Derechos Humanos: ¿incluyen los derechos electorales?

Por Jorge G. Castañeda
Diario Las Americas

En muchas formas, América Latina nunca ha tenido una época mejor.

El crecimiento económico durante los últimos cuatro años ha sido el más alto desde la década de los ‘70; la clase media finalmente está creciendo; la pobreza al fin empieza a reducirse, aunque no lo suficiente; e incluso la desigualdad, el azote perenne de la región, está desapareciendo gradualmente.

Lo que es más, la democracia representativa está afianzándose y manteniéndose. Y quizá más importante, el respeto a los derechos humanos, con la excepción de Cuba, se está extendiendo y profundizando.

Dos desafíos, sin embargo, persisten, y quizá se están agravando.

El primero es la interminable serie de conflictos dentro de y entre prácticamente todos los países de la región. Chile y Perú, Chile y Bolivia, Venezuela y Colombia, Ecuador y Colombia, Colombia y Nicaragua. Y esto es sólo en el aspecto bilateral.

Y una persistente polarización impera en México, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y muchos otros.

El segundo reto es la inmensa, ancestral concentración de poder en las Américas: monopolios públicos y privados en los negocios, en el movimiento laboral, los medios de comunicación, la arena electoral, prácticamente en todas las esferas y en todos los países.

En ambos aspectos, un acto modesto pero simbólicamente significativo es la demanda presentada por este escritor contra el gobierno de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. La audiencia pública tuvo lugar en San José la semana pasada, y los abogados del demandante repitieron, ahora directamente ante los siete jueces de la Corte, los argumentos que han estado esgrimiendo desde 2004, cuando intenté postularme para la Presidencia de México como candidato independiente.

La legislación electoral de México, como la de varios países latinoamericanos, entre ellos Brasil, prohibe las candidaturas independientes, hace casi imposible la creación de nuevos partidos y niega el acceso a la justicia o a un proceso justo a los ciudadanos cuyos derechos políticos o electorales les son negados.

Este escritor reclama que estas prohibiciones violan varias convenciones internacionales y, lo que es más importante, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en Costa Rica en 1969.

El gobierno mexicano replicó que cada nación tiene el derecho de establecer sus propias leyes electorales y que, si bien los ciudadanos no tienen la misma posición ante las cortes del país que tienen los partidos políticos, sin embargo tienen cierta posición, y eso es suficiente.

La audiencia fue una de las más concurridas en la historia de la Corte y el debate sobre la ley, los derechos humanos, la democracia y la ley internacional fue probablemente sin precedentes en términos de sustancia y magnitud.

No obstante, es obvio que la importancia de este episodio se extiende mucho más allá del caso individual presentado por el demandante y escuchado por la Corte. En particular, se orienta a tres preguntas fundamentales.

Primero, ¿son los derechos políticos — y en particular los electorales — derechos humanos básicos, que deben recibir el mismo respeto y protección que los derechos mejor conocidos: libertad de expresión, de juicio justo, de asociación, de representación, de movimiento y de vida y libertad?

La tradición latinoamericana ha tendido a responder negativamente: En México, la Suprema Corte aun rehúsa juzgar sobre asuntos de derechos políticos, y a lo largo y ancho de la región la separación entre derechos humanos fundamentales y las garantías electorales y políticas, sigue estando, en gran parte, intacta.

Si la Corte dictamina que estos últimos derechos son igualmente importantes, y tan “humanos” como los otros, se habrá dado un paso significativo hacia la aceptación en la región de los estándares internacionales referentes a estos puntos, independientemente de sus anacrónicas tradiciones.

La segunda pregunta tiene que ver con política pública antimonopólica. Todos, desde el Banco Mundial hasta la extrema izquierda en América Latina, están de acuerdo en que el obstáculo principal para lograr un crecimiento mayor y sostenido en la zona se encuentra en la omnipresente naturaleza de las estructuras monopólicas.

Las telecomunicaciones, la banca, los sindicatos, las grandes tiendas al menudeo y una legión de otras industrias están dominadas por una o dos empresas en prácticamente todas las naciones en el hemisferio. Pero, además, los medios de comunicación y la arena electoral están en las mismas condiciones. Los mismos partidos han monopolizado la expresión electoral en América Latina desde tiempos inmemoriales, y la ausencia de competición en este campo es tan perniciosa como lo es en todos los otros.

Un fallo favorable para el demandante enviará un mensaje muy claro: Si las cortes nacionales y las agencias regulatorias no están dispuestas o no son capaces de desintegrar o debilitar a los monopolios, las instituciones internacionales si lo son.

Y, finalmente, dado que el gobierno de México nunca ha sido realmente llevado a juicio ante la Corte (en una instancia previa, la Corte se declaró incompetente) el caso sienta un precedente enormemente emblemático para América Latina. Por vez primera, su pas miembro más obsesionado con la soberanía, su nación más antiintervencionista, sensitiva y nacionalista se verá obligado a someter algunos de sus asuntos más delicados a la jurisdicción internacional.

Para naciones como Costa Rica, Uruguay, Chile y quizá algunas otras, esto no revestirá una gran importancia. Para México — y para Brasil — sí la tendrá.

El hecho de que el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo haya aceptado la índole obligatoria de los fallos de la Corte en 1998, que el ex presidente Vicente Fox haya visitado la Corte en 2002 y prometido apoyarla y aceptar sus fallos, y que la administración del actual presidente, Felipe Calderón, decidiera defender oficialmente su caso, en lugar de rechazar la jurisdicción, muestra lo lejos que México — y América Latina — han llegado.

Todavía hay mucho camino que recorrer, pero la región está más cerca de donde debiera estar.

Y eso es lo mejor que se puede esperar.

Jorge G. Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de México durante los años 2000 al 2003. Actualmente es profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de New York. Es autor o coautor de ocho libros, incluyendo la biografía del líder guerrillero Ernesto Che Guevara, “La Vida en Rojo: Una Biografía del Che Guevara” (Alfred Knopf, 1997). Su libro más reciente es “Perpetuando el Poder” (2000). Sus ensayos y comentarios han sido publicado en Foreign Affairs, The New York Times, The Atlantic Monthly e Inter-American Dialogue.

©2008 Jorge G. Castañeda

Distribuido por The New York Times Syndicate.