Bolivia: La mala hora de la oposición a Evo

Por Fernando Molina
Infolatam

La Paz – En abril de este año, las dos alas de la oposición a Evo Morales, a saber: la formada por Podemos, el partido del ex presidente Jorge Quiroga, y la de los movimientos regionales rebeldes, aparecían bastante cohesionadas. Ambas se habían opuesto a la aprobación del proyecto constitucional oficialista, ambas rechazaban que éste fuera sometido al voto popular y en cambio alentaban la realización de referendos para la aprobación de estatutos de autonomía en cada una de las regiones contrarias a Morales.

Óscar Ortiz, un personaje de la élite cruceña que es al mismo tiempo senador por Podemos, actuaba un poco como la bisagra entre los prefectos (o gobernadores) opositores, por un lado, y los políticos que trabajan en el Congreso para frenar el proceso estatalista impulsado por el Gobierno, por el otro. Y éstos últimos incluso tenían que defenderse de la acusación de obsecuencia respecto a Santa Cruz y su causa autonomista y “antievista”.

Hoy todo esto ha cambiado radicalmente. La oposición llega dividida y confundida al referendo revocatorio que se realizará el 10 de agosto.

¿A qué se debe esta nueva realidad? No por cierto a las virtudes del Gobierno, que son escasas, sino más bien a las deficiencias de la propia oposición, que reflejan, a su vez, la mediocridad de las élites bolivianas surgidas en el período democrático, las mismas que fracasaron en los años noventa y crearon con ello las condiciones para un cambio holista como el que ahora intenta realizar Morales. Las peores debilidades de carácter de estas élites son su tendencia a emplear la política como una vía de ascenso económico y social y, simultáneamente, su incomprensión de los desafíos históricos que enfrenta la presente generación de bolivianos, es decir, su inmediatismo económico y político.

Estos defectos explican el comportamiento de Podemos y de los dirigentes regionales en el último tiempo. En mayo, por razones subalternas, esto es, para proyectarse como un líder más importante que los regionales, Quiroga ordenó a su partido (incluyendo a Ortiz) el viabilizar la realización del referendo revocatorio, pese a que éste había sido concebido y “diseñado a medida” por el Gobierno. Este referendo ratificará o revocará el mandato del Presidente, el Vicepresidente y los prefectos (gobernadores), de acuerdo a unas normas ampliamente favorables para los dos primeros. Al ayudar a convocarlo,

Podemos pensó en hacerse de la iniciativa política, disciplinar a los movimientos regionales y ponerlos detrás suyo, y también quiso golpear al oficialista MAS, que en ese momento parecía renuente a una cita con las urnas. Cometió así, por vanidad y por picardía, un error monumental, que puede tener que pagar al precio de su propia supervivencia política. No sólo porque Evo Morales es todavía muy fuerte en el campo y en la principal ciudad de Bolivia, La Paz-El Alto, sino también porque el Presidente, hasta ese momento acorralado por los problemas de su gestión, fue auxiliado por la convocatoria al plebiscito, que le dio un respiro, un espacio en el que podía hacer lo que mejor sabe, que es agitar a las masas.

La tontería de Podemos sacó a la luz las diferencias internas y la falta de recursos intelectuales y políticos de que adolece la oposición en su conjunto. Con mucha dificultad, luego de contradictorias declaraciones de conformidad con el referendo revocatorio y mutuas recriminaciones, el antievismo intenta desplegar su verdadera carta, que es la anulación de la consulta y, como plan B, la deslegitimación de sus resultados. Esto porque es bastante probable que el 10 de agosto la población, si bien no “desempatará” la pulseta entre el Gobierno y los sectores inconformes con el rumbo de la política boliviana, sí concederá suficiente apoyo al Presidente como para que éste siga pretendiendo obtener la hegemonía política a través del conflicto y el desconocimiento del rival.

A esta perspectiva, que sería obviamente negativa para las proyecciones opositoras, se suma la posibilidad de que algunos prefectos contrarios a Evo Morales pierdan su cargo, lo que les sería muy doloroso ahora que los gobiernos regionales tienen una consideración, una independencia de La Paz y una cantidad de recursos nunca antes vista en la historia del país. De modo que la aceptación prefectural del revocatorio sólo se está haciendo de dientes para afuera, para no mostrar debilidad política frente a los electores.

Las armas esgrimidas en contra de este plebiscito son muchas, a saber: La amenaza de movilizaciones en el oriente del país para exigir la devolución a la región de las rentas del gas capturadas hace algún tiempo por el Palacio Quemado. La negativa de las autoridades de Chuquisaca y Cochabamba a someterse a la revocatoria. Una serie de recursos jurídicos, impulsados por el prefecto cochabambino. El intento (vano) de Podemos de cambiar la ley de convocatoria que este partido ayudó a aprobar. Y la presentación de una serie de denuncias en contra de la fiabilidad del sistema electoral, las cuales se apoyan en un dudoso proceso de documentación de campesinos y otros sectores empobrecidos que realiza el Gobierno con apoyo de Venezuela.

Pero el proyectil que muestra mejor la intención real de la oposición es su esfuerzo por desempolvar la demanda de Sucre de convertirse en la sede de gobierno del país, una exigencia que es terminantemente rechazada por La Paz y que hace algunos meses sirvió para frenar la aprobación de una Constitución oficialista.

¿Lograrán su propósito quienes se oponen al referendo revocatorio? La diversidad de los argumentos y las medidas en contra de éste, y el que coexistan con aceptaciones formales del desafío electoral, corresponden más con un “sálvese quien pueda” que con una sólida estrategia de contención. Por otra parte, es difícil detener una votación, como ha aprendido dolorosamente el Gobierno durante los referendos autonómicos que realizaron las regiones opositoras en los últimos meses.

En todo caso, un intento coherente de impedir el acto electoral podría llevarnos a un estado de violencia, quizá el más grave de los que hasta ahora se han producido desde la llegada de Morales al poder.