Una guerra de palabras

Libertad Digital, Madrid

Hace ya tiempo que se reconoce que las personas de izquierdas son más elocuentes que sus adversarios. Las palabras que escogen para describir aquello a lo que apoyan o se oponen hacen que sea sencillo decidir si uno mismo está a favor o en contra. ¿Está usted a favor o en contra de “la justicia social”? Es obvio. ¿Quién va a estar a favor de la injusticia? ¿Qué hay del “salario de subsistencia”? ¿Quién va a querer que la gente no tenga suficiente dinero para subsistir? Luego tenemos las viviendas y la atención médica “asequibles”. ¿Quién querría que la gente no pueda pagarse un techo o acudir a un médico cuando esté enferma?

En la vida real, lo importante es leerse la letra pequeña. Pero precisamente la gracia de la retórica política está en que hace innecesario examinar los detalles antes de tomar partido. No hace falta saber nada de economía para estar a favor del “salario de subsistencia” o la “vivienda asequible”. De hecho, cuanto menos se sepa de economía, más se creerá en esas cosas.

Los de derechas, por otra parte, tienen un don para decir las cosas en términos que probablemente no susciten el interés de la mayor parte de la gente, y mucho menos su apoyo. ¿O acaso palabras como “derechos de propiedad”, “mercado” o “contención judicial” hacen que sus emociones fluyan y su corazón lata más rápido?

Lo cierto es que hay serias razones para estar muy preocupado por estas cosas, pero hacen faltan muchísimos más datos y mayores nociones de historia, economía y Derecho antes de darse cuenta del motivo. Un asunto puede ser enormemente importante y estar al alcance de la capacidad de comprensión de la mayoría. Sin embargo, es la manera en que se utilizan las palabras lo que puede determinar si a la gente le interesa o le aburre.

Uno de esos asuntos es lo que los juristas llaman “expropiaciones”. Existe un libro magistral con ese título del profesor Richard Epstein, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Pero si usted se encontrase en una librería y viera la portada de un libro titulado Expropiaciones, ¿qué es más probable, que se detuviera en seco y se abalanzara sobre él o que bostezase y siguiera caminando?

Las expropiaciones no son una idea complicada, pero necesitan su explicación. Supongamos que usted vive en una casa de 400.000 dólares. Si un miércoles por la tarde, el Gobierno anuncia que está planeando “modernizar” la zona donde se encuentra su hogar, es decir, demoler el área para que se pueda construir algo allí. La mañana del jueves, su casa de 400.000 dólares podría valer 200.000, pues el mercado reacciona muy rápidamente en anticipación a los acontecimientos futuros.

Varios años después, cuando el Gobierno finalmente se decida a demoler la zona, puede que le ofrezcan 200.000 dólares por su propiedad o, quizá, 150.000, si utilizan a un tasador que sepa que es más probable que el Gobierno vuelva a contratarlo en el futuro si estima que el valor de la casa es más bien bajo. Pero, en cualquier caso, habrá perdido al menos 200.000. ¿Es que el Gobierno le ha “expropiado” sin pagarle la total compensación por su propiedad, según lo exigido por la Constitución de los Estados Unidos?

Esas preguntas teóricas se hicieron vivamente reales, y enfurecieron a muchísima gente, cuando el Tribunal Supremo declaró en el 2005 que los gobierno a todos los niveles tenían el poder de incautar propiedad privada no sólo para actividades gubernamentales como construir embalses o autopistas, sino también para entregarla a promotores privados con el fin de construir centros comerciales, casinos, o lo que sea.

La Constitución afirma que el Gobierno puede incautar propiedad privada para “uso público” si compensa al dueño. El Tribunal Supremo cambió esas palabras para que significasen que el Gobierno puede expropiar propiedad privada para entregársela a otros, siempre y cuando digan que eso tiene una “utilidad pública” como pueda ser la “reurbanización”.

Los políticos son expertos en retórica, especialmente si eso es todo lo que hace falta para justificar que a uno le quitan su casa y se la entreguen a otro que construirá algo pague más impuestos.

El infierno se desató en cuanto la gente comprendió por fin que el asunto es de las “expropiaciones” tenía que ver con que los políticos pudieran incautar sus propiedades, prácticamente a placer, para beneficio de otros. Pero fue un veredicto judicial progresista el que permitió que eso se entendiera, no las palabras de liberales y conservadores.

Thomas Sowell es doctor en Economía y escritor. Es especialista del Instituto Hoover.

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