Chile: El vértigo de legislar

Por Hernán Felipe Errázuriz
El Mercurio

Nuevamente se anuncia el envío de un proyecto de ley para modernizar la Cancillería. Otro clásico: se cree que todo lo solucionan los políticos y las leyes. Modernizar la Cancillería no necesita ley, salvo para las remuneraciones y dotaciones. El problema es introducir gestión eficiente de los recursos, metas, profesionalismo y agilidad en los procesos de toma de decisiones: es la fórmula para la modernización del Estado.

Los diplomáticos estudian menos de dos años en la Academia Diplomática y, con escaso conocimiento del funcionamiento del ministerio y de los sectores público y privado, son enviados al exterior. Esa formación es insuficiente para lo más elemental de la diplomacia, cual es representar al país, pues no conocen sus necesidades. Además, en su mayoría los cargos superiores y embajadas importantes son desempeñados por funcionarios que no requieren siquiera educación primaria y no provienen del servicio exterior. La Presidenta o Presidente fijan la política exterior, el ministro la asesora y, por medio de equipos que deberían ser profesionales, la lleva adelante. Así funcionan las grandes cancillerías: al servicio de los países, y no de los gobiernos de turno.

Igualmente importante es la asignación de los recursos: hay embajadas sobredimensionadas, muchas desmedradas, algunas prescindibles -como Trinidad y Tobago y Argelia-, otras faltantes, varias misiones acéfalas y no se dispone de una adecuada organización para apoyarlas desde la Cancillería y servir de contraparte a las embajadas extranjeras residentes en Santiago.

Contamos con 125 oficinas en el exterior, que incluyen a alrededor de 70 embajadas y 50 consulados generales. No es posible tener misiones en los 192 estados y centenares de organismos internacionales acreditados en Naciones Unidas. Hay que tecnificar y fijar prioridades.

Las funciones clásicas de la diplomacia -representar, informar y negociar- cambiaron diametralmente con la globalización. Las negociaciones requieren especialización y, al igual que las informaciones, ya no provienen mayormente de las embajadas. Además, las tareas de promoción de los intereses nacionales exigen atender a los gobiernos e innumerables agentes privados y no gubernamentales.

Con o sin ley, nuestra diplomacia seguirá retrasada si dispone de escaso presupuesto, con funcionarios mal pagados; si no se respeta la profesionalización ni se introducen cambios de gestión, que no son materia de legislación.

Más que invitar a los políticos a que legislen sobre la Cancillería, hay que introducir salvaguardias para que no se entrometan en su funcionamiento operativo.