Para meditar

Por Manuel F. Ayau Cordón
Prensa Libre

• Los préstamos del Gobierno para gastos —no así para obras duraderas— constituyen impuestos que pagarán las generaciones futuras. Como no están presentes, no pueden ni consentirlos ni oponerse. Es una medida chueca de gobiernos cuando no pueden convencer de pagar más impuestos a los ciudadanos adultos que están vivos, los imponen a los que están por nacer o que aún son niños.

• El colmo de lo absurdo es pretender fomentar la cultura y mantener impuestos de importación a los libros.

• Los ingenuos (y los sacerdotes) imaginan que “el gobierno”, léase los gobernantes, funcionarios y burócratas, son personas abnegadas, cultas, sacrificados y generosos, que sacrifican el interés propio al interés general. Para comprobarlo, ¡vaya usted a hacer algún trámite!

• Lo que hace aceptable y efectiva una ley es su generalidad (es decir, la ausencia de dedicatoria), su respeto al principio de igualdad ante la ley. Las leyes que conceden ventajas o privilegios a unos pocos a expensas de todos los demás causan pobreza a todos, con excepción de los beneficiados, porque son una transferencia regresiva de riqueza de pobres a ricos. Los muchos pobres pagan la cuenta y los pocos beneficiados hacen fortuna.

• Siempre ha existido más de algún conflicto de corto plazo entre el interés general y el derecho individual. Pero el tiempo ha demostrado que es de mayor interés general que predomine el respeto al derecho individual.

• Los gobernantes que interfieren en asuntos económicos, como no pueden saberlo todo, necesariamente recurren a asesores con conocimientos especiales de los temas que desconocen. Como desconocen el tema, tampoco tienen criterio para evaluar su competencia. ¡Qué dilema!

• Los políticos europeos creen en la Democracia, siempre que sea “políticamente correcta”. Someten las reformas a sus constituciones a consulta popular, pero solo cuando creen que la gente va a votar “correctamente”. Y si votan “incorrectamente”, lo vuelven a someter a consulta popular cuantas veces sea necesario, hasta que voten “correctamente”. Si ni así logran su propósito, las reformas los adoptan por tratado (ejemplo, Estatuto de Portugal).

• La seguridad económica es justificada aspiración, pero pretender imponerla por ley es empobrecedor. Legislar inmovilidad o rigidez en el mercado laboral impide el progreso, causa pobreza y estancamiento, porque desaparece el principal incentivo para el buen desempeño, cual es el riesgo de perder el empleo. Cuando la ley, en afán de lograr estabilidad, anula el incentivo, merma el progreso de todo el país. En cambio, cuando el buen desempeño es la única manera de lograr seguridad en el empleo, todos nos enriquecemos.

• En Guatemala, el afán de nacionalizar servicios públicos como el teléfono llegó a tal extremo que, antes de la privatización, la ley establecía: “Guatel es la institución responsable de prestar todos los servicios de telecomunicaciones, tanto nacionales como internacionales. … se entiende por servicio de telecomunicaciones, el prestado a través de los sistemas siguientes: telefónico, telegráfico, telex, gentex, teleproceso, radiodifusión, televisión, facsímil y todos aquellos de la misma naturaleza que en el futuro se desarrollen”. ¡Qué visión!

• El “mercado” es vilipendiado por ideólogos zurdos que compran su comida en el mercado de alimentos, su ropa en el mercado de ropa, su vivienda en el mercado inmobiliario, su financiamiento en el mercado financiero. Si tanto les disgusta, ¿qué están haciendo allí?

• La diferencia de incentivos para ser prudente en los gastos, entre funcionarios públicos o personas particulares es que, en el primer caso, el despilfarro y las pérdidas corren por cuenta ajena y, en el segundo, a sacrificio del patrimonio de quien toma las decisiones.