publicación de la EPA del segundo trimestre ha hecho saltar la tasa de paro ocho décimas, hasta el 10,44 por ciento, una cifra que no se veía desde finales de 2004. El Ejecutivo estimaba un 9,8 por ciento para este año, pero parece difícil que baje del 11 por ciento si se mantiene el ritmo de destrucción de empleo -la mayoría de los analistas espera que se acelere- y continúa el crecimiento de la población activa a través de la inmigración. Una cosa es ser optimista y otra, situarse al margen de la realidad. Si, como anunció el vicepresidente Solbes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo peor de la crisis llegará en la segunda mitad del año que viene, es muy posible que la tasa de paro se sitúe por encima del 13 por ciento y el número de parados supere los tres millones y medio de personas. Todo lo demás es intentar engañar y confundir a una opinión pública que ya está suficientemente preocupada con la crisis, como desvela la encuesta del CIS que se conoció también ayer.

Si los datos son malos, peor es la respuesta política. El Gobierno insiste en su práctica habitual de intentar estar en misa y repicando. Mientras el vicepresidente Solbes adopta su habitual aire profesoral y anuncia una sustancial revisión a la baja de las cifras de crecimiento para este año (1,6 por ciento) y el que viene (1 por ciento), hasta situarlas en la banda alta de las previsiones de los analistas; la vicepresidenta De la Vega se dedica a hacer demagogia y a criticar a la oposición. El cambio de actitud del ministro de Economía y Hacienda responde a la necesidad de buscar socios parlamentarios y marcar un territorio fiscal restrictivo para negociar un presupuesto complicado, aún más con la pelea sobre la financiación autonómica. Las palabras de la vicepresidenta destacando el carácter progresista de la política económica socialista es un intento persistente de estigmatizar a la oposición y desprestigiar su alternativa económica, porque todas las encuestas revelan también que los españoles confían más en el Partido Popular para salir de la crisis.

La inacción política del Gobierno corre el riesgo de resucitar en los ciudadanos la asociación entre socialismo y caos económico. Vender política económica progresista el día que la tasa de paro aumenta como nunca desde 1992 es una osadía, sobre todo porque confunde progresismo con subsidio de desempleo y califica de reaccionarias las medidas activas de creación de empleo. Este discurso obliga a retroceder en la noche de las ideologías e intenta asustar a la opinión pública al afirmar que los populares quieren destruir el seguro de desempleo. De “la crisis más compleja de todos los tiempos” no se saldrá con mítines chavianos, sino con propuestas serias que confronten a la sociedad española con la necesidad de favorecer la movilidad de los trabajadores entre empleos y poblaciones, con políticas activas de productividad y competitividad. Llamar a eso política de derechas es ignorar la realidad y garantizar que la crisis, por culpa del Gobierno, será más larga y dolorosa.