Argentina: Los gravámenes confiscatorios

Editorial –
Diario de Cuyo

El paro que llevan adelante las entidades del campo es el más importante de las últimas tres décadas. La respuesta de los productores, que no comercializaron hacienda ni granos, y los más de 300 cortes de rutas en todo el país, le dieron una magnitud inusitada al reclamo contra la suba de las retenciones.

El ministro de Economía, Martín Lousteau, llevó al Gobierno a un callejón sin salida por la necesidad -jamás admitida- de cerrar las cuentas fiscales, lo que provocó la rebelión agropecuaria. Creyó que el campo iba a ser una fuente inagotable de recursos, pero esta vez los productores dijeron basta. Son tres años de presiones constantes con intervenciones abusivas en las carnes, en los granos y en los lácteos.

Una vez más, en el afán por enriquecer las arcas del Tesoro nacional, se vuelve a atentar contra el sistema republicano imponiendo nuevos gravámenes, en forma abusiva y totalmente discriminatoria, exclusivamente, a un sector productivo.

Las retenciones a las exportaciones son un impuesto, por ende un género de los tributos y deben observar los principios constitucionales pertinentes al momento de su creación o modificación. El gravamen tiene origen en el Código Aduanero, dado que el artículo 755 delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la potestad de definir la aplicación concreta de los derechos de exportación, los bienes gravados y la alícuota aplicable.

A su vez, el Poder Ejecutivo subdelegó estas facultades en el Ministerio de Economía. Ahora, no caben dudas que este tipo de delegaciones violan el principio legal que exige el dictado de una ley del Congreso para validar la existencia de un tributo.

La Constitución prohibe que el Ejecutivo modifique tributos y fije su cuantía. No debe olvidarse que la alícuota es un elemento esencial del tributo y el hecho de que sea fijada discrecionalmente por el Economía, sin límite legal alguno, es claramente inconstitucional. Resulta claro que el Ministerio avanzó cegado por la voracidad fiscal, sin importarle el impacto en la economía del agro, su incidencia en los mercados de futuro, en la seguridad jurídica y en las posibilidades de inversión que se truncarán.

Pero la Nación no sólo se quedará con una porción aún mayor en la renta de los productores; está cercenando legítimos recursos de las provincias, no sólo por una menor coparticipación vía impuesto a las ganancias, sino por menor recaudación de ingresos brutos. El federalismo fiscal sigue en la utopía.