Colombia: la continuación de la guerra por otros medios

Por Marcelo Cantelmi
Clarín

Una provocadora incógnita que dejó planteado el episodio de los rehenes colombianos es si no se agotó ya definitivamente el método de rebelión que ha venido siguiendo la guerrilla que combate en ese país desde hace 50 años. Aunque para muchos la respuesta sea obvia, no es ni sencilla ni implica en el caso afirmativo que pueda intuirse una victoria del otro bando.

Existe una tendencia que persiste en simplificar el contencioso colombiano entre un grupo delictivo en un lado y la ley en la otra vereda. Pero ni el pequeño ELN ni el más numeroso y organizado FARC son carteles narcos dedicados en exclusiva a la producción y tranza de la droga. La cuestión es más complicada. Por eso en el escenario siempre violento de Colombia estos grupos han estado antes y después del estallido de organizaciones reales de la mafia de la droga como los gigantescos carteles de Medellín y de Cali, de Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela.

Una banda es perforable y tiene conflictos internos que a la larga si no es detectada acaban por fulminarla, como ha mostrado con insistencia la historia. Una organización que se plantea objetivos revolucionarios, aunque por momentos sean hasta inverosímiles, confusos e inhumanos en sus métodos, supone un desafío que no se zanja con voces escandalizadas o procedimientos policiales.

Un solo dato vale tener presente en esta línea de análisis. Si se despeja en algún momento la violencia, es muy probable que a nivel institucional lo que aflore sea una Colombia muy lejana de la postal nívea y pura que intenta dibujar tanto el actual gobierno de Alvaro Uribe como lo hicieron otros en el pasado.

Colombia es un país con grandes desigualdades, y una estructura económica verticalmente empinada que mantiene a gran parte de la población, sobre todo el campesinado pobre, fuera de la torta distributiva. Su sistema democrático de voto voluntario es una gigantesca barrera para conocer la opinión profunda de esa población de 43 millones de habitantes cuyo mayor eco proviene de las ciudades, Bogotá por encima de todas.

La penetración del narcotráfico en sus instituciones quedó definida con perfiles tremendos durante la experiencia gubernamental del ex presidente Ernesto Samper, cuya campaña fue financiada por esos carteles. Y últimamente se ha advertido el extremo al que la connivencia con los paramilitares involucró a estamentos de primera línea de la administración Uribe, pero también de la oposición.

La guerrilla en Colombia es una consecuencia deforme de las guerras sangrientas entre liberales y conservadores en la primera mitad del siglo pasado, pero más sórdido aún, nace de la masacre reiterada de cualquier variante ideológica que desafiara las estructuras del poder que detentaban esos dos partidos.

El primer ejemplo, en realidad el más notorio, fue el de Jorge Eliécer Gaitán, la oveja negra del partido Liberal, un dirigente con un enorme respaldo de los sectores más humildes y repudiado por su propia dirigencia. Su asesinato, poco antes de una reunión con Fidel Castro en Bogotá y que con conmovedores detalles relata Gabriel García Márquez en sus memorias, desató el tremendo episodio del bogotazo que quemó la ciudad e incendió también el futuro del país.

Lo sucesores de Gaitán tuvieron un destino parecido. Jaime Pardo Leal, un candidato presidencial de la Unión Patriótica, una coalición de izquierda que le disputaba el poder a los grupos tradicionales y crítico tenaz de las complicidades con los narcos y el paramilitarismo de la clase política, fue acribillado en octubre del 87. Y poco después le tocó el turno a Bernardo Jaramillo, baleado por los hermanos Castaño, figuras de cuadro de las temibles y tenebrosas tropas paramilitares. La Unión Patriótica, antecedente de la actual fuerza socialdemócrata Polo Democrático, perdió a bala a más de 5.000 de sus integrantes, lo que destruyó cualquier alternativa de una apertura política madura e integradora. Y por lo tanto la guerrilla siguió y con ella la guerra civil.

Este pantallazo necesario sirve para advertir lo profundo de esos abismos. Pero también el desgaste profundo de sus protagonistas. Quienes pretenden hoy dar un carácter de fuerza beligerante a las FARC, es decir un ejército regular en guerra, pretenden asumirlas en una etapa previa como la de la batalla de Irlanda hasta habilitar una negociación que cierre el conflicto. Pero si hay escollos en ese camino no son sólo y nada menos que el fervor militarista y cerrado del gobierno de Uribe y su aliado norteamericano, que aplica en Colombia los mismos criterios de su guerra antiterrorista.

También conspira la estrategia de secuestros que instrumenta la guerrilla contra individuos no combatientes, legisladores o simples ciudadanos, que es el principal signo hoy del cepo histórico en que se debaten y, de paso, el emergente de una crisis ideológica que moja cualquier papel revolucionario de esta organización anclada en la selva.

La toma de un grupo de turistas pocas horas después de la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, si es que fue obra de las FARC, tal como sostiene el gobierno de Bogotá, pareció indicar más que un énfasis en la estrategia equivocada, el dato de una ruptura interna entre quienes accederían a una apertura histórica amparada y demandada por Cuba y Venezuela y aquellos en la guerrilla que no accederían a cerrar sus trincheras. Queda siempre en el aire la pregunta de qué habría sucedido si Uribe no hubiera frustrado el canje que medió Chávez a fines del año pasado. Y aún más, qué fue lo que acabó deteniendo en ese momento el presidente colombiano.

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