México: El nacionalismo y la crispación política frenan el debate sobre el futuro de Pemex
Por Peter Millardy David Luhnow
The Wall Street Journal
CIUDAD DE MÉXICO — La industria petrolera mexicana está en decadencia y la producción está cayendo. Aun así, no parece que el país esté planeando hacer nada en el corto plazo.
El presidente Felipe Calderón ha puesto a la reforma energética al tope de sus prioridades para el actual año legislativo. Pero los acontecimientos de las últimas semanas sugieren que las probabilidades de que la iniciativa sea aprobada son bajas en un momento en que los altos precios del crudo permiten maquillar los futuros problemas de producción. El declive de la producción podría tener amplias repercusiones en los mercados globales de crudo, que ya sienten la presión del alza de la demanda. El precio del petróleo ha pasado de US$30 el barril a US$100 el barril en cuatro años.
La producción mexicana de petróleo ha caído constantemente tras alcanzar su techo de 3,4 millones de barriles diarios en 2003 y se estima que descenderá a 2,8 millones de barriles diarios para fines de este año. Si la tendencia continúa, México probablemente dejará de exportar petróleo dentro de siete años. Casi un 35% de los ingresos de México provienen de las exportaciones de crudo.
Calderón tiene que encontrar un equilibrio entre la tradición de nacionalismo petrolero de México y la necesidad de obtener nuevo capital y tecnología para aumentar la producción, sobre todo en las aguas profundas del Golfo de México.
De todas maneras, derrotar a las fuerzas del nacionalismo no será fácil. México fue el primer productor importante que echó a las petroleras extranjeras, en 1938, un hecho histórico que todavía se celebra en los textos escolares.
A pesar del optimismo mostrado por el equipo de Calderón en los últimos meses, las recientes señales no son muy estimulantes para los defensores del cambio. A un mes del 70° aniversario de la nacionalización del petróleo, el 18 de marzo, funcionarios y legisladores han preferido no tocar un asunto con tanta sensibilidad política.
Dos de los tres grandes partidos políticos le están pidiendo a Calderón, que pertenece a las filas del conservador Partido de Acción Nacional, que envíe al Congreso un plan de reformas que luego sea debatido públicamente. Así lograrían evitar los costos políticos iniciales. “A fin de cuentas, la probabilidad de una reforma amplia es bastante limitada”, dice John Padilla, analista de la consultora de energía IPD.
Falso consenso
Todos los actores políticos están de acuerdo en que la industria necesita más dinero para exploración y producción a medida que se secan sus pozos actuales. Pero el consenso se acaba a la hora de decidir de dónde provendrán los fondos. El gobierno quiere permitir al sector privado unir fuerzas con el monopolio estatal Petróleos Mexicanos, Pemex. El izquierdista Partido de la Revolución Democrática quiere que Pemex invierta por su cuenta, reduciendo las transferencias al gobierno con el fin de otorgarle más recursos.
En las últimas semanas, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo apoyo es fundamental para el gobierno, cambiaron su idea inicial de permitir la inversión privada y optaron por darle más dinero a Pemex.
Una razón por la cual algunos miembros del PRI no creen que el cambio sea urgente es que los precios del crudo le están permitiendo a México obtener mayores ingresos a pesar de producir menos petróleo que antes.
“Con estos precios, éste es uno de los mejores momentos de la industria. ¿Y justo ahora vamos a compartirlo?”, dice Francisco Rojas, miembro del PRI y ex director de Pemex.
Muchos funcionarios de alto nivel y la mayoría de los economistas creen que el monopolio de Pemex estimula la corrupción y el desperdicio.
El presupuesto de Pemex ha aumentado de cerca de US$2.000 millones a mediados de los años 90 a casi US$14.000 millones en 2007. Sin embargo, la producción continúa cayendo y la compañía no ha descubierto nuevos yacimientos significativos.
Para complicar aún más las cosas, el debate petrolero le ha venido como anillo al dedo al izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que perdió por un estrecho margen la elección presidencial frente a Calderón en 2006. López Obrador ha aprovechado el tema en un intento por recuperar su relevancia nacional.
“Los mexicanos no daremos un paso atras en la defensa del petróleo”, dijo López Obrador a sus partidarios en una manifestación reciente. “Aunque nos tachen de revoltosos y, si es necesario, vamos a parar al país”.
La reforma energética podría ser el primer gran traspié de Calderón.
Desde los enfrentamientos por los resultados de las elecciones de 2006, el presidente se ha sentido orgulloso de su habilidad para lograr la aprobación de leyes en un Congreso dividido, al conseguir acuerdos a puerta cerrada con el PRI e incluso con algunos miembros del PRD, pese a la oposición de López Obrador a casi cualquier iniciativa. Esta vez, el equipo de Calderón esperaba lograr un acuerdo con el PRI antes de presentar el proyecto de ley al Congreso.
Cuestión de transparencia
Como resultado, el público no sabe exactamente lo que el gobierno quiere con las reformas, lo que permite que López Obrador tome la iniciativa y acuse al gobierno de tratar de vender al país a espaldas de todos.
“México necesita un debate abierto y honesto sobre su industria petrolera y, hasta que eso suceda, será difícil que se den cambios reales”, dice Luis de la Calle, consultor político y ex negociador comercial.
Las encuestas muestran que la mayoría de los mexicanos se opone a que los inversionistas privados ingresen a la industria petrolera. Pero los sondeos también muestran que muchos malinterpretan el tema. La mitad de los mexicanos piensa que permitir la inversión privada implica vender Pemex al sector privado, en vez de mantener a Pemex en manos del Estado y permitir que se asocie con firmas privadas o estatales.
Es un equívoco que López Obrador explota cada día, acusando al gobierno de querer privatizar Pemex.
“El petróleo no es sólo un commodity en México, es un commodity político”, dice Jorge Buendía, director en México de la encuestadora Ipsos Public Affairs. Buendía cree que el gobierno necesita presentar mejor sus argumentos y explicarle al público lo que está en juego.
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