El derecho a portar armas

Editorial-
Diario de América

Hoy abordamos en Diario de América un tema de profundo calado político, sometido a la perversión argumental típica de los defensores del estado absolutista de apariencia democrática y de los monistas del antiamericanismo. La noticia que da pie a ello es la que protagoniza Shelly Parker, ciudadana afroamericana y madre soltera residente en Washington, a la que el gobierno local del DC le prohibió la tenencia de armas. El tribunal Supremo de los EE UU acaba de darle la razón en su derecho a ello.

Mujer recia de principios, Shelly adoptó la responsable decisión de defenderse de la delincuencia de la capital norteamericana cuyas policías legales, como cualquier policía, son incapaces de asegurar la vida y las propiedades de los ciudadanos. Además de en la ineptitud endémica de los estados, cualquier estado, para garantizar esos derechos básicos de las personas, Parker se apoyó en la Segunda Enmienda de los EE UU que textualmente asegura que “siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.

Y, como no podría ser de otra manera, se impuso el principio de libertad frente al del monopolio ineficiente y amoral de la violencia defensiva por parte del estado. Washington DC es una de las áreas de los EE UU más restrictivas respecto del uso de las armas. Lo que, en la práctica resulta es que la prohibición sólo sirve para que las personas honradas se queden desarmadas y los delincuentes dispongan de un arsenal para agredir a aquellas. Ellos sí sortean con éxito el pretencioso y falso monopolio estatal de las armas.

Sobre esto se impone la desinformación más triste. Los ”progres” medios de comunicación norteamericanos y, muy especialmente, los europeos ocultan sistemáticamente las informaciones veraces sobre ello. Ocurre que la aprobación de leyes de libertad de portar armas ocultas en diferentes estados de los EE UU, con base en los datos de los condados, reduce la incidencia de asesinatos y homicidios en un 7,7%, asaltos violentos en un 7,0%, violación en un 5,3%. Centrándonos en la primera estadística, si se hubiera extendido dicha legislación al conjunto de la nación se habrían salvado en 1992 1.410 vidas.

Llevado el supuesto a otros crímenes, se habrían producido en el mismo año unas 4.200 violaciones, 60.400 asaltos violentos o 11.900 robos con intimidación menos. Los resultados con datos estatales son congruentes con los de condado, y resultarían en un ahorro de 1.840 vidas perdidas en homicidios y asesinatos, así como una disminución de 3.700 violaciones, 61.100 asaltos violentos y 10.990 robos con intimidación.

Todo ello es sistemáticamente ocultado por los medios de comunicación en Europa donde sólo destacan las noticias de matanzas por armas privadas de fuego. El caso del Virginia High Tech fue enormemente manipulado. No se dijo, por ejemplo, que el campus de esa universidad era una zona libre de armas, tal y como gustan de pervertir el uso del vocablo “libre” los partidarios de desarmar a los ciudadanos. Lógicamente, una zona así es un goloso caramelo de irresistible atractivo a los asesinos que se hacen con armas en el mercado negro.

Igualmente se silencian los múltiples casos en que ciudadanos armados repelen a criminales tiroteadores, los reducen o, simplemente, los abaten. La manipulación, por victoriosa que parezca, no debe desanimarnos de la necesidad de redoblar los esfuerzos por desenmascararla. Y es que un ciudadano armado es un ser libre.