El año de los cambios en México

Gardenia Mendoza Aguilar
La Opinión, Los Angeles

Estiman en 2007 hubo más avances que en un sexenio

MÉXICO, D.F.— El año 2007 fue de transformación en México. La aprobación de las reformas fiscal, electoral y judicial impulsadas por los poderes ejecutivo y legislativo son las primeras en su tipo que logran desde el periodo presidencial de Carlos Salinas (1988-1994) y, por tanto, consideradas como la consolidación de la democracia en México.

Si bien el ex presidente Vicente Fox logró expulsar del poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó al país durante 72 años, no supo ponerse de acuerdo con el Congreso para sacar adelante las reformas de Estado necesarias para el desarrollo económico, político y social.

En cambio, de acuerdo con expertos, en los últimos 12 meses hubo avances similares a los de un sexenio. “Esta nueva situación es indudablemente mérito de los actores políticos: de los legisladores, por un lado, y del presidente, por el otro”, destaca el analista Lorenzo Córdoba, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Hubo ánimo de llegar a acuerdos y la capacidad para reconocer en el Congreso al interlocutor político más importante al cual hay que respetar y con el cual hay que negociar”, agrega.

Independientemente de los contenidos de las reformas y las críticas que han suscitado sus limitaciones, lo cierto es que, la mayoría de los analistas coinciden en que mejoran sus respectivas áreas.

En los cambios a la ley del Instituto Mexicano de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se amplió la edad de jubilaciones de 48 a 60 años ya que el pago de pensiones absorbía un gasto similar al 54% del Producto Interno Bruto.

La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron también la Reforma Fiscal considerada por Felipe Calderón como la llave del crecimiento del país pues permitirá durante el sexenio ingresos extra de alrededor de 30 mil millones de dólares que serán repartido a los estados y municipios del país.

Esta nueva ley contempla también un impuesto empresarial del 18% y un gravamen a los depósitos en efectivo superiores a los 2,400 dólares con el fin de aminorar el peso fiscal a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para que ésta invierta en su propio crecimiento.

En materia electoral, después de 21 años de que se replanteara la relación entre los partidos políticos con los medios de comunicación, el Legislativo prohibió a las fuerzas políticas la contratación de tiempos de radio y televisión para propaganda.

Además redujo en 85% el financiamiento privado a partidos —el tope de aportaciones será de cuatro millones de dólares— y pasó el control del principal órgano electoral del país, el IFE, a manos de los partidos.

Esto último fue criticado en muchos sectores pues consideran que convertirá a los organismos políticos en juez y parte para imponer al candidato de su conveniencia.

Recientemente el Partido de la Revolución Democrática (PRD) amenazó con oponerse a cualquier candidato externo a su propuesta —el ex ministro de la Suprema Corte Genaro Góngora—. Por su parte, los otros partidos también buscan imponer a sus huestes.

En el área social, los cambios al artículo 6 de la Constitución —realizados el pasado 4 de marzo— consideran el derecho a la información procedente del gobierno como garantía individual.

El 13 de diciembre, fue también aprobada en la Cámara Baja la reforma judicial, que implementa los juicios orales y el combate al crimen organizado, el allanamiento sin orden judicial, grabación de comunicaciones entre particulares y acceso a información clasificada.

La lucha “frontal” contra el narcotráfico que anunció Calderón apenas tomó posesión fue otra de los cambios políticos que éste marcó para diferenciarse de su antecesor; sin embargo, ha sido ampliamente criticada porque no se sabe exactamente si se han cubierto los objetivos.

“La militarización de los operativos en contra del narcotráfico dejaron empantanado al país en una guerra que no se ha ganado y de la cual se desconocen los mapas de navegación para saber en qué momento estamos”, señala Alberto Aziz, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Lo cierto es que durante el presente año, la prensa local contabilizó 2,750 ejecuciones por narcotráfico.

En contraparte, México logró este año un récord de decomiso de cocaína al incautar 49.3 toneladas.

También la detención de casi 10 mil narcotraficantes, el la confiscación de 205 millones de dólares al empresario mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon y un acuerdo que se encuentra en el congreso estadounidense para su aprobación: la Iniciativa Mérida, que prevé un presupuesto de medio millón de dólares.

“Está bien la parte del combate al contrabando, pero también harían falta acciones mucho más concretas para el combate al consumo”, dice Aziz.

Uno de los hechos que dejó un mal sabor de boca en 2007 fue el fallo de la Suprema Corte en el caso de la periodista Lydia Cacho, quien acusaba al gobernador poblano Mario Marín de conspirar —junto con un empresario acusado de pornografía infantil— para violar sus garantías individuales.

En el área migratoria, la política federal fue considerada “muy tibia”, pues ninguno de los poderes logró una condena eficaz por las políticas antimexicanas en Estados Unidos ni reactivar una reforma migrantoria.

Recientemente Calderón dio el visto bueno a la creación de la Liga contra la Discriminación de Mexicanos y prometió dar a apoyo humanitario y de empleo temporal a los repatriados en 2008.