Déjà vu venezolano

Por Gabriela Calderón
El Universo

En febrero de 1999 el recién elegido presidente venezolano Hugo Chávez Frías, en su discurso inaugural, juró sobre una “Constitución moribunda” a la cual declaró no respetar. En enero de 2007 Rafael Correa juró respetar el mandato del pueblo. Como Chávez, él tampoco juró respetar la Constitución vigente.

En el mismo discurso inaugural antes mencionado, Chávez emitió un decreto convocando una Asamblea Constituyente (AC), la cual no solo redactaría una nueva Constitución sino que “transformaría el Estado y crearía un nuevo orden judicial basado en un modelo de gobierno diferente al existente”. Como Chávez, Correa emitió el día de su inauguración un decreto para convocar una AC “que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución”.

En marzo de 1999, sin esperar el resultado de esa convocatoria Chávez emitió un decreto aprobado por sus ministros sentando las bases para la convocatoria a la AC, violando de esta manera tres artículos de la Constitución venezolana vigente. Este cambio en las reglas del juego resultó en que Chávez obtenga 95% de los escaños con solo el 30% de los votantes registrados. Al convocar una AC sin presentar textos concretos de reforma constitucional, Rafael Correa violó el artículo 283 de la Constitución vigente, y al anexar el estatuto a la convocatoria se reemplazó inconstitucionalmente la Ley Electoral vigente con una nueva ley electoral de autoría del Gobierno (el estatuto). El cambio en las reglas del juego –financiamiento público de las campañas, un sistema electoral difícil de entender y un fortalecimiento del incentivo para votar en plancha– contribuyó a lograr una mayoría oficial abrumadora.

En abril de 1999, Chávez le dice a la Corte Suprema que “solo el presidente posee autoridad exclusiva sobre el manejo de los asuntos del Estado”, amenazando a los magistrados con represalias si no actúan de acuerdo a sus deseos. En abril de 2007, Correa desconoce el fallo del Tribunal Constitucional –la máxima autoridad dentro de la República del Ecuador de acuerdo a la Constitución vigente– que restituía a los diputados destituidos. Luego el Congreso, con el aval del Presidente, destituyó a los vocales del TC.

Hasta aquí llegan las similitudes porque el caos organizado todavía no avanza tanto en Ecuador como ya lo ha hecho en Venezuela. Pero les sigo contando la triste historia de Venezuela: entre agosto y septiembre de 1999 la AC se constituyó con poderes supraconstitucionales (léase: plenos poderes) y designó a una comisión de emergencia judicial, la cual destituyó a todos los jueces y nombró a jueces provisionales (muchos de los cuales han demostrado ser no tan provisionales); en diciembre de 1999 decretó la eliminación de todos los poderes públicos existentes; en junio del 2000 aprobó una Ley de Telecomunicaciones dándole al Ejecutivo poderes sobre lo que se podía o no difundir por los medios, la cual constituyó un golpe a la libertad de expresión en el país.

El analista venezolano Gustavo Coronel dice de la AC venezolana: “Se trató de un claro caso de corrupción política y de un golpe de Estado progresivo que terminó con todas las instituciones políticas venezolanas bajo el control del gobierno y eliminó todos los equilibrios y contrapesos efectivos. A partir de ese momento, para todos los efectos prácticos, Venezuela dejó de ser una democracia”.

Ya es hora de que el Presidente y los miembros de la mayoría oficial marquen distancia del ejemplo venezolano no solamente con palabras sino con actos. Hasta ahora luce como si se repitiera aceleradamente el proceso venezolano.