La defensa de las ideas en la educación

Por Cristián Larroulet
El Mercurio

Para quienes defendemos los principios de una sociedad libre, el acuerdo alcanzado en materia educacional hace algunas semanas contiene avances en esta dirección.

Lo primero es haber evitado que medidas dañinas para la educación y la libertad fueran incorporadas permanentemente en nuestras leyes. Se ha aclarado que el lucro no se relaciona con la calidad, y que prohibirlo sólo desmotiva a las personas que quieren emprender en esta área y recibir a cambio una compensación por ese esfuerzo. El acuerdo pone fin a la propuesta del Gobierno de eliminarlo. Así, se defiende la libertad de emprender en esta vital área del desarrollo nacional.

En segundo lugar, permite que los establecimientos puedan seguir educando en base a un proyecto educativo, respondiendo así a las diversas necesidades y formas de educar que cada familia busca. Ello se traduce en que las escuelas podrán tener procesos de admisión -objetivos y transparentes- para verificar que exista una real comunión entre los valores de la familia y del establecimiento, asegurando a todos los demás miembros de la comunidad que el proyecto respectivo perdurará. El Gobierno y la Concertación promovían el sorteo como forma de selección de alumnos, generando comunidades educativas sin un proyecto común y terminando así con la existencia de proyectos educativos diversos y con la libertad de enseñanza y, por tanto, con la posibilidad de elegir de los padres.

En tercer lugar, el acuerdo pone límites a la participación del Estado en los establecimientos. Al separar el rol de la Superintendencia y la Agencia de Calidad, se contemplan mecanismos para garantizar una fiscalización y fomento de la calidad adecuados. Para que las políticas adoptadas tengan una mirada de largo plazo se elegirá a los directivos de esta Agencia de calidad a través del Sistema de Alta Dirección Pública en base a su excelencia y con una duración en el cargo que es superior al ciclo electoral. No debe olvidarse que el proyecto de ley de subvención preferencial transformaba al Ministerio de Educación en una verdadera superintendencia sin límites y que el proyecto de superintendencia original contenía una serie de normas con excesiva intervención estatal.

Por otra parte, el acuerdo introduce diversos principios fundamentales como: autonomía de las escuelas para innovar y transmitir en la sala de clases los contenidos que estimen necesarios; creación de un banco de planes y programas que serán alternativos a los oficiales y de libre acceso para todas las escuelas; empoderamiento a las familias a través de más y mejor información, e incorporación de incentivos a las escuelas para elevar la calidad de la educación que otorgan. Así, por ejemplo, se contempla la pérdida de reconocimiento para las escuelas particulares subvencionadas y el cierre de los establecimientos municipales, todo lo cual coloca un incentivo muy potente a los padres para exigir calidad, a los sostenedores para cumplir con la responsabilidad de dar educación de calidad y a los docentes para flexibilizar sus exigencias laborales y mejorar su rol educador.

Finalmente, el acuerdo también significó no lograr objetivos importantes en la defensa de las ideas de la libertad. Así, no se pudo consagrar en la ley marco la existencia de la subvención educacional que se entrega por alumno atendido, como lo contemplaba la propuesta de la Alianza -fijando el monto diferenciado según el costo de educar a cada alumno-; así como tampoco se logró establecer un mecanismo objetivo para revisar periódicamente el nivel de la subvención. Hay consenso en que éste es insuficiente y por ello es necesario seguir luchando por esta propuesta. Tampoco fue posible alcanzar acuerdos para introducir nuevas formas de gestión en los establecimientos. Ambos puntos deben ser los próximos desafíos de quienes queremos mejorar la educación en un ambiente de libertades.

En definitiva, el acuerdo es un paso importante en un camino que aún resta por recorrer y que tiene obstáculos que superar. Afortunadamente, algunos ya quedaron en el pasado, pero otros reaparecen. Por ejemplo, es preocupante el protocolo que el Gobierno y la Concertación han firmado para centralizar la educación. Al parecer, la autoridad se prepara a abrir una puerta que ya parecía cerrada hace muchos años. Si así ocurre, nuevamente surgirá una alternativa que vela por la libertad de la educación y la autonomía de las escuelas.