Fuego antiinmigrante

Por Sergio Muñoz
Hoy Internet

Como era de esperarse, los acercamientos del papa Benedicto XVI a los inmigrantes durante su gira por EEUU y su exhortación a los obispos estadounidenses a “acogerlos compartiendo sus gozos y sus esperanzas; apoyándoles en sus desventuras y tribulaciones y ayudándoles a que florezcan en su nuevo hogar”, le generó una crítica feroz desde los sectores más xenofóbicos del país.

Peor aún, el mismo día en el que el Papa y el presidente George W. Bush destacaban la centralidad del respeto a los derechos humanos de los inmigrantes y la protección de la unidad familiar, el Servicio de Inmigración realizaba redadas en plantas de procesamiento de pollos en Texas, Arkansas, Florida, Virginia del Oeste y Tennessee; en una fábrica de donas en Houston y en una cadena de restaurantes mexicanos en el estado de Nueva York, que significarán la deportación de cientos de trabajadores y por ende la separación de familias.

Tampoco le fue bien al alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, por criticar las incursiones de Inmigración a centros de trabajo con el consiguiente “severo y perdurable impacto negativo” a la economía local. Un impecable argumento que subraya la innegable dimensión económico-laboral del fenómeno migratorio.

Otro personaje público que en estos días ha estado bajo fuego por un asunto relacionado de manera tangencial a la inmigración ilegal, es el jefe de la Policía de Los Ángeles, William Bratton.

Bratton ha tenido que enfrascarse en una serie de batallas defendiendo la Orden Especial 40, que prohíbe a los policías de la Ciudad detener a una persona con el único propósito de indagar su situación migratoria.

La Orden Especial 40, data de 1979 y fue aprobada por Darryl Gates, un jefe de la Policía que aún cuando nunca se distinguió por su aprecio a la comunidad latina siempre entendió que para asegurar su cooperación en investigaciones sobre actos criminales era necesario garantizarles la separación total entre los agentes de Inmigración y la Policía. Desde su origen, fue controvertida y mal entendida hasta por los policías pero, en realidad, el texto de la Orden establece que ante un ilícito, la Policía sí puede indagar sobre el estatus migratorio de la persona que lo comete pero nunca sin que medie la presunción de un delito.

La evidencia de su funcionamiento es copiosa. El año pasado la colaboración entre policías y agentes migratorios hizo posible identificar a unos 20 mil criminales que estaban cumpliendo su condena por el delito cometido y al cumplirla serán deportados por estar ilegalmente en EEUU.

El furor actual contra la Orden se ha dado porque la familia de un joven estudiante, presuntamente asesinado por un pandillero a quien se le acusa también de estar en el país ilegalmente, ha exigido que se le hagan cambios drásticos a la Orden Especial 40. Los grupos antiinmigrantes han ido más lejos, exigiendo que se rescinda la Orden.

El jefe Bratton la ha defendido aduciendo que más que cambios lo que necesita es una aclaración, invocando el argumento de la necesaria separación entre agencias e intentando evitar violaciones a los derechos civiles de los latinos que pudieran ser detenidos en base a su apariencia.

Coincidiendo con los pronunciamientos del Papa, el alcalde Villaraigosa y el jefe Bratton, y el Migration Policy Institute (Instituto de Políticas Migratorias) con sede en Washington D.C., que recién publicó un nuevo reporte en el que resalta la falta de atención, tanto del sector público como del privado, a la integración de los inmigrantes y señala la imperiosa necesidad de que se amplíe el debate nacional para incluir temas como la capacitación educativa, laboral y cívica de los inmigrantes, teniendo en el horizonte el futuro del país.

Curiosamente, si conjuntamos los pronunciamientos del Papa, Bratton, Villaraigosa y los autores del reporte del MPI, estaríamos delineando con asombrosa claridad los cuatro aspectos fundamentales de lo que sería un debate ideal sobre el tema migratorio, a saber, reunificación familiar, seguridad nacional, prosperidad económica y un programa de integración para los inmigrantes.

Desafortunadamente, las reacciones negativas de los grupos antiinmigrantes, sobre todo a los pronunciamientos del Papa y del Alcalde, se sustentan en su obsesiva fijación en un sólo aspecto del debate: La permanencia “ilegal” de millones de trabajadores indocumentados y así, simple y sencillamente se empantana cualquier posibilidad de lograr el acercamiento integral al tema que podría solucionarlo.

El autor es Colaborador Editorial de Los Angeles Times